Revista Qué

30 Dic 2014 | Investigación por pago de coimas

Ex funcionarios en la mira

Dos causas judiciales involucran el cobro de sobornos por parte de antiguos empleados jerárquicos de la Agencia Gubernamental de Control. Una de las investigaciones es la llamada “Causa Beara”.

Seis funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en la mira de la Justicia por el supuesto cobro de coimas para facilitar permisos de habilitaciones y frustrar inspecciones. Todos los implicados ocupaban cargos en la dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control.

Se trata del ex director del mencionado organismo, Martín Farrell, el ex jefe del departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano, el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas, la ex directora de Fiscalización y Control, Vanesa Bercowski, el verificador de inspecciones (PHV), Isaac Rasdolsky, y el inspector Carlos Gabriel Mustapich. Ellos se habrían repartido un caché de U$S 30.000 por habilitación.

En la actualidad hay dos causas judiciales en proceso, radicadas en los Juzgados de Instrucción 24 y 48, a cargo de Juan Ramos Padilla y Alicia Iermini, respectivamente, que los involucran tanto en forma directa como indirecta.

Ambas investigaciones resultaron complementarias y también involucraron a otros dos actores centrales en el pago de coimas. Se trata de Matías Pantarotto y Leandro Camani, socios y dueños de CorpBA, un estudio de arquitectura.

Ellos dos montaron, según se desprende de una serie de escuchas telefónicas, un aceitado mecanismo para obtener en tiempo récord habilitaciones y también para bloquear inspecciones.

En las escuchas, ordenadas por Ramos Padilla, Camani se ufana ante el difunto marido de la vedette Nazarena Vélez, Fabián Rodríguez, de la habilitación de Beara. “Todo lo habilité yo, todo de cero, de cero me entendés, o sea que habilitar un local tarda seis meses, imaginate uno con todos esos quilombos, en dos sema-nas lo habilité, en dos semanas boludo, y no querían habilitar hasta después de las elecciones, por miedo a que les vayan las familias, alguno a hacer quilombo ahí en la puerta”.

En la misma conversación, Camani agregó: “Las cosas se hacen, o sea si hay que habilitar otra vez ese teatro de cero, te hago todos los papeles de cero en dos minutos, yo tengo planos, yo con mis arquitectos… tengo todos los planos hechos aprobados, los planos de evacuación en el día me los llevo aprobados, ¿viste que te llevan como dos semanas?… En el día los llevo aprobados, los llevo me los sellan y me los llevo, ni los espero”.

Farrell también es mencionado por Camani en la charla: “No estás hablando de un cuatro de copas (en referencia a Farrell)… Estás hablando de un pibe que se atajó todos los penales de ellos, ¿viste?, por él, él recaudaba para ellos… el papá es camarista…” (fs. 3243/3279). Junto con ese hay otros seis casos similares en el expediente.

Pero Pantarotto y Camani también lograban frustrar inspecciones del mencionado organismo. Para obtener esa información privilegiada utilizaban a la entonces pareja de Bercowsky, Federico Gariglia, quien aprovechaba lo que ella le confiaba dentro de la intimidad de la alcoba.

Allí era cuando Pantarotto y Camani se acercaban a los dueños de los locales prontos a inspeccionar y les solicitaban un dinero a cambio de frustrar dicha inspección.

Habilitaciones en la mira

La otra causa judicial en la que se imputó a varios ex funcionarios se inició por la caída del entrepiso del boliche Beara, lo que provocó la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Povedo, de 20, en septiembre de 2010.

El fiscal de la investigación, Andrés Madrea, logró encontrar, en varios allanamientos, los registros contables de la sociedad que explotaba el local nocturno “El Viejo Sabio SA”, en donde se estipulaba el monto de la coima:

$ 114.600 o U$S 30.000 al cambio oficial acorde a la fecha del pago.

Otro indicio sobre el cobro ilegal de dinero fueron los presupuestos que los integrantes de “El Viejo Sabio SA” habían elaborado para la apertura de un nuevo boliche, situado en el local lindero a Beara, y bautizado como “Caramel”.

Si se lo compara con el presupuesto original de Beara, lo que antes eran interrogantes (a quién pagar la coima y su monto), ahora eran afirmaciones.

Los integrantes de la sociedad Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés y Rolando Fliess habrían conformado un “acuerdo espurio” con varios funcionarios para habilitar el local, según lo que sostuvo el fiscal Madrea en varias de sus resoluciones.

El círculo del dinero es además compatible con la investigación de Ramos Padilla, cuyas escuchas fueron incluidas en todas las resoluciones del fiscal Madrea.

No obstante la evidencia recolectada, la causa hace cuatro años que se encuentra en la etapa de instrucción, aunque hubo un fallo de la Sala VII de la Cámara del Crimen que revocó los sobreseimientos dictados por Iermini y además le indicó que haga lugar a las medidas que el fiscal Madrea solicitaba (Ver “Andar lento”).

Otra prueba que apunta hacia Farrell es una nota, con fecha del 3 de agosto de 2009, tan sólo un día antes de que “El Viejo Sabio SA” consiguiera la habilitación para operar como “Casa de fiestas privadas”, en la que Bercowsky le sugirió a Farrell que no habilitase Beara debido a que  había sido clausurado dos veces por desvirtuación de rubro, es decir, operaba como boliche clandestino.

MEDIO COIMAS

Un “firma planos”.

Pero la causa del entrepiso esconde a otro actor más en la trama. Se trata del Maestro Mayor de Obras (MMO) Gustavo Amarú. Su firma aparece en todos los planos secuestrados en el allanamiento a las oficinas de “CorpBA” (fs. 3242/3279). No obstante, sus doce obras en simultáneo, Amarú sólo declara dos autos, ambos fabricados en la década del ‘70, no tiene domicilio real en la CABA y sus dos domicilios comerciales son locales abandonados. Uno de ellos ni siquiera tiene el cuatro en el número telefónico. Esto hace suponer al fiscal que Amarú es sólo un “presta nombre”. “Una persona con doce obras al mismo tiempo no es lógico que sólo tenga dos autos de más de 30 años”, explicó a Qué una calificada fuente de la investigación.

La firma de Amarú aparece en el certificado de sobrecarga del entrepiso que se desplomó. En ese caso, y según determinó un perito calígrafo, su firma habría sido truchada.

Los planos fueron peritados por un cuerpo de profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quienes llegaron a la conclusión de que los cálculos eran incorrectos.

PARA VER NOTA COMPLETA CONSULTA REVISTA QUÉ N° 12

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