Revista Qué

2 Jun 2016 | POLÉMICA EN PUERTA

Suspenden parte de “Mi Escuela Saludable”

La Justicia frenó el normal desarrollo del programa nutricional que el Gobierno porteño realiza desde 2012 en las escuelas primarias. Es por la participación de una ONG internacional que, respaldada por multinacionales, indaga en los hábitos alimenticios de los chicos. El sobrepeso y la obesidad son dos flagelos que vienen desde hace tiempo y que […]

La Justicia frenó el normal desarrollo del programa nutricional que el Gobierno porteño
realiza desde 2012 en las escuelas primarias. Es por la participación de una ONG internacional que, respaldada por multinacionales, indaga en los hábitos alimenticios de los chicos.

escuelas

El sobrepeso y la obesidad son dos flagelos que vienen desde hace tiempo y que irrumpen cada vez con más fuerza en el ámbito de la niñez. Y hace rato que el Gobierno porteño viene trabajando en ese aspecto para poner un freno a dichas enfermedades, que se desencadenan cada vez con más frecuencia en el espectro infantil.

Por eso, en 2012 se lanzó en la Ciudad el programa “Mi Escuela Saludable”, con la intención de apuntalar a los niños hacia una alimentación más sana. Fue la segunda de Mauricio Macri en aquella época, María Eugenia Vidal, quien presentó el programa con bombos y platillos en la escuela primaria “Bernardino Rivadavia” de calle Larrea. La acompañaron Horacio Rodríguez Larreta, Esteban Bullrich y el actual ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus.

Allí, la por entonces vicejefa del Gobierno de la Ciudad y ahora gobernadora de la Provincia, anunció: “Venimos a presentar un proyecto participativo para toda la comunidad educativa, que se desarrollará a través de talleres de nutrición armados especialmente en las escuelas”. Lo que no dijo Vidal fue que del proyecto participarían empresas privadas que, según señalan desde sectores opositores, buscan reacomodar y elevar sus estrategias de marketing en base a estudios y mediciones efectuados sobre los alumnos de las escuelas primarias porteñas.

Al menos así lo cree Jorge Adaro, el secretario general de la Asociación Docente ADEMyS, quien en diálogo con este medio no anduvo con vueltas: “Están utilizando a los pibes como conejillos de India”, disparó. Adaro esgrimió sus argumentos y despotricó contra una parte del programa que implica un sistema de encuestas para conocer detalles y
profundizar sobre los hábitos alimenticios de los chicos.

Este año es el quinto consecutivo en el que “Mi Escuela Saludable” funciona en casi 200 escuelas públicas situadas a lo largo y ancho de la Ciudad. Según informaron fuentes oficiales del sector de Educación, el proyecto “es buenísimo porque tiene como objetivo prevenir enfermedades como la obesidad infantil”.

En ese sentido, el programa, que se despliega directamente bajo la órbita de la Vicejefatura de Gobierno, reúne a un buen número de profesionales de la salud que llevan adelante la premisa matriz del asunto, según consta en su página web oficial: “Promover un cambio cultural para el desarrollo de hábitos y prácticas saludables a fin de prevenir, disminuir y revertir el avance del sobrepeso, la obesidad y ofrecer más y mejores oportunidades para toda la comunidad escolar”.

El viernes 20 de mayo, el juez Lisandro Fastman, titular del juzgado N° 14 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, hizo lugar al amparo colectivo presentado por Adaro y por Gustavo Vera, legislador de Bien Común.
En el documento, al que tuvo acceso Qué, se pidió la suspensión momentánea de una parte del programa que implicaba la indagación directa a los chicos, mediante un sistema de encuestas, acerca de sus hábitos alimenticios. La justificación fue que esas encuestas iban a realizarlas, en conjunto, el grupo de nutricionistas y
la ONG ILSI (Instituto Inter-nacional de Cien-cias de la Vida), organismo que se dedica a promover la salud pública a nivel mundial.

Sucede que el ILSI es respaldado por un vasto número de firmas multinacionales que, curiosamente, muchas de ellas van en contra de la sana alimentación: Monsanto, Coca Cola y Syngenta son algunas de las catorce compañías que asoman detrás de la ONG. En cuanto a ese punto, la participación del organismo abarca solamente el sistema de encuestas y no guarda relación alguna con el resto del programa.

La denuncia de Vera y Adaro se basa estrictamente en los relevamientos que “Mi Escuela Saludable” iba a llevar a cabo con la ayuda del ILSI. “Hay organismos del Estado que pueden encargarse de programas de este tipo. El Gobierno no puede delegar en empresas privadas la educación o el seguimiento de programas en las escuelas”, sostuvo Adaro.

Lo mismo consta en el artículo 21 de la Constitución de la Ciudad, que prohíbe la participación de entidades privadas en tareas de planificación o evaluación de programas de salud. Lo cierto es que “Mi Escuela Saludable” aborda a 176 colegios de niveles inicial y primario en los que hay sobrepeso y obesidad. Para ello se organizan diversas actividades y talleres en conjunto con alumnos, docentes y familiares. Además está la producción de una “revista saludable”, una publicación bimensual que llega a toda la comunidad educativa; y el proyecto “Recreos en Movimiento”, que fomenta la actividad física en los colegios.

Lo que no está claro es el presupuesto que la Dirección de Desarrollo Saludable le destina al programa. “Estamos tratando de investigar, porque es de difícil acceso llegar a dar con la información. Lo que sí, de los presupuestos destinados a la escuela pública redestinan para hacer este tipo de emprendimientos privados o empresariales, que están completamente alejados del espíritu de la escuela pública”, señaló Adaro.

Este medio se comunicó con los sectores correspondientes del Gobierno para interiorizarse acerca de los montos destinados al programa, pero no obtuvo precisiones. Según consta en ejecuciones presupuestarias, la Dirección de Desarrollo Saludable gastó entre 2012 y 2015 alrededor de 170 millones de pesos, cuyo destino no se determina.
Ahora, con el fallo del juez Fastman, el Gobierno deberá dar precisiones acerca del programa.

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