Revista Qué

5 Mar 2015 | Problemas en la Justicia

Las dos causas que preocupan al macrismo

El PRO inició el año electoral con dos reveses judiciales en la Ciudad. Al peritaje que confirmó que el incendio de Iron Mountain fue intencional se suma la investigación por las coimas de Beara.

La administración del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, no tuvo, hasta ahora, mayores problemas con la Justicia. La causa por escuchas ilegales se encuentra próxima a caerse, debido a la falta de evidencia que incriminé a la cabeza del Ejecutivo porteño; la investigación por la presunta represión ilegal en el desalojo del una parte del Hospital Borda apunta hacia la cúpula de la Policía Metropolitana y algunos funcionarios; pero dos causas en la Justicia de instrucción preocupan al macrismo y ambas recibieron un espaldarazo en lo que va de 2015.

La primera de ellas es el incendio del galpón de la empresa de guardado y destrucción segura de archivos Iron Mountain. El peritajes realizado por la Policía Federal reveló que las llamas que provocaron la muerte de nueve bomberos fueron provocadas intencionalmente. El titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y de Lavado de Activos (PROSELAC), Carlos Gonella, ya solicitó varias medidas de pruebas debido a que el principal cliente de la firma es el Banco HSBC, que en la actualidad se encuentra inmerso en una polémica por los swissleaks y la filtración de información sobre las cuentas off shore de varios clientes. Todas ellas, no declaradas en los respectivos países de origen.

En las últimas horas, el inspector de Trabajo de la Ciudad, Edgardo Castro, crítico de la gestión macrista, enfatizó que varias actuaciones o sanciones en distintas empresas se frenaron a partir de “una orden” de Mauricio Macri.

“El coordinador del área Fernando Cohen, ascendido a gerente hoy, era mi jefe inmediato tiempo atrás, reconoce que no hizo actuaciones en dos empresas por orden del Jefe de Gobierno, que llamó directamente”, afirmó esta mañana en declaraciones a Radio del Plata.

La otra investigación judicial que complica a la administración de Macri es la que conduce el fiscal Andrés Madrea por los presuntos sobornos para la habilitación del boliche Beara, en donde en 2010 fallecieron dos mujeres como consecuencia de la caída de un entrepiso, que según consta en el expediente, no debería haber sido habilitado.

Por esa causa se encuentra casi en jaque el ex titular de la Agencia Gubernamental de Control, Martín Farrell. Según pudo saber QUE de fuentes judiciales, el ex funcionario habría recibido dinero para habilitar locales y como consecuencia habría sufrido un aumento patrimonial.  Allí estará el nuevo enfoque de la Justicia.

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