Revista Qué

15 Jun 2016 | Fallo judicial

Suspendieron un desalojo en Constitución

Las familias que viven en Hotel Edén, ubicado en Brasil 1517, pagaban regularmente el sub-alquiler hasta que en 2008, cuando se venció el contrato, el administrador desapareció dejando deudas e irregularidades y la dueña inició acciones legales. Aunque los inquilinos quisieron continuar el vínculo contractual directamente con ella, la propietaria quiso disponer de la propiedad. […]

Las familias que viven en Hotel Edén, ubicado en Brasil 1517, pagaban regularmente el sub-alquiler hasta que en 2008, cuando se venció el contrato, el administrador desapareció dejando deudas e irregularidades y la dueña inició acciones legales.

Aunque los inquilinos quisieron continuar el vínculo contractual directamente con ella, la propietaria quiso disponer de la propiedad.

Hoy, luego de dos intentos de desalojo frenados a instancia de la Defensoría de Menores, el Juzgado Nacional en lo Civil 34 había dispuesto una nueva orden que se iba a hacer efectiva a las 8 de la mañana de hoy.

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“Estaba previsto un desalojo en un hotel donde habitaban más de 20 familias, entre ellos 17 menores y tres discapacitados. Por suerte se pudo llegar a un acuerdo comprometiendo al Gobierno de la Ciudad a que dé una solución habitacional definitiva a estas familias”, indicó a Télam Pablo Vicente, miembro del movimiento de profesionales por los pueblos de Patria Grande.

“En el acuerdo -agregó- la solución quedó abierta a lo que disponga el IVC, aunque seguramente será un crédito accesible a la posibilidad económica de cada familia”.

Desde ayer, luego de que se realizara un festival para visibilizar la problemática e informar a los vecinos la situación, representantes de diferentes organizaciones políticas y sociales iniciaron una vigilia que se extendió hasta las 10.30 de la mañana de hoy, momento en que se resolvió el acuerdo.

Carlos Ramírez, abogado de la dueña del hotel, indicó que “la situación para llevar adelante el desalojo era complicada: la gente estaba decidida a no irse y la policía estaba decidida a actuar”.

“Nosotros -abundó- no estábamos de acuerdo con que hubiera violencia, por los chicos y también por los grandes, así que acordamos dejarlos quedarse por un plazo máximo de 180 días para que el IVC resuelva cómo ayudar a estas familias”.

Por último, el legislador porteño José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV), que formó parte de la negociación que se realizó en plena calle, destacó que “hay un problema estructural en la Ciudad de Buenos Aires por la falta de vivienda”.

“Hay una falta de presupuesto histórica para este problema. Hay 350 mil personas que no tienen donde vivir en la ciudad más rica de la Argentina y este tipo de soluciones son parches porque no hay una política de vivienda distinta”, agregó.

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