Revista Qué

9 Sep 2015 | Maximiliano Corach

Patrón de estancia

El presidente de la Comuna 14 fue acusado de una presunta aprobación de contrataciones por 25 millones de pesos sin consideración del resto de la Junta, como estipulan la ley y la Constitución de la Ciudad. Desde la Procuración aseguraron que tal denuncia necesita un requerimiento orgánico.

“Quien pregunta, no yerra”, dicen en el campo. Mejor saber, que ignorar. Con esta idea, re-presentantes opositores de la Junta Comunal 14 acudieron a la Procuración General de la Ciudad para determinar si el presidente de la Comuna, Maximiliano Corach, cometió presuntas irregularidades en el uso de sus funciones públicas. Se trata de Marcelo Charlon (ex Proyecto Sur) y Gonzalo Toyos (Frente para la Victoria), quienes aseguran que el presidente de la Comuna ejecutó el presupuesto de los años 2013 y 2014 sin el consentimiento del resto de los comuneros, comportándose como el patrón de la estancia de Palermo.

 

CORACH

En la nota presentada el 3 de agosto al procurador porteño Julio Marcelo Conte Grand, expresan que Corach realizó por lo menos 83 actos administrativos en “materia de compras, contrataciones, licitaciones, nombramiento de personal, prestación de servicios y gastos de Caja Chica” por la suma total de $ 25.426.529,78. Todos estos actos fueron “emitidos sin aprobación de la Junta Comunal, sin nuestro consentimiento, conocimiento y por fuera de las atribuciones que la ley 1777 establece a los presidentes de las Juntas Comunales”. Asimismo, dejaron constancia de la existencia de una cuenta corriente en la Sucursal N° 25 del Banco Ciudad a nombre de la Junta Comunal N° 14 Palermo, de la que no tenían conocimiento y en la que se realizaban los depósitos para los gastos de la Caja Chica.

De acuerdo a lo establecido por la Constitución de la Ciudad y la ley Orgánica de Comunas (1777), el gobierno es ejercido por un órgano colegiado, integrado por siete miembros, denominado Junta Comunal que, como cuerpo, es su atribución y obligación la de “ejecutar el presupuesto y administrar el patrimonio de la Comuna, celebrar contratos, ejercer la superintendencia del personal de la Comuna, nombrar y remover a su personal de acuerdo con la legislación vigente y atender a la prestación de los servicios”. La misma normativa determina que la función principal del presidente de la Junta Comunal es la de ser el representante legal de la Comuna y su administrador general con los límites expuestos con anterioridad.

“El cuerpo colegiado no es indivisible por siete, lo que haga cualquiera de los siete es responsable la Junta. Por eso, queremos dejar claro que no teníamos conocimiento de las ejecuciones y que fue sin nues-tro consentimiento”, señaló Charlon en diálogo con Qué. El comunero, que asumió en 2011 bajo el ala de Proyecto Sur, relató a este medio cómo se fueron sucediendo los hechos que finalizaron en la presentación a la Procuración. En principio, Charlon señaló el hecho de que las comunas funcionan bajo la órbita de la secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y que, por lo tanto, “todo lo maneja el superpoderoso (Eduardo) Macchiavelli. Maneja el dinero de las comunas, cuando en realidad tiene que ser manejado por la Junta Comunal. ¿Quién es este señor? El pueblo no lo eligió para que tome esas decisiones”.

Con este precedente, “veíamos que había un gobierno del cual no éramos parte. No teníamos acceso al SUACI (Sistema Unico de Atención Ciudadana), ni al SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) Sistemáticamente, me lo fueron negando”, advirtió. Por ello, se remitió al Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) donde se encontró con las 83 resoluciones en cuestión. “Enviamos la nota al Procurador General para consultarle sobre la legalidad de estos actos administrativos, pero hasta el día de la fecha no nos contestó”, dijo el comunero a este medio.

Contrataciones

De acuerdo a la presentación, las resoluciones que habrían sido aprobadas por Maximiliano Corach se dividen en seis grandes rubros: Arbolado, por el monto total de $ 4.429.733,42; Compras, por
$ 101.694,40; Veredas por $ 10.484.512,00; Espacios Verdes, por $ 6.129.155,96; Personal, por
$ 3.535.434,00; y Caja Chica, por $ 746.000. Para tales fines, fueron elegidas 10 empresas a través del modo de contratación menor o, dicho de otro modo, contrataciones directas para las que no es necesario hacer un llamado a licitación privada o pública. Mantelectric ICISA recibió un total de
$ 4.129.693,42 para llevar adelante el servicio de poda de árboles y corte de raíces. A cargo de Carlos Alberto Pérez San Martín, es una de las firmas habituales en las licitaciones públicas referidas al medio ambiente y a distintas obras en la Ciudad de Buenos Aires.

