Revista Qué

26 May 2017 | Gente sin techo

Los homeless invisibles

El Gobierno porteño volvió a pasar por encima de la ley de protección de personas en situación de calle y publicó cifras que, según el arco opositor, son irreales. Por eso, diversas organizaciones de la Ciudad respondieron con un censo popular que pondrá en debate una problemática recurrente. Se viene un nuevo round entre el […]

El Gobierno porteño volvió a pasar por encima de la ley de protección de personas en situación de calle y publicó cifras que, según el arco opositor, son irreales. Por eso, diversas organizaciones de la Ciudad respondieron con un censo popular que pondrá en debate una problemática recurrente.

Se viene un nuevo round entre el Gobierno porteño y sectores del arco opositor. La problemática de la cantidad real de personas que se hallan en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires sumará un capítulo más en las próximas semanas, cuando se conozcan nuevos números relevados por una extensa lista de organismos y organizaciones sociales de la esfera capitalina.
El 11 de abril pasado, se efectuó el relevamiento anual oficial. Se hizo sólo en un día y con 47 móviles. Se contabilizaron, según datos del Gobierno, cerca de mil homeless, La cifra resulta similar a las que se venían anunciando en los últimos años.

Como contara Qué en su edición #99, el número arrojado en 2016 (876 personas) fue una sentencia que colmó la paciencia de algunas fracciones de la oposición. Por eso, la diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda, y la integrante del Consejo Económico y Social, Laura Velasco, presentaron un amparo judicial al que la jueza Elena Liberatori dio buen curso, y que recomendaba al Ejecutivo realizar censos enmarcados en la Ley 3.706 de protección a las personas en situación de calle.

Entre otras cosas, esa norma, que fue reglamentada en 2013, contempla no sólo a las personas que efectivamente viven en la calle, sino también a aquellos que están en riesgo de caer en esa situación. A saber: individuos que padecen sentencias de desalojo o quienes “habitan en estructuras temporales o asentamientos sin acceso a servicios y en condiciones de hacinamiento”.

Pero para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el asunto es distinto. Por eso, en las mediciones publicadas por Buenos Aires Presente (BAP), área que depende del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. y que comanda Maximiliano Corach, se dejan al margen de las estadísticas a quienes residen en hoteles, reciben subsidios o dan uso a los casi 40 paradores que la Ciudad tiene a disposición.

“Hay una actitud necia del Gobierno porteño”, disparó Velasco en diálogo con Qué. Para ella, no existen políticas gubernamentales profundas para paliar la crisis habitacional o los altos índices de indigencia. “Es insólito que la gente siga pagando hoteles en lugar de que se avance en mecanismos más convenientes, como la construcción de viviendas sociales”, agregó la integrante del Consejo Económico y Social de la CABA.

El tema de los “hotelados” también es un punto de debate. Mientras los subsidios del Gobierno se estancan entre 2.500 y 5.000 pesos durante 12 meses, dependiendo de si se trata de personas solas o familias, el alquiler de la habitación más rudimentaria no baja de los $ 3.500. Eso fue lo que contó Rafael Hernández, referente de Barrios de Pie que, al ser consultado por este medio, hizo hincapié en “políticas públicas ineficientes”.

“Como el Gobierno considera que so-lamente hay alrededor de 900 personas en situación de calle, las soluciones que proponen son en base a esa cantidad, por lo que resultan escasas. Porque a simple vista, con sólo caminar la ciudad, uno advierte que esos números no son reales”, dijo. También agregó que “la situación de los paradores es malísima”. Según relató, en los refugios que se despliegan en territorio porteño “hay robos, maltratos y condiciones pésimas. Incluso, mucha gente prefiere no ir a esos lugares”.

Barrios de Pie forma parte de la extensa tropa de 50 organismos y organizaciones sociales, políticas, culturales, estudiantiles y académicas que, en las primeras semanas de mayo, recorrieron los 46 barrios de la Ciudad para ejecutar el primer censo popular.

Así, 500 voluntarios se capacitaron y salieron a las calles para efectuar el relevamiento, que incluyó cuestionarios para conocer en detalle cuáles son los derechos vulnerados de las personas sin hogar. Y si bien no se aventuraron a deslizar una posible cifra final (los resultados estarán en cuestión de semanas), sí aseguraron que el número oficial, mínimamente, se va a cuadriplicar.

La movida cuenta con el apoyo del Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Auditoría General porteña. En tanto, desde el oficialismo, no dan demasiadas muestras de preocupación.
Fuentes de Desarrollo Humano, que conduce Guadalupe Tagliaferri, sostuvieron que allí no se habla del asunto, y que “las cifras son esas, y permanecen estables desde hace bastante tiempo”.

