Revista Qué

12 Mar 2016 | Desestiman inconstitucionalidad

Guiño judicial a la digitalización de expedientes

La justicia en lo Contencioso, Administrativa y Tributario rechazó la intención de un grupo de profesionales que pretendían limitar el Plan de Modernización de la Administración Pública, lanzado por Macri en 2009.

La Ciudad ganó una pulseada judicial en su proyecto de digitalización de expedientes, objetado por un grupo arquitectos, ingenieros, agrimensores, gestores y afines- que actúan como gestores de habilitaciones de acuerdo a los requisitos establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que alegaban la destrucción de una forma de trabajo.

La protesta de este grupo de profesionales buscaba rechazar la digitalización de expedientes, corazón del Plan de Modernización de la Administración Pública, anclado en la ley 3304 sancionada el 26 de noviembre de 2009. Solicitaron la declaración de inconstitucional, que fue denegada.

digitalizacion de documentos 2La jueza Cecilia Mólica Lourido, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 20 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió rechazar in limine la acción de amparo, y destacó en su sentencia que sólo se pretende restituir los trámites en papel sin acreditar que los nuevos procedimientos administrativos resulten ilegítimos o se opongan a garantías constitucionales.

Los amparistas argumentaron que la tramitación digital y la eliminación del expediente en formato papel, o la circunstancia de que éste obre en poder del solicitante “conlleva a la destrucción de una forma de trabajo“. En particular, plantearon distintas consecuencias negativas derivadas del nuevo sistema, entre las que mencionaron la exclusión de los “analfabetos digitales”, variación en las condiciones contractuales y deterioro en la relación comitente-tramitador, incremento de los tiempos de duración del procedimiento provocado por las fallas del sistema, el perjuicio económico ocasionado al no poder percibir los pagos correspondientes a la contraprestación por su trabajo, y la destrucción del archivo de carácter histórico de la Ciudad, sin posibilidades de reconstrucción, al destruirse el soporte papel.

También solicitaron como medida cautelar, “el reestablecimiento del expediente en soporte papel y la tramitación personal del mismo, de acuerdo a las normas y disposiciones que regían y que aún rigen por derecho la materia antes del dictado del plexo normativo atacado”.

“Más allá de las consideraciones efectuadas por los actores con relación a las dificultades que –según sus dichos- se habrían generado en virtud de la implementación del sistema cuestionado, lo cierto es que en las presentes actuaciones no se observa que ellas deriven de una conducta manifiestamente irrazonable o arbitraria atribuible a una autoridad pública”, sostuvo la magistrada Lourido.

En los fundamentos de su sentencia, la jueza también advirtió que “los accionantes se limitaron a alegar su disconformidad con el referido sistema adoptado en orden a establecer la digitalización de los procedimientos administrativos, pero no han acreditado que tal sistema resulte manifiestamente ilegítimo y que, en consecuencia, se oponga a las garantías constitucionales invocadas como fundamento de su pretensión”.

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