 

cuadro 1

Tal como reflejó Qué en su edición N° 31, a comienzos de este año, Mauricio Macri la contrató por $ 257.717.088 para que también se encargue de la poda en las comunas. Paladino Construcciones recibió $ 300.040 por la adquisición de 597 árboles, instalación de 550 tutores y servicio de limpieza, renovación de tierra y el flete de diferentes canteras. La misma compañía, propiedad de la arquitecta Viviana Alejandra Paladino, también fue adjudicada con la compra de mate-riales de construcción por $ 101.694. Como si fuera poco, VAP Construcciones -cuya gerenta es la misma profesional- recibió $ 316.040 para la obtención de materiales para llevar a cabo la reparación de veredas de la Comuna 14.

Paladino es uno de los nombres recurrentes en las obras de la Ciudad. Dedicada de lleno a la cons-trucción, fue contratada para diversas obras menores en la Comuna 6 (Caballito), donde los comuneros de la oposición denunciaron al presidente comunal Marcelo Iambrich por manejo irregular del presupuesto. En la denuncia se puso de manifiesto el reacondicionamiento del Skate Park de Parque Centenario por un valor de $ 499.855 y la adquisición de 320 árboles por un total de $ 398.994. En ambos casos, la persona contratada para llevar adelante los trabajos fue la arquitecta Viviana Alejandra Paladino.

En 2014, el ministerio de Justicia y Seguridad le adjudicó las reparaciones edilicias de una de las guardias de Auxilio y Emergencias, y ya se había presentado en 2011 a licitación para la remodelación de la sede de la Comuna 9, que finalmente no ganó.

El caso de Lausi Vía Pública es paradigmático. La compañía de Eduardo Osvaldo Lausi recibió
$ 3.996.675 para la reparación de veredas de diferentes zonas del barrio de Palermo. Lo llamativo es que la firma tiene como principal actividad la publicidad y la propaganda en la vía pública. Es más, de acuerdo a su sitio web, es el único servicio que presta. “Según la ley de Compras y Contrata-ciones, se debe demostrar la idoneidad para realizar la contratación. Acá no hay idoneidad”, señaló Charlon.cuadro 2

Similar situación ocurrió con Falco Servicios Hospitalarios SA, que en junio de 2014 fue beneficiada con $ 4.990.787 para el arreglo de veredas cuando su razón social se limitaba a la recolección, almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos patológicos. Fue recién en abril de este año cuando su presidente, Sebastián Curetti, decidió formalmente cambiar su nombre a Falco SA y su objeto a “proyectos, construcción y mantenimiento”, según fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.

 

Sin palabras

Según confiaron a Qué calificadas fuentes de la Procuración de la Ciudad, la presentación que realizaron los comuneros Marcelo Charlon y Gonzalo Toyos no prosperó.El motivo central es que no cumplió con los requisitos formales, ya que la Procuración interviene en pedidos de órganos, no individuales. “Remitimos el escrito hacia la Comuna para que, si lo desean, lo cursen por la vía correspondiente, que es a través de la Junta Comunal”, expresaron desde la Procuración. Hasta el momento, no recae sobre Corach ninguna denuncia penal y no se le ha acusado de ningún delito.
El 10 de diciembre, ambos comuneros del Frente para la Victoria y ex Proyecto Sur dejarán sus puestos y abrirán paso a los nuevos juntistas electos el 5 de julio.

Maximiliano Corach, por su parte, continuará por un mandato más, si es que no es nombrado en reemplazo de Macchiavelli al frente de la secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, como se rumorea. Lo cierto es que Revista Qué intentó, infructuosamente, comunicarse con el presidente comunal de Palermo con el objetivo de que haga su descargo. Desde su entorno aseguraron que no brindará declaraciones hasta que la Procuración le notifique la decisión que, al fin de cuentas, le da un poco más de tiempo.

LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION IMPRESA N° 48 DE QUÉ.

 

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