Revista Qué

25 Oct 2012 | POR CONTRATACIONES EN EL COLON

La danza del descontrol

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su ministro de Hacienda y las autoridades del teatro fueron denunciados penalmente por presuntas irregularidades en compras. Las observaciones realizadas, los denunciantes y las justificaciones.

Macri en las obras del ColónLa administración de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires presenta una serie de irregularidades respecto de las contrataciones en el caso del teatro Colón que derivaron en una denuncia penal contra el alcalde, el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y los directores del Ente Autárquico Teatro Colón (EATC).

La presentación que realizó el estudio Alanis y Asociados tuvo como fundamento un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos (AGCBA), que contó con la firma no sólo de los opositores, sino que, “por lo burdo”, el macrismo también debió rubricarlo.

El dato que más compromete a las autoridades del Ente Autárquico Teatro Colón (Pedro Pablo García Caffi, Mónica Fredda, Lucas Figueras, Inés Urdapilleta y María Cremonte) es la transferencia de 11.200.000 pesos que los directores realizaron a la fundación del teatro Colón.

“Del informe que presentó la Auditoría se desprende algo que ya sabíamos (por el millonario traspaso). La cuestión ahora es saber qué pasó y para qué se utilizó ese dinero”, dijo Alanis a Qué en su estudio de la calle Santa Fe al 900.

Fuentes cercanas a la investigación, consultadas por esta revista, afirmaron que si bien podrían haber indagado sobre los más de 11.000.000 de pesos que los directores giraron, “no es de uso y costumbre involucrar en las investigaciones a privados y ONGs que estén fuera del ámbito del Gobierno de la Ciudad”. Lo que sí pudo constatar el abogado es que “el macrismo está flojo de papeles”.

“Nosotros -continuó- encontramos un desorden total. Da la sensación de que los encargados no estaban en línea con lo que es la administración pública y, en el apuro, hicieron un desastre a nivel orden. Hay muchos gastos que carecen de fundamento”.

Para Alanis es algo más que “una irregularidad administrativa”. Ese fue el motivo por el cual radicó la denuncia que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal e Instructivo número 38, a cargo de la jueza Wilma López. La causa es la 34140/292 y está bajo la carátula “García Caffi y otros sobre defraudación y otros delitos”.
El letrado sostuvo también que “a partir de ahora deberían salir cosas nuevas” en la investigación, y afirmó, además, que “el informe de la Auditoría es contundente: las fallas encontradas son delitos”.

Otro dato llamativo del informe es el elevado monto de 34.545.783 pesos en concepto de cajas chicas especiales, utilizadas durante el año auditado para hacer frente a gastos operativos y a honorarios artísticos. Las “desprolijidades” llegaron al punto de en-contrar dos facturas a nombre de un mismo artista, o tiques en concepto de refrigerios y estacionamientos en los que no figuran el nombre ni la firma del funcionario que realizó el gasto, ni en oportunidad de qué evento ni el programa que motivó el gasto para su imputación.

El Auditor General de la Ciudad de Bue-nos Aires, Eduardo Epszteyn, expresó que la rapidez con la que se manejaron las autoridades del Colón para las contrataciones se debió a que, a su juicio, “Macri veía a la reapertura del teatro (25 de mayo de 2010, para el Bicentenario argentino) como su lanzamiento presidencial y, atorados por los tiempos, los directivos decidieron sortear leyes que el macrismo mismo había impulsado”.

Para aquella oportunidad, el Gobierno de la Ciudad invitó a la emblemática casa cultural porteña a artistas de toda índole, como el bailarín clásico Julio Bocca o las divas de la televisión Susana Giménez y Mirtha Legrand. Además, Bolívar 1 había vendido los derechos exclusivos de televisión a canal 13 (del grupo Clarín), medida que tuvo que dar marcha atrás luego de un fallo de la Justicia.

Puntualmente, el Auditor se refirió a la denominada ley Michetti (Gabriela, diputada nacional del PRO y ex legisladora porteña), que establece un estricto régimen de control para las contrataciones directas.

En total, según el informe de la Auditoría, para el período 2010 el EATC había efectuado doce compras directas, por la suma de 19.697.485 pesos, que no habían sido informadas originariamente.

El texto de la AGCBA indicó: “Lo manifestado contradice el espíritu de la ley de Compras de la CABA y de las propias resoluciones del ministerio de Hacienda que otorgaron los fondos, impidiendo un sistema claro de control interno y una aplicación eficaz y eficiente de los fondos públicos”.

De acuerdo a la mencionada enmienda, estandarte de transparencia que levanta el PRO, para las contrataciones directas los organismos gubernamentales deben presentar tres presupuestos y justificar por qué se elige uno de ellos.

Y aquí es donde Alanis encontró en Grindetti responsabilidades tales como para que sea denunciado ante la Justicia. El ministro de Hacienda -en opinión el abogado- fue el que envió los fondos y el encargado de controlar los presupuestos que el ente debería haber presentado. Diversas fuentes del Gobierno porteño sostuvieron que Alanis tiene un interés particular en esta causa, debido a que es el letrado de los trabajadores cesanteados del Colón.

“Tanto Macri como Grindetti tienen responsabilidades políticas. A este tema nosotros lo venimos siguiendo desde hace tiempo. De hecho, acaba de salir una sentencia del Tribunal Supremo de la Ciudad de Bue-nos Aires que obliga al Gobierno a darnos la información que le requerimos hace ya dos años”, explicó Alanis. Agregó que “no se trató de un caso de descuido, sino de gente que se cree impune”.
Epszteyn, por su lado, prefirió ser más cauto y explicó que la Auditoría, de haber encontrado algún delito tendría la obligación de denunciarlo ante la Justicia. De todas formas -señaló el Auditor-, el informe fue girado a la Procuraduría de la Ciudad de Buenos Aires, la cual debería analizarlo.

Teniendo en cuenta que los tiempos de la Justicia en Argentina de por sí son lentos, en este caso particular el juzgado de Wilma López se puede tomar un lapso bastante importante para avanzar con la causa. No solamente deberá leer los fundamentos de la denuncia y solicitar la documentación pertinente, sino que, además, podría requerir a las autoridades del teatro Colón que le re-envíen la misma documentación que ya le entregaron a la Auditoría, más toda otra serie de datos que pueden exceder al ámbito exclusivamente del EATC.

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