Revista Qué

9 Mar 2017 | HIGIENE URBANA

Gasto millonario y alta suciedad

La recolección de residuos es el tópico que más dinero se devora del presupuesto general porteño, pero las calles están sucias. Con el servicio tercerizado y las cooperativas con la soga al cuello, el problema no halla solución y los reclamos se multiplican. Es un conflicto recurrente: por diversos motivos, los procesos de higiene urbana […]

La recolección de residuos es el tópico que más dinero se devora del presupuesto general porteño, pero las calles están sucias. Con el servicio tercerizado y las cooperativas con la soga al cuello, el problema no halla solución y los reclamos se multiplican.

Es un conflicto recurrente: por diversos motivos, los procesos de higiene urbana en la Ciudad siempre distan bastante de resultar los ideales. Y en la actualidad, esa regla se cumple. Al menos, eso es lo que se desprende al analizar, punto por punto, el mecanismo que rige hoy en día.

El contrato de la basura es el más caro de la Ciudad. Los números indican que, antes del traspaso de la Policía, ítem que incrementó el presupuesto general porteño, el tópico de limpieza se devoraba el 10 % del gasto. Hoy, la cifra representa el 7 % y llega a poco más de $ 12 mil millones.

En tanto, desde que el rubro de control de calidad del servicio fue tercerizado a consultoras en 2013, se advierte un crecimiento elocuente en el gasto destinado a ese punto: mientras, en 2012, el Gobierno porteño erogaba la suma de 2 millones de pesos, en 2017 el presupuesto del área asciende a los $ 204 millones. La cuestión es, entonces, si se ha mejorado o no la calidad del servicio de higiene urbana. Y a juzgar por los continuos reclamos que se multiplican a menudo en la mayoría de las comunas, la cosa parece no marchar sobre rieles.

El 13 de enero de 2015 fue el punto de partida. En el Boletín Oficial de ese día, Mauricio Macri, que ejercía el cargo de Jefe de Gobierno porteño; Edgardo Cenzón, por entonces titular de la cartera de Ambiente y Espacio Público; y Rodríguez Larreta, por aquella época Vicejefe de Gobierno, refrendaron el Decreto
N° 27/GCBA/15, y adjudicaron el “servicio de auditoría y control integral de la calidad del servicio público de higiene” a siete empresas (ver cuadro con infografía). La contratación, de cuatro años con posibilidad de prórroga, trepó a la suma de $ 433.833.127.

Según el análisis que brindaron a Qué desde la Auditoría General de la Ciudad, uno de los aspectos clave es el de los contenedores. A lo largo de la gestión del PRO, se compraron diversos tipos de estos recipientes, pero la problemática no halló solución. “La prometida contenerización soterrada en el Microcentro, que evitaría que la basura esté en la vía pública, no avanzó, y la basura desborda”, indicaron en un informe. Y añadieron que, en muchos casos, los contenedores son de tamaño inadecuado. “Por ejemplo, los tachos con tapa, que no poseen pie impulsor, complican a las personas de baja estatura o edad avanzada”, señalaron.

En diálogo con este medio, la titular de dicho organismo de control, Cecilia Segura, advirtió que Buenos Aires es la ciudad que más dinero gasta en la gestión de sus residuos. “Sin embargo, no está ni cerca de ser la más limpia”, indicó Segura. Y ahondó: “Esto sucede por la falta de una política integral, planificada y ambientalmente sustentable. Hubo idas y vueltas, errores, demoras y dos marcas típicas del macrismo: mucho marketing y un montón de promesas incumplidas”.

En esa línea, atrás quedó la promesa de Diego Santilli en 2012, que cuando ocupaba el sillón principal en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, prometió cubrir la Ciudad con el sistema de contenedores dobles “para reducir la cantidad de residuos que se transportan y entierran en la provincia de Buenos Aires”, dijo en ese entonces.
Según pudo averiguar Qué, actualmente hay cerca de 28.000 contenedores, y desde el Gobierno informaron que, en el corto plazo, ingresarán 2.800 más. “Para fin de año, todos los problemas estarán solucionados”, manifestaron.

Por otro lado, están los recolectores urbanos, que hoy son más de 5 mil, y que representan una pata esencial en el entramado del reciclaje. Fueron presentados por el Gobierno como “el tercer eslabón” de la cadena, junto con el propio Estado municipal y los vecinos. En el año 2012, y mediante concurso público, 12 cooperativas inscriptas en el REPYME (Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas) y en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), fueron contratadas para trabajar en distintas zonas porteñas por un período de cuatro años.

Algunas cooperativas fueron adjudicadas a la zona preexistente; es decir, donde ya operaban, mientras que las zonas desde la 1 a la 8 fueron sujetas a adjudicación entre las cooperativas que concursaron. De la nueva licitación y de posteriores resoluciones, el mapa de las zonas donde prestan servicios las cooperativas quedó distribuido sin un criterio espacial, y muchas de las zonas están superpuestas. Los cooperativistas cobran subsidios pero el Gobierno no los incorpora como empleados.

“Pese a este ordenamiento, los montos que las cooperativas reciben son muy bajos, y el grado de precarización laboral y la falta de insumos de trabajo hacen que sea imposible cubrir con la recolección de los residuos reciclables en toda la ciudad”, indicaron desde una de las coorperativas. “Esto produce las quejas de los porteños por las campanas verdes desbordadas de basura sin que nadie se haga cargo de su limpieza”, indicó el informe de la Auditoría.

El debate está planteado y, desde el Gobierno, prometen soluciones antes de 2018. Mientras tanto, la Ciudad sigue oliendo mal.

LA NOTA COMPLETA, EN LA EDICIÓN #126 DE REVISTA QUÉ

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