Revista Qué

24 Ago 2016 | Time Warp

La lupa de Iacobaccio

La Salla II de la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastián Casanello profundizar la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex Gerente de Eventos Masivos de la Agencia Gubernamental de Control. Los otros implicados al borde del juicio oral. La investigación judicial por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time […]

La Salla II de la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastián Casanello profundizar la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex Gerente de Eventos Masivos de la Agencia Gubernamental de Control. Los otros implicados al borde del juicio oral.

Nota de Tapa QUE #98

La investigación judicial por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp tomó un giro que podría traer fuertes repercusiones para el Gobierno de la Ciudad. La Sala II de la Cámara Federal, que dio el puntapié final para que comience el proceso de elevación a juicio oral de los organizadores, le reclamó al juez de la causa Sebastián Casanello que ahonde en la pista sobre el presunto enriquecimiento ilícito del suspendido Gerente Operativo de Eventos Masivos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) Iacobaccio, debido a que considera que hay pruebas para sospechar de que podría haberse visto favorecido por el cobro de dádivas para permitir que se desarrollen ese tipo de eventos.

Iacobaccio, según la causa judicial que se inició por la denuncia del legislador porteño por Bien Común Gustavo Vera, aumentó su patrimonio en más de un 1.000 % en los últimos cuatro años de gestión.

“Lo que pedimos que se investigue el patrimonio de esta persona. No puede ser que un Jefe de la AGC haya registrado tal aumento de forma legal”, sostuvo el auditor general por la CC – ARI, Facundo Del Gaiso, quien realizó hace unos meses la presentación judicial por la que se inició la causa.

En ella, Del Gaiso puntualizó no solamente en el incremento patrimonial, sino también en la situación en la que se encontraba el funcionario apartado del cargo.

“El gerente de Eventos Masivos de la Agencia Gubernamental de Control Claudio Alberto Iacobaccio, pasó de un patrimonio de 128 mil pesos a uno de 8 millones de pesos en tan sólo 4 años. Por ser monotributista primero, y luego funcionario, no se justifica este incremento de su patrimonio”, sostuvo Vera.

A la par de la causa judicial, la Procuración General de la Ciudad mantiene una investigación abierta contra el funcionario apartado de sus funciones, como también con los otros inspectores involucrados. Si bien todavía no existe un dictamen concreto, sí está en curso el sumario que espera las novedades que surjan de las investigaciones.

Lo concreto es que, según pudo saber Qué de calificadas fuentes judiciales, el juez Casanello citó a indagatoria
a Iacobaccio para la semana que viene. Para el magistrado, también hay ciertas inconsistencias en el manejo de dinero que realizó el agente.

“Es más, Iacobaccio en el primer trimestre de 2016 ya lleva facturado 1.300.000 pesos. Por esto es que presenté las pruebas en el juzgado de Sebastián Casanello, para que el titular de Eventos Masivos, Iacobaccio, sea investigado por cómo su patrimonio aumentó abruptamente a la par de su rol como funcionario en la Ciudad de Buenos Aires “, agregó Vera.

En cuanto a la responsabilidad del Gobierno porteño, fuentes de la AGC explicaron que Iacobaccio se encuentra en el Registro de Agentes de Disponibilidad de la Ciudad, que es un paso intermedio hasta que se termine el proceso sumarial al que se encuentra sometido.

“Si el Juez toma una medida antes que la Procuración temine con su trabajo, es obvio que dejará de tener sentido el proceso”, explicó una fuente porteña en alusión a la posibilidad de que la Justicia cierre aún más el cerco sobre el mencionado agente.

En la denuncia inicial que realizó Vera sobre la base de los registros de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (Afip), el funcionario en la mira tenía en 2011 acreditaciones por unos $ 128.241. Tan sólo tres años después, esa cifra aumentó a los $ 7.802588; y hasta que sucedió la tragedia de Time Warp, sus cuentas acreditaban un monto total de $ 1.319.702, solamente en lo que corre de 2016.

En el mismo fallo, la Sala II también solicitó que se acelere la elevación a juicio de los organizadores del evento, como también que se profundice la hipótesis sobre que la Prefectura Naval habría liberado la zona para la compra y venta de estupefacientes.

“La decisión de la Sala II de la Cámara Federal fechada el 4 de julio, que confir-mó el procesamiento dictado el 24 de mayo pasado, posibilita dar inicio a la etapa intermedia y teniendo en cuenta la petición introducida al respecto por el ministerio Público (el fiscal federal F. Delgado solicitó que en la medida de lo posible se eleve a juicio por etapas), cumplidas las diligencias dispuestas con anterioridad (declaraciones testimoniales), instruméntense las vistas pertinentes con el objeto de que los acusadores se expidan en relación al cierre del sumario”, había sostenido en su momento Casanello.

Los acusados que en esta etapa podrían ir a juicio oral y público son el abogado penalista Víctor Stinfale, Adrián Conci, Maximiliano Ávila, Carlos Garat, Carlos Nicodemo Penise y Martín Gontad, el denominado “rey de la música electrónica”.

Conci es el presidente de Dell Produc-ciones, la empresa que organizó la rave. Garat, Ávila y Nicodemo Penise trabajaban para su firma.

Conci, Stinfale, Garat y Nicodemo Pe-nise habían sido procesados por Casa-nello el 24 de mayo pasado por los delitos de comercio de estupefacientes agravado y abandono de personas seguido de muerte en calidad de coautores. A Gontad, que se encargaba de la parte artística, le había endilgado una participación necesaria.

Ahora, sólo faltaría esperar el pedido de elevación formal a juicio que podría realizar en las próximas semanas el fiscal de la causa, Delgado.

Mientras tanto, en el Gobierno porteño se muestran precavidos ante tal escenario. Desde un principio la idea del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta era que se avanzara sobre la pista de la zona liberada que habría permitido la Prefectura Naval.

En este contexto, el cerco judicial se cierra cada vez más sobre la Agencia Gubernamental de Control, y sobre una serie de irregularidades no sólo durante la gestión actual de Rodríguez Larreta como alcalde la Ciudad, sino también durante la del ahora presidente de la Nación, Mauricio Macri.

LA NOTA COMPLETA, EN LA EDICIÓN #98 DE REVISTA QUÉ

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