Revista Qué

2 Sep 2015 | Beara

Procesaron a ex funcionarios macristas

Cuatro ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) fueron procesados sin prisión preventiva y sufrieron embargos de tres millones de pesos por el “homicidio culposo y cohecho” de las dos jóvenes que murieron al derrumbarse un entrepiso del boliche Beara, en 2010. Fuentes judiciales indicaron esta mañana que la jueza de […]

Cuatro ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) fueron procesados sin prisión preventiva y sufrieron embargos de tres millones de pesos por el “homicidio culposo y cohecho” de las dos jóvenes que murieron al derrumbarse un entrepiso del boliche Beara, en 2010.

Fuentes judiciales indicaron esta mañana que la jueza de instrucción Alicia Iermini procesó al entonces jefe de habilitaciones, Martín Farrell; al ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas; al arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones, Isaac Rasdolsky; y a la ex directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski.

“Al fin un poco de sentido común”, sostuvo una calificada fuente judicial de la causa al enterarse del fallo.

Police officers stand outside the disco Beara in Buenos Aires on Sept
En la misma resolución, junto a los funcionarios macristas fueron procesados los comisarios y subcomisarios de la seccional 25 Rodolfo Cabezas, Luis Eduardo Acosta, Gustavo Fabián Lombardo, Osvaldo Bachmann, Guillermo Erdman, Gustavo Lombardo y Julio Alfredo González.

Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2010 cuando un precario entrepiso construido en el boliche Beara, situado en el barrio porteño de Palermo, se derrumbó provocando lesiones que determinaron la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20.

La magistrada detalló que el local “no fue controlado correctamente ni antes, ni después de ser habilitado y en consecuencia tanto la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, como la Dirección de Fiscalización y Control fueron eslabones que no sacaron a la luz las irregularidades que poseía Beara y que concluyeron con el fatal suceso investigado”.

En el marco de esta investigación el año pasado la Sala Séptima de la Cámara del Crimen había determinado los sobornos afirmando que existe “un plexo probatorio suficiente” sobre “el pago ilícito de dinero” para la habilitación.

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