Revista Qué

12 Oct 2014 | Revés para la Ciudad

Ordenan sanear el Complejo Piedrabuena

Así lo ordenó la Justicia porteña. Hizo lugar a un pedido de 2011, en el cual el IVC y la Ciudad se comprometían a realizar obras. El Gobierno de Macri había presentado un amparo contra la medida. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña resolvió rechazar la apelación presentada […]

Así lo ordenó la Justicia porteña. Hizo lugar a un pedido de 2011, en el cual el IVC y la Ciudad se comprometían a realizar obras. El Gobierno de Macri había presentado un amparo contra la medida.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña resolvió rechazar la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad, que cuestionaba la validez de un acuerdo suscripto en sede judicial para efectuar mejorar sin la firma del Procurador General ni del Jefe de Gobierno.

En una decisión, por mayoría, los magistrados de la Sala II resolvieron dar por válido un acuerdo celebrado en sede judicial en septiembre de 2011 en el cual el IVC y el Gobierno de la Ciudad se comprometían a realizar obras y tomar medidas para el saneamiento del complejo.

El expediente tiene más de once cuerpos y cerca de tres mil fojas, en el cual se tramita desde el año 2007 una acción de amparo impulsada por habitantes del Complejo Habitacional Luis Piedrabuena para que se resguarde la seguridad y garanticen las condiciones de habitabilidad ante los riesgos posibles por el estado en el que se encuentran los edificios que integran el barrio.

Con los votos de los jueces Esteban Centanaro y Mabel Daniele, y la disidencia de Fernando Juan Lima, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por el Gobierno de la Ciudad y en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia dictada en abril de 2013 en la cual la jueza Elena Liberatori homologó el convenio suscripto en el marco del amparo en cuestión.

Contra esta homologación, el Gobierno de la Ciudad presentó un recurso de apelación esgrimiendo que, según las facultades del Procurador para efectuar conciliaciones en los juicios establecidas en la Ley 1218, el acuerdo debe ser suscripto por él personalmente, además de, por el monto comprometido, también debe contar con la firma del Jefe de Gobierno, situación que no sucedió.

Por otra parte, de acuerdo a lo informado por el Parlamento, el acuerdo en cuestión ingresó a la Legislatura para su aprobación, pero no llegó al recinto para su tratamiento. Superado el plazo establecido para su autorización legislativa, la normativa establece que el expediente cuenta con aprobación ficta.

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