Revista Qué

5 Ene 2016 | Competencias penales

Presión para la transferencia judicial

En un conflicto de competencia entre la Justicia nacional y la ordinaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió en un fallo reciente que las autoridades políticas aceleren el traspaso de las competencias a la órbita porteña.

A poco de la asunción del nuevo Gobierno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se metió en un tema espinoso y aprovechó un fallo para comprometer a las autoridades de Balcarce 54 y de Uspallata 3160 a que aceleren el traspaso de las competencias de la Justicia Nacional a la órbita porteña, viejo tema de discusión en las oficinas de la Ciudad.

“Resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional” sostuvo el Tribunal el 9 de diciembre ante un conflicto de competencia entre la Justicia nacional y la federal.

Corte-Suprema-argentina

La discusión forma parte de un tema que el PRO dejó correr a medida que se hizo más factible la llegada al poder de Mauricio Macri. En primera instancia, el partido amarillo tuvo la intención de avanzar en la confección de un nuevo convenio de traspaso pero prefirió aguardar ante un escenario de mayor sintonía.

En ese marco, el traspaso de las competencias penales es una de las cuestiones a saldar como parte de un paquete que incluye el Registro de Propiedad Inmueble, el Puerto y la Policía Federal, que se convertirá en el eje de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como parte de su política de seguridad.

Sin embargo en el PRO, por ahora, reina la cautela. Los dos principales armadores del traspaso de competencia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, son quienes por estas horas diagraman los detalles.

“Es algo que hay que hacer paso a paso y con tiempo. Pero antes, hay que resolver otra de las cuestiones de fondo que es la aplicación del Código Penal”, sostuvo a Qué una calificada fuente de legales del PRO. De esa forma, se parte de la premisa de hacer un traspaso por etapas, tal como plantea la mayoría de los proyectos en danza en la Legislatura porteña.

Ahora, en medio de esa cautela, la Corte exigió días atrás no demorar ese debate en la causa Corrales, Guillermo Gustavo y otros hábeas corpus donde se dio un conflicto de competencia entre la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y la Cámara Federal de Casación Penal.

En concreto, el debate tuvo lugar a raíz de la presentación de un hábeas corpus “en favor de todas las personas mayores de 70 años que permanecen detenidas en unidades carcelarias federales como imputados, procesados y/o condenados por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar”.

La causa llegó a la Corte luego de que la Justicia de instrucción y la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correcional declinaron su competencia frente al caso. A posteriori, llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, dado que se trata de detenidos del Servicio Penitenciario Federal, pero se abstuvo de tratar la cuestión ante la rapidez que requiere la resolución de hábeas corpus.

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda introdujeron la cuestión pendiente de las transferencias penales de la Nación y la Ciudad y en la resolución final, la Corte determinó que la Cámara Federal de Casación Penal es competente para tratar ese hábeas corpus, tal como había esgrimido la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correcional.

PAQUETE

“(…) en atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía no puede sino concluirse que el carácter transitorio de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencia antes aludidos”, sostuvo.

Se trata de un debate de esferas. La Justicia nacional ordinaria de la Capital Federal, en la que se encuentra la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correcional, aguarda un acuerdo entre el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña para colocarse en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las facultades otorgadas por la Constitución.

Ya hubo dos convenios anteriores de transferencias de competencias penales, pero el tercero quedó trunco luego de que el Congreso aprobó el tercer paquete de leyes que el macrismo nunca aceptó por la falta de garantía de los recursos y que empantanó la discusión durante mucho tiempo en el edificio de Perú 160.

En el reciente fallo, Lorenzetti y Maqueda hicieron hincapié en que “más allá de la innegable pertenencia al Poder Judicial de la Nación de los tribunales ordinarios de esta ciudad, la Justicia nacional criminal no posee competencia en materia federal”. Y señalaron que el traspaso gradual de

competencias -desde la Carta Magna de 1994- es “un requisito para que no se altere la administración de justicia”.

“Las competencias que actualmente ejerce la Justicia nacional ordinaria, que vale aclarar no son federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la Justicia local”.

Discusión

En 2011 el Congreso sancionó la ley 26702 en el que transfería ese paquete y que la Legislatura de la Ciudad debía convalidar “sin limitaciones ni reservas”, tal como se consigna en el artículo 8 de la norma promovida por el kirchnerismo. Los recursos y el plazo son la espina de la discusión.

La aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal reabrió la discusión este año cuando se llegó a plantear que tuviera vigencia en la Ciudad a partir de septiembre, pero el PRO se opuso al entender que se “avasallaba” la autonomía porteña. El debate se descomprimió cuando se postergó la entrada en vigencia para el 1º marzo con el gobierno entrante. Y hay intenciones de revisar la norma.

De acuerdo a juristas del PRO, la transferencia de una vez representa el traslado automático de 30 mil delitos a investigar por año, idéntico volumen al que hoy tiene frente así el Poder Judicial con los delitos ya transferidos. En términos económicos el movimiento de causas es estimado en el macrismo entre los 250 y los 300 millones de pesos.

 

LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION IMPRESA N° 64 DE QUÉ.

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