Revista Qué

28 Abr 2015 | Falencias de la Ciudad

Talleres clandestinos: las deudas de Macri

El Gobierno de la Ciudad adeuda desde hace más de seis años la reglamentación de la ley 3019 que declara la Emergencia laboral y de infraestructura en las pequeñas empresas. Desde la Auditoría de la Ciudad señalan que faltan inspectores y que hay irregularidades en los controles.

En medio del impacto mediático que generó la muerte de dos nenes en un taller clandestino en Flores, se conoció que el Jefe de Gobierno Mauricio Macri adeuda desde hace seis años la reglamentación de la ley 3019 que busca la regularización de estas empresas cuestionadas.

La norma se presentó en 2008 a instancia del propio Macri y se aprobó por mayoría simple en marzo de 2009 cuando Diego Santilli estaba a cargo de la Legislatura Porteña. Sin embargo, desde entonces el gobierno porteño nunca la reglamentó.

Con ella, se declara la “Emergencia laboral y de infraestructura en la micro y pequeña empresa de las industrias de la indumentaria, calzado y afines” de la Ciudad, y crea el Programa “Buenos Aires Produce” para promover la regularización de las empresas declaradas en emergencia.

la alamedaAsí, se busca la adecuación edilicia del sector laboral en el período de un año a partir de la suscripción de un convenio con la Ciudad lo que coloca a la firma adherente en “situación de obtener un permiso provisional precario, personal e intransferible, de renovación anual”.

Quienes