Revista Qué

3 Feb 2017 | Iron Mountain

Piden indagar a funcionarios del GCBA

A tres años del incendio en Barracas, la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37 solicitó la indagatoria de treinta y dos personas involucradas. A punto de cumplirse tres años de la masacre que ocurrió en el barrio porteño de Barracas, la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de […]

A tres años del incendio en Barracas, la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37 solicitó la indagatoria de treinta y dos personas involucradas.

DYN015, BUENOS AIRES 05/02/2014, INCENDIO EN UN DEPOSITO DE BARRACAS.FOTO.DYN/PABLO AHARONIAN.

A punto de cumplirse tres años de la masacre que ocurrió en el barrio porteño de Barracas, la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, Romina Monteleone, solicitó al responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18, Pablo Ormaechea, la indagatoria de treinta y dos personas involucradas en el incendio del depósito de la firma Iron Mountain, en el que fallecieron bomberos y rescatistas.

En base a las pruebas colectadas, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró“que   en la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento , de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”  .

En lo atinente a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  Monteleonesolicitó la citación de los funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP), Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi . El primero porque “se hallaba obligado a verificar que el depósito siniestrado reuniera condiciones aceptables de seguridad, obró un modo sumamente negligente y con una grave impericia en el desarrollo de su actividad (…) en virtud de haber contribuido a la creación de un riesgo de incendio peligroso para terceros”.

El segundo “ocupaba el cargo de Director General de Habilitaciones y Permisos y, consecuentemente, también el de Presidente del Consejo Ejecutivo del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones”, por lo cual “tenía el deber legal de recibir los informes y denuncias que los PVH pudieran efectuar sobre las anomalías detectadas en los locales y remitir lo actuado a las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o al Consejo Profesional respectivo, de ser necesario, con el fin de considerar la eventual aplicación de las penalidades pertinentes”.

Las citaciones también alcanzaron a funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así,  se requirió la indagatoria de Norberto Leandro Hirsfeld, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani, quienes en distintas oportunidades inspeccionaron las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del predio siniestrado, sin consignar anomalía alguna .

A pedido de la fiscalía  se requirió la indagatoria de Luis Alberto Cogo –Jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas-, Roberto José Chiesa –Director de Industrias y Otros Locales-, Vanesa Ileana Berkowski –Directora General de Fiscalización y Control-, Silvia Miriam Hers –Jefa del Departamento de Programación Operativa , posteriormente renombrado como Subgerencia Operativa de Programación Operativa-.

Por otro lado,  Rafael Mario Roldán, Fabián Conrado Davies y Pierre Louis Chapar–encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control, también deberán declarar  junto a Gastón Luis Laugle, Patricia Moroni y Jorge Andrés Salazar -responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa-.

Estos tres últimos funcionarios “entre sus responsabilidades primarias se encontraban las de desarrollar un control integral de los procesos inspectivos y verificar el cumplimento del Plan Operativo Anual, como así también la de proponer adecuaciones para su correcta implementación”.

Monteleone requirió indagar al encargado de Seguridad e Higiene de Iron Mountain, Héctor Eduardo García  “en virtud de tratarse del responsable directo de velar por el adecuado funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio y del incumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes del establecimiento”.

También pidió la declaración de Guillermo Eduardo Lockhart, en su calidad de gerente general de la firma, por haber intervenido en varias de las irregularidades señaladas en la investigación; y de los directivos de la misma, Pedro Meierhold, Gustavo Roberto Álvarez, Rodrigo San Miguel, Ricardo Daniel García y Miguel Carrillo quienes “obraron de manera imprudente al no observar los cuidados debidos consistentes en adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para disminuir el peligro de producción de un incendio que pudiere resultar lesivo para terceros en el marco de la actividad riesgosa que llevaban adelante”.

Otro de los citados es el apoderado de Iron Mountain,  Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, quien habría sobornado a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA) , para conseguir la habilitación del depósito.

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