Revista Qué

13 Abr 2016 | A poco de su lanzamiento

Orden judicial suspende Uber

El lanzamiento del sistema en la Ciudad tuvo un freno judicial. Lo determinó el juez Víctor Trionfetti, titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, de modo inmediato, arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa UBER o cualquier sociedad bajo ese nombre y tipo de actividad, a menos de 24 horas que el sistema sea lanzado oficialmente.

De acuerdo a la resolución, la suspensión se extenderá hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el amparo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal, conducido por el peronista Omar Viviani.

La decisión la tomó este miércoles el juez Víctor Trionfetti, titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien concedió la medida cautelar y libró la orden al gobierno porteño.

Como publicó RevistaQué.com, la gestión porteño anunció medidas sancionatorias. “Cuando el servicio empiece a funcionar haremos los controles correspondientes, no habrá excepciones, como cuando detectamos transporte ilegal”, afirmó ayer el subsecretario de Transporte, “Juanjo” Mendez.

Ignacio Viale, el nieto de Mirtha Legrand y productor de sus programas en Canal 13, fue el primer pasajero en Argentina ayer a las 16. La empresa desconoció los argumentos desde el Estado y ratificó que se trataba de una conexión “entre privados”.

En el medio, la protesta de los taxistas se hizo sentir en la Ciudad este martes con once cortes en distintos puntos de la Ciudad. Ahora, la instancia judicial viene a poner en stand by una discusión en la que el gobierno porteño no sabe cómo pararse; incluso la oposición pide adaptar el sistema para que sea legal.

En este marco, el juez Trionfetti, requirió a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y a la Subsecretaría de Transporte que informe si UBER presentó un pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros.

El magistrado, que solicitó que se informe al juzgado “dentro del plazo de cinco (5) días, las medidas adoptadas”, resaltó para abordar la discusión la “necesidad de un debate participativo que brinde oportunidad de intervenir útilmente y haga posible verificar los presupuestos básicos de un proceso colectivo”, según informó el sitio Ijudicial.

La resolución dictada se enmarca en una acción de amparo impulsada por Jorge Omar Viviani y Miguel Ángel Espinosa en su carácter de Secretario General y Tesorero, respectivamente, del Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal (S.P.T.), junto con las autoridades de la Cámara Empresaria del Autotaxi, de la Asociación Civil de Taxistas de Capital, de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro, y de la Unión de Propietarios de Autos Taxis.

Viviani, a la cabeza del reclamo, demandó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte “por su omisión manifiestamente ilegítima y arbitraria de ejercer regularmente su poder de policía y evitar la prestación de un servicio irregular de transporte a través del funcionamiento de la empresa UBER, quien pretende eximirse de las obligaciones previstas en el Código de Tránsito y Transporte”.

Entre los argumentos, los taxistas habían resaltado la “grave lesión en el derecho a trabajar” y a “la igualdad de las cargas públicas” de todos los trabajadores que integran el sindicato de Peones de Taxis, como así también de los propietarios de las licencias de taxi afiliados a las Cámaras Empresarias y “coloca arbitraria e ilegítimamente a los conductores asociados a la empresa UBER y a la empresa misma en mejores condiciones que el resto de los trabajadores”.

 

Consideraciones

En virtud de la actividad cuestionada, el magistrado destacó que los usuarios de servicios “gozan de especial tutela en el art. 42 de la Constitución Nacional” y, “la norma constitucional establece que los usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud y seguridad”, “es deber de las autoridades el control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.

En ese sentido, Trionfetti evaluó que la actividad de UBER puede entrar en colisión con el artículo 6.1.743  de la Sección 6, Capítulo I del ‘Régimen de Faltas’, en referencia a la infracción definida por “otorgamiento de viajes de manera no autorizada” y la sanción de multa de 4000 unidades fijas para quien asignare viajes requeridos por vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto (de telefonía móvil) o Internet, y no lo hiciera a través de las Centrales de Radio – Taxi autorizadas.

 

La respuesta

A todo esto, la firma pareció ignorar la resolución judicial y consignó en las redes sociales que opera con “normalidad”.

 

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