Revista Qué

11 Sep 2015 | Crece la polémica

Niembro: imputaron a parte del gabinete

La Procelac denunció al comentarista deportivo y al jefe de Gabinete y Jefe de Gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta, en relación a las aparentes irregularidades en las contrataciones de la firma La Usina.

Como coletazo del caso Niembro, la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac) denunció este viernes al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; a las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reybaud, y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, que realizaron diferentes contrataciones a la firma del comentarista La Usina, sin publicarlo en el Boletín Oficial.

Según publicó el sitio Fiscales, el fiscal general a cargo de la Procelac Carlos Gonella, y el coordinador y fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski, acusaron a Niembro por las maniobras por las que el periodista deportivo y candidato a diputado nacional del PRO y su socio Alberto Meza lograron contratos millonarios con el Gobierno de la Ciudad de forma directa.

niembro.“Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de ‘La Usina Producciones S.R.L.’ por un monto total de $19,473,878,30” que nunca fueron otorgadas “a través del mecanismo de licitación pública”, afirmaron los funcionarios judiciales.

Pero, en particular, llama la atención la acusación contra gran parte del gobierno porteño. Gonella y Khaski los acusaron de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel”.

Tanto Fernando Niembro como su socio podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos, por lo que solicitaron que la causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°23 sea remitida a la justicia federal. En, esa línea, Gonella y Khaski subrayaron que la realización de encuestas o el reparto de folletería “no pareciera” estar encuadrado en ese régimen excepcional del decreto 556/10.

En el escrito, se resalta que esa norma alude a operaciones impostergables” que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la Ciudad.

La Procelac hizo hincapié en que la Usina fue constituida en mayo del año 2012 -”en una casi perfecta y exacta sincronía con la data en la que se le adjudicaron los primeros contratos por parte del GCBA”- por Atilio Alberto Meza y Fernando Juan Niembro. “No podemos soslayar que ambos poseen una amplia e incuestionable ligazón con el más alto funcionariado de la administración pública porteña, dada su condición de candidatos a diputados nacionales por el partido denominado PRO, fuerza partidaria que, como es público y notorio, se encuentra en pleno ejercicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, consideraron Gonella y Khaski.

Por otro lado, apareció más documentación que extendió el caso. “La empresa de los candidatos Meza y Niembro (“La Usina) carecería de empleados a cargo, no posee página web (algo particularmente llamativo para los tiempos que corren y más aún teniendo en cuenta que se trataría de una empresa ligada al rubro publicitario, según describe su objeto social), y sus dos únicos clientes durante sus tres años de existencia habrían sido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, se agrega en la presentación.

Gabinete

Parte del gabinete, en problemas.

Además, el escrito consignó que la diputada Gabriela Alegre aportó la “providencia” del 24 de enero de 2014, firmada por el subsecretario de Higiene Urbana, Mariano Daniel Campos, en “la que muy escuetamente se ofrecen fundamentos para justificar la ‘urgencia’ en la contratación de un ‘servicio de encuesta’ por los meses de enero, febrero y marzo de 2014”, “con un presupuesto oficial de $899,695,50”.

Por otro lado, Gonella subrayó que, tal como indica el artículo 96, inciso h de la ley 2095, La Usina “debió haber sido inhabilitada por el GCBA para recibir contrataciones por parte del sector público” porteño debido a una deuda tributaria por el Impuesto a los Ingresos Brutos ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) -que se encontraría en instancia de reclamo judicial, con una medida cautelar vigente-.

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