Aunque sí reconocieron que los números se refieren a quienes literalmente viven en la calle. También indicaron que los llamados a la línea 108 de atención para la problemática se vienen incrementando, y que los teléfonos suenan cerca de 40 mil veces al año.

“La pobreza es un tema recurrente y un problema urgente”, manifestó Velasco, y sostuvo que, en el distrito capitalino, hay 155 mil personas que están bajo la línea de indigencia. Incluso el propio Gobierno porteño, a través de la Dirección de Estadísticas y Censos, admitió que, al cierre del cuarto trimestre del año pasado, la po-breza en la Ciudad de Buenos Aires ascendió al 19 por ciento.
Los organizadores del censo popular con-fían en que los resultados del trabajo realizado obligarán al Ejecutivo porteño a poner un manto de transparencia a la problemática.

Así lo dejaron en claro desde Barrios de Pie, en diálogo con Qué, al argumentar que “es muy necesario que se cumpla la Ley. Hemos salido de recorrida por toda la Ciudad para visibilizar a todas aquellas personas que, a los ojos del Gobierno, permanecen invisibles”.

Los censos no son los indicados

“El GCBA no hace relevamientos exhaustivos en to-da la Ciudad. Los hace en algunos sectores durante un solo día al año. No releva quiénes están en riesgo de situación de calle ni quiénes están en alojamientos o paradores”, detallaron en un informe desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

¿Quiénes están protegidos?

La Ley 3.706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle se reglamentó en 2013, tras ser impulsada por organizaciones tales como Proyecto 7.
Entre sus principales lineamientos, establece que el Gobierno porteño debe “formular e implementar políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura”.

También indica que los paradores no son una solución habitacional adecuada, y obliga al GCBA a implementar políticas para garantizar el derecho a la vivienda, a fin de lograr el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario.

El art. 4, inciso K, remarca que el Gobierno tiene que realizar un relevamiento anual de las personas que efectivamente estén en situación de calle o que tengan riesgo de estarlo.

“Es un desafío enorme”

“Cada persona en situación de calle es una preocupación y un desafío enorme para nosotros. Queremos depositar todas las herramientas que tenemos en el Gobierno para que salgan de esa situación”, dijo el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Maximiliano Corach, que está al frente del programa BAP (Buenos Aires Presente).

Audiencia pública en la Ciudad

El pasado 19 de mayo, se realizó una audiencia en el marco de la causa que lleva adelante la jueza Elena Liberatori, a partir del amparo presentado por Victoria Donda y Laura Velasco para el cumplimiento de la Ley 3.706.

La audiencia testimonial recabó información de las organizaciones comprometidas con la temática. Cabe mencionar que, el año pasado, el Gobierno porteño le respondió a Liberatori en forma muy parcial y sin especificar varios ítems que la jueza pretendía que se establecieran, como las personas alojadas en hoteles o en pensiones.

En tanto, desde la Auditoría General de la Ciudad, confirmaron que van a trabajar de lleno en la cuestión, y que se auditarán las políticas implementadas en torno a las personas que se encuentran en situación de calle en Buenos Aires.

Una comisión que funciona poco y nada

Según contó a este me-dio la legisladora porteña del Frente para la Victoria, Paula Penacca, la Comisión de Vi-vienda, que preside la edil del PRO, Lía Rueda, “prácticamente no funciona”. En ese sentido, Penacca, que es vicepresidenta segunda de dicha área, destacó: “Hubo solamente dos reuniones en lo que va del año”.

“Están haciendo un negocio enorme”

La integrante del Consejo Económico y Social de la Ciudad, Laura Velasco, se refirió a la situación de las personas que alquilan habitaciones en hoteles con los subsidios que les otorga el Gobierno.

“No les alcanza porque son muy caras”, dijo. También deslizó: “La respuesta habitacional tiene que ser algo no tan precario. No puede ser que, en vez de tener una política que solucione las cosas, se anden alquilando habitaciones. Los hoteles están haciendo un negocio enorme con la Ciudad de Buenos Aires”.

El Gobierno subsidia

La principal política en relación a la vivienda para personas en situación de calle es la entrega de subsidios habitacionales por 12 meses. Varían entre los 2.500 y los 5.000 pesos.

Los números que  se vienen

El censo popular se hizo a principios de mayo. Las cifras estarán a fin de mes. Creen que cuadriplicarán a las publicadas por el Gobierno porteño.

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