Revista Qué

16 Sep 2015 | Informe de la Auditoría

Observan “discrepancias” en la deuda porteña

En el análisis de la Cuenta Inversión de 2012, el organismo de control llamó la atención por la afirmación de dos montos de deuda totales en diferentes tomos. La diferencia es de más de 1.700 millones.

La Auditoría General de la Ciudad observó dos cifras distintas sobre el total de la deuda del gobierno porteño, con una diferencia de más de 1700 millones, en un análisis de la Cuenta de Inversión 2012 y alertó por las “discrepancias en la información”, así como la falta de “explicación”, en un informe que se publicó en los últimos días.

En el Proyecto N° 6.13.05 de la deuda 2012 sobre la “Auditoría Legal y Financiera y de Gestión”, el organismo de control porteño manifestó su incertidumbre a la variación de un dato sensible. “El total de la deuda según el Tomo 6 de la CI asciende a $ 11.270,8 millones, y según el Estado de situación patrimonial (Tomo 5) es de $ 12.994,58 millones”, resalta el documento.

deudaLa Auditoría agrega que en la Cuenta Inversión (CI) “no se suministran explicaciones sobre la existencia de tal diferencia ($ 1.723,78 millones) ni de sus causas” y, por otro lado, remarca que existe una “falta de dictado de normas contables en materia deü valuación y exposición de pasivos”.

En su trabajo, la Auditoría concluyó en tomar la segunda cifra como el stock de deuda contado hasta el 31 de diciembre de 2012, es decir aquellos $ 11.270 millones, aunque no deja de marcar la “debilidad de la información” brindada por parte del gobierno porteño.

En su análisis de la deuda, los auditores generales de la Ciudad señalan que, de ese total, $ 4.088 millones corresponden a “deuda no pública”, conformada por los compromisos con proveedores y contratistas ($ 4.056 millones), y con esfera previsional ($ 32 millones), tal como cita el sitio El Auditor.

En tanto, la llamada “deuda pública” asciende a $ 7.182 millones, distribuidos en títulos y bonos Tango ($ 4.657 millones), préstamos con organismos internacionales de crédito ($ 1.213 millones), también compromisos con proveedores y contratistas ($ 90 millones), y el rubro “otros”, por algo más de $ 107 millones.

En tanto, otra de las observaciones que realizó la Auditoría es la falta de exposición de las causas judiciales en las que el gobierno porteño es demandado. “Si bien el Gobierno no puede estimar la posibilidad de éxito en dichos procedimientos, ni el monto o el plazo de algún pago, cualquier resultado adverso puede tener un impacto en sus finanzas, por eso esta AGCBA considera necesaria su exposición”.

No obstante, un detalle interesante tiene que ver con las deudas que se reclaman entre sí el gobierno nacional y la Ciudad, donde el organismo auditor remarca que “no ha podido obtenerse explicación acerca de las causas de las diferencias en los montos consignados”, y detalla que esas discrepancias varían según las fuentes consultadas.

Al cierre del ejercicio 2012, y con un dólar a 4,918 pesos, la deuda reclamada por la Ciudad alcanzaba los $ 11.429 millones: 5.048 millones de pesos y casi 922 millones de dólares en concepto de tributos de Rentas, Coparticipación Federal, transferencia de servicios de educación y salud, y una acción judicial contra la DGI por la no compensación de los “quebrantos impositivos” de la empresa que concesiona las autopistas de la Ciudad (AUSA).

Por su lado, la Auditoría citó que la Dirección General de Administración Pública no contestó los informes pedidos desde la entidad, aunque consignó que la Nación exige por entes liquidados o en liquidación, avales caídos y títulos públicos, casi 978 millones de pesos y 732 millones de dólares. Lo que lleva una diferencia a favor de la Ciudad $ 6.476 millones, que, no obstante, no es concluyente.

Más allá de estas observaciones, el pleno del conjunto de auditores dio el visto bueno a la rendición del ejecutivo y aseguró que “la cuenta de inversión 2012 presenta razonablemente -en sus aspectos significativos- la información correspondiente a la situación patrimonial (estado actualizado de la deuda pública y no pública), y a la ejecución presupuestaria del gasto” del Estado porteño.

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