Revista Qué

23 Abr 2016 | Time Warp

Pulseada para auditar Costa Salguero

El Frente para la Victoria ya motorizó un pedido de auditoría especial para examinar la concesión del predio, así como los controles de la Agencia Gubernamental de Control. La resistencia de PRO y la atención que se lleva el radicalismo.

En medio de la polémica por la tragedia de Time Warp, el Frente para la Victoria ya inició en la Auditoría General de la Ciudad el proceso para avanzar en un proyecto que examine la concesión del predio de Costa Salguero y los controles oficiales la noche en la que murieron los jóvenes, discusión que irá a plenario la semana entrante.

En efecto, la presidenta del organismo, Cecilia Segura Rattagan y el auditor Hugo Vasques –ambos del FpV– ya elevaron al Departamento de Actuaciones Colegiadas la solicitud para investigar la concesión del predio de Costa Salguero durante 2015, así como los controles de los inspectores esa noche.

El memorando –al que tuvo acceso RevistaQué.com– solicita que se incluya el proyecto “Concesión de ocupación, uso y explotación del predio de Costa Salguero” en el orden del día de la próxima reunión del Colegio de Auditores, para su incorporación al Plan Anual de Auditoría.

Esa avanzada marca un punto de discusión con el resto de las fuerzas, cuyo parámetro es lo que ocurrió en la Legislatura, con la negativa macrista a conformar una Comisión Investigadora sobre los hechos en torno a la organización del evento y a la relación de la concesionaria con la Ciudad.

La Auditoría está integrada por siete miembros: tres de PRO, una por la Unión por la Cívica Radical, uno de la Coalición Cívica, y dos del FpV, que además tiene la presidencia. La correlación de fuerzas exige que para superar a PRO haya una unión de la oposición, algo que no está cerrado aún.

Si bien no se conoce de manera oficial el posicionamiento del macrismo, los auditores Jorge Garayalde, Raquel Herrero y María Victoria Marcó dejaron trascender su resistencia en los primeros momentos, algo que también dependerá de la decisión que llegue luego desde Parque Patricios.

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Reunión de la Auditoría.

En tanto, desde el entorno del “lilito” Facundo Del Gaiso se señaló que acompañará la iniciativa, a partir de su trabajo sobre irregularidades en distintas aspectos del gobierno porteño, como bacheo, comunas o acarreo.

Pero la atención está puesta en la auditora Mariela Coletta, alineada con el titular de la UCR porteña Emiliano Yacobitti, quien puede inclinar la balanza para un lado o para otro, incluso si decidiera abstenerse. Por caso, en la Legislatura, la UCR –al frente del bloque SUMA +– apoyó la Comisión Investigadora, pero no acuerda aún en solicitar una sesión especial para una interpelación.

El objetivo del proyecto pone el acento en la tarea de la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Modernización, en cuanto al predio; pero también las acciones de la Agencia Gubernamental de Control –bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad– de cara al evento de Time Warp.

Se propone auditar desde el 2006 a la fecha y estiman 4000 horas de trabajo. Su alcance está delimitado por un examen de la concesión de uso de espacio público, de las subconcesiones existentes en el predio, de las actividades desarrolladas, como así también de la correcta autorización y fiscalización de las mismas, en especial, en relación “al evento Time Warp”.

Según el documento, se pretende “controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de contrato” y “la efectiva fiscalización de los organismos competentes”. En efecto, el predio está en el ojo de la tormenta porque la concesionaria Telemetrix paga un canon de más de $260.000 a la Ciudad, una cuestión que figura en una denuncia penal sobre irregularidades en las concesiones, adelantada por Qué meses atrás.

A eso se suma, que entre las subconcesionarias de todo el complejo se encuentra Costa Salguero S.A. en la que Fernando Polledo Olivera, marido de la vicepresidenta I de la Legislatura Porteña, es socio minoritario. La diputada, no obstante, desmintió cualquier apartamiento de lo legal la semana pasada.

Ese combo se completa con las distintas revelaciones aparecidas en los últimos días a partir de la investigación judicial como el exceso en la capacidad de personas esa noche en el predio, así como el aparente ocultamiento de bolsas de drogas por parte de la Prefectura.

“Dada le relevancia social, la Auditoría puede incluir, de modo muy excepcional, un proyecto en el Plan Anual de Auditoría. Y creemos que ahora está dada esa situación”, consignó a RevistaQué.com el auditor del Frente para la Victoria, Hugo Vasques.

Otro de los argumentos que pesa es que para casi la totalidad de la oposición las respuestas que dio el lunes el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, en la Legislatura “no alcanzaron”. “No pudo entregar los nombres de los fiscalizadores, por ejemplo”, criticó Vasques.

 

 

Fundamentos

Según señalan, Segura y Vasques la inclusión de ese proyecto apunta a dar “una respuesta institucional en medio de la tragedia. Y remarcan que el Colegio de Auditores se encuentra facultado a realizar auditorías o exámenes especiales que por su trascendencia no pueden postergarse, de acuerdo a la Resolución 191/15, que versa sobre el plan Anual de la Auditoría del 2016.

Como la Auditoría trabaja sobre períodos cerrados, ambos recalcan que el proyecto cumple con las normativas vigentes al tratarse de un proyecto “ex post”. El término ex post no alude necesariamente a año presupuestario cerrado sino, a todo proceso o procedimiento llevado a cabo por un organismo que no interviene en el circuito

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