Revista Qué

10 Ago 2016 | DENUNCIAS CONTRA LA POLICÍA

Sexo, drogas y rock & roll

La Policía Federal acumula una serie de acusaciones por su escaso accionar contra la trata de personas, el juego y el narcotráfico. El fiscal federal Federico Delgado las señala y el legislador por Bien Común, Gustavo Vera, denuncia una red de recaudación. Sexo, drogas y mucho rock and roll. Las denuncias sobre la Policía Federal […]

La Policía Federal acumula una serie de acusaciones por su escaso accionar contra la trata de personas, el juego y el narcotráfico. El fiscal federal Federico Delgado las señala y el legislador por Bien Común, Gustavo Vera, denuncia una red de recaudación.

Nota de tapa QUE #96

Sexo, drogas y mucho rock and roll. Las denuncias sobre la Policía Federal traspasada no dejan de llover. Las críticas son variadas y los puntos en los que desde la oposición porteña le piden mayor transparencia al Gobierno de la Ciudad van desde vinculaciones de oficiales y suboficiales -y de ahí para arriba- con narcotraficantes; hasta relaciones con organizaciones dedicadas a la trata de personas.

“Hay mucho secretismo con respecto al traspaso de la PFA. Muchos de los efectivos tienen causas penales. Los 52 comisarios de la Federal tienen identificado el mapa del delito. Son inteligentes y eficientes para recaudar”, denunció el legislador porteño por Bien Común, Gustavo Vera.

Además de los planos delictivos que elabora junto a varios de los vecinos de algunas comunas, Vera utiliza los informes que realizó el fiscal federal Federico Delgado, en donde al mirar las cifras, se exponen algunas situaciones poco claras vinculadas a las problemáticas antes mencionadas.

Por ejemplo, según el racconto de 2014, al que tuvo acceso Qué, menos del 3 % de todas las denuncias que ingresaron en las once comisarías ubicadas en las zonas más calientes de la Ciudad correspondieron a delitos de dicha índole. “Es obvio que hay una connivencia policial para recaudar”, afirmó Vera.

Pero la prostitución, según varios expedientes judiciales, tiene otra pata más, ya que en la mayo-ría de las investigaciones se la encuentra ligada a la venta y al menudeo de narcóticos.

Según el informe que elaboró el Fiscal Fede-ral, de 145.164 sumarios que se labraron en 2013 en las -por entonces- 53 comisarías de la Ciudad, 61 fueron por infracción a las leyes de trata de personas; y 177 por posibles infracciones a la Ley de Profilaxis.

En la documentación, Delgado también hace un desglose del accionar de la Federal, donde admite en lo referido a la investigación territorial, sobre todo en cuanto a la trata de personas, no existe un compromiso de la fuerza. “Si nos indican un domicilio puntual nosotros lo investigamos, pero no podemos ir de lo general a lo particular, porque son las comisarías locales las que tienen la obligación de actuar en la prevención”.

La denuncia del presunto secretismo con la Ley de Seguridad y los pormenores del traspaso de la PFA no es un tema exclusivo de Vera. Desde el bloque del Frente para la Victoria lo remarcaron en la última sesión en la Legislatura porteña. “El ministro Ocampo responde a las operaciones que hace la Policía, y no fue capaz de venir o de mandar a alguien para discutir en qué situación estamos con respecto al traspaso”, sostuvo el legislador Gabriel Fuks.

La Ley de Seguridad Pública es otro de los temas escabrosos. Desde hace ocho meses, toda la actividad policial en la Ciudad se regula con el decreto del traspaso. Pero la elaboración de dicha norma se pospuso. Hace dos meses comenzaron los primeros movimientos, que fueron tomando impulso con el correr de las semanas. El apremio, ex-plican las fuentes, sería para tener todo listo antes que se termine el proceso legislativo.

A quien se le encomendó la redacción de dicha normativa es a la rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) -la escuela de formación de la Policía Metropolitana- la jueza de Cámara Marcela De Langhe. Si bien fue colocada en el cargo por el exministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, se trata de una jueza que no tiene padrinazgo político y cuya designación se debió más a un tema de especialización en la materia.

Mientras, la cúpula de la Federal traspasada, como también de la fuerza policial que quedó bajó el control del Ejecutivo nacional, son puestas en duda por varios sectores políticos de la Ciudad.

“El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta mantuvo a todos los comisarios. No cambió nada”, remarcó el referente de la organización La Alameda, Lucas Schaerer, quien señaló también la denuncia contra el jefe de la Federal traspasada, Guillermo Calviño, por la presunta protección a oficiales investigados por el cobro de coimas.

Según calificadas fuentes gubernamentales, el secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro mantuvo, cuando se conoció la indagatoria, una serie de encuentros con Calviño. “Se vio todo el expediente y se determinó que no había tenido nada que ver con la causa. Por eso se lo ratificó”, explicaron.

DENUNCIAS Y SOSPECHAS

De las 54 comisarías que hay en la Ciudad de la Policía Federal traspasada, al menos 13 fueron denunciadas por los vecinos o las organizaciones barriales, según las cifras que maneja La Alameda. “El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, está al tanto de todas las denuncias presentadas en las comisarías y no hace nada”, sentenció uno de los referentes de dicha organización, Lucas Schaerer. Dentro de listado, al menos siete de ellas, la 43°, la 4°, la 1°, la 3°, la 11°, la 42° y la 40°, están sospechadas por estar en connivencia con diferentes asociaciones delictivas dedicadas a la venta de narcóticos y la trata de personas.

EL JUEGO CLANDESTINO

Otra de las cajas de la Policía Federal que denunció el legislador porteño Gustavo Vera se encuentra vinculada al juego clandestino, los denominados “garitos”.

Según una serie de informes elaborados por La Alameda, en algunos casos, como con la casa de juego clandestino en la calle Boedo , había un oficial en la puerta, que correspondía a la Comisaría 10°. En ese local funcionaba una casa de pokér que habría pagado para tener dicha protección.

“Hay 2.800 cámaras de seguridad, informes de vecinos, fuerzas de inteligencia; el Ministerio Público Fiscal entero; todo a su favor. Pero hace ocho años que hacen agua en la Ciudad”, afirmó, en diálogo con este medio, Gustavo Vera.

EL ROL DE LOS CURAS VILLEROS

En la Ciudad, en sendas investigaciones judiciales y del ministerio de Seguridad de la Nación, se encontraron varios “puntos narcos”, en especial en la Villa 1-11-14, en donde, según denunció en su libro el exinformante de dicha cartera, Jorge Rodríguez, se localizan varias cocinas de drogas.

Para el legislador porteño Gustavo Vera, es llamativa la falta de información por parte de las fuerzas de seguridad en contraposición de la que manejan los denominados “curas villeros”. “¿Cómo puede ser que los curas tengan más información que la propia Policía? Saben dónde están las cocinas, los prostíbulos, los casinos clandestinos”, retrucó Vera.

Por dicha razón, desde la organización La Alameda, confeccionaron junto a varios vecinos diversos mapas del delitos en varias de las 15 Comunas de la Ciudad, en especial en la zona del Bajo Flores.

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