Revista Qué

26 Nov 2014 | Nueva planta de reciclaje

Residuos: un negocio privado

Cinco empresas se presentaron en una millonaria licitación para quedarse con los suculentos dividendos del reciclaje. Funcionará en un predio de Bajo Flores.

El gobierno de Macri lanzó una licitación por casi 70 millones de pesos para la construcción de una nueva planta que se encargará del tratamiento completo de materiales reciclables. Por el acuerdo ofertaron cinco grandes empresas, nacionales y extranjeras, que llevarán a cabo un trabajo similar al que hoy hacen las distintas cooperativas de recicladores urbanos.

A través del ministerio de Ambiente y Espacio Público a cargo de Edgardo Cenzón, se aprobó el pliego y se llamó a licitación pública para la “provisión, instalación y puesta en marcha, llave en mano, de una línea automática completa para la recepción, separación y preparación de materiales reciclables para su posterior comercialización, con su correspondiente operación y mantenimiento”.

Inauguracion Barracas

La suma asciende a 68.800.000 pesos y tuvo como plazo de apertura de sobres el pasado 11 de noviembre, según marca el Boletín Oficial del 29 de octubre. Esta nueva iniciativa propone el establecimiento de una planta a ubicarse en el centro verde de la “vieja usina”, Av. Varela y Chilavert, frente a la cancha de San Lorenzo, donde también funcionan la planta de tratamiento de residuos áridos.

Del monto final de 68,8 millones de pesos, se desprenden $ 40.000.000 para la construcción de la planta en un plazo de 8 meses y 28.800.000 pesos para el mantenimiento mensual por un período de 4 años.

Las compañías oferentes son las mismas cinco que participaron en el mes de marzo para construir otros dos centros de reciclado en la Ciudad. Varias de ellas no tienen experiencia en el rubro, como es el caso de Aloeste SA, dedicada en realidad a los servicios y construcciones inmobiliarias.

En tanto que otras están muy ligadas al actual gobierno porteño, como Tecsan Ingeniería Ambiental SA, perteneciente al Grupo Roggio, reconocido por tener la concesión de los subtes Metrovías y de la empresa de recolección Cliba.

También está IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA), encargada del transporte de la basura en la provincia de Mendoza y en la Comuna 6 de Capital a través de Integra SA. Pese a ser una mega compañía con sedes en el extranjero, está en default con una deuda de 1.200 millones de dólares y espera un guiño de parte de los diferentes gobiernos que puedan salvarla de la crisis. La firma ya suspendió a gran número de trabajadores y tambalea ante una quiebra latente.

A su vez aparecen dos UTEs. Una formada por la empresa italiana Montello SPA, dedicada al tratamiento de residuos, la constructora Bellaria SRL y Reconstrucción Caños SA que ya ganó otras licitaciones en la Ciudad para el mantenimiento de cloacas y cañerías.

Mientras que la otra unión la integran la sucursal de la compañía española Griño Ecologic SA, que cuenta con seis plantas en su país y participa en la construcción de la planta de tratamiento de residuos de Ensenada (aún no concluida) en conjunto con Constructora Sudamericana SA, dedicada a los negocios inmobiliarios.

“En la nueva planta se tratarán un total de 60 toneladas por día de materiales reciclables, entre los que se separarán: papel, cartón, vidrio, metales ferrosos, metales no ferrosos, diferentes tipos de plásticos y basura”, explicó Ariana Rozenek, gerente operativo de Residuos Sólidos Urbanos de la dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías, perteneciente a la subsecretaría de Higiene Urbana del ministerio de Ambiente y Espacio Público.

La funcionaria nunca mencionó el proceso específico y esbozó que allí, “se recibirá el material proveniente de la recolección diferenciada, la separación en origen realizada por los vecinos y recolectada por los recuperadores urbanos en mano o mediante el uso de las campanas verdes destinadas a tal fin”.

Pero varias cooperativas que agrupan a casi 4.500 trabajadores mostraron su preocupación debido a que la misma tarea ya la realizan ellos en menor escala.
La diferencia radica en que las organizaciones se encargan también de la logística de recolección diferenciada de los residuos “verdes”.

De todas formas, los cooperativistas aducen que el proyecto ignora la ley 1854 de Basura Cero que marca prioridad a los recuperadores urbanos por sobre las empresas privadas. Es que, a pesar de recibir un subsidio de 2 mil pesos por mes que otorga el Estado, los trabajadores obtienen las ganancias por las ventas del material reciclado.
En tanto, en la nueva planta, a la hora de responder quién se quedará con los fondos obtenidos del reciclaje, desde la dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente de Thierry Decoud, no dieron respuesta alguna y no aclararon si será el gobierno o las empresas.

El tratamiento apunta a reducir la cantidad de los residuos sólidos urbanos que la Ciudad entierra en la CEAMSE, adonde se dirige actualmente casi el 60% de las 6.200 toneladas de basura que se generan a diario. Las cifras difieren de las mencionadas por los funcionarios oficialistas y Mauricio Macri, quien afirma que “llegamos casi al 50% de la reducción de basura final, es un récord”.

Sin embargo, las ofertas para la construcción de la nueva planta ya están siendo analizadas por la Comisión Evaluadora de ofertas y en breve se conocerá el ganador. Lo que sí se sabe es que estará entre las amigas del gobierno, las que no tienen

experiencia o que tienen sus números en rojo.

LA NOTA COMPLETA EN EL N° 7 DE REVISTA QUÉ.

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