Revista Qué

5 Jun 2017 | código urbanístico

El Gobierno realiza la audiencia pública

En el marco de la modificación del Código Urbanístico y de Edificación, el Gobierno porteño celebrará una audiencia pública en Uspallata desde las 9.30 horas. Más de un centenar de organizaciones de vecinos, sociales, estudiantiles y ambientalistas -entre ellas el Observatorio de Derecho de la Ciudad y Basta de Demoler- sostiene que los códigos propuestos […]

En el marco de la modificación del Código Urbanístico y de Edificación, el Gobierno porteño celebrará una audiencia pública en Uspallata desde las 9.30 horas.

Más de un centenar de organizaciones de vecinos, sociales, estudiantiles y ambientalistas -entre ellas el Observatorio de Derecho de la Ciudad y Basta de Demoler- sostiene que los códigos propuestos por el gobierno porteño “desatienden los principales problemas de la ciudad y sólo están orientados a garantizar el desarrollo del negocio de la construcción y del mercado inmobiliario sin tener en cuenta el colapso de los servicios públicos y el detrimento de la calidad de vida y ambiental de los porteños”.

“Estos Códigos desatienden los principales problemas de la Ciudad y sólo están orientados a garantizar el desarrollo del negocio de la construcción y del mercado inmobiliario sin tener en cuenta el colapso de los servicios públicos y el detrimento de la calidad de vida y ambiental de los porteños”, indicaron.

“Por este motivo, convocamos el 5 de Junio a decir no a este Código Urbanístico y al Código de Edificación en el Seminario del Foro Participativo Permanente convocado por el GCBA a partir de las 9.30, en el auditorio de la sede de Gobierno Porteño, ubicado en Uspallata 3160”, finalizaron.

Tras el amparo que aletargó la cuestión (la discusión del proyecto estaba pautada, en un principio, para los últimos meses del año pasado), los puntos del nuevo trazado urbanístico de la Ciudad quedaron confeccionados en un largo expediente de más de 800 páginas, semanas atrás.

Dicho compendio, al que tuvo acceso Qué, se resolvió en un cúmulo de reuniones que incluyó la participación de varias empresas que buscan sacar rédito del asunto, pero una casi nula participación ciudadana, como lo establece la Constitución porteña en su artículo 1, que dice que Capital Federal organiza sus instituciones autónomas con democracia participativa.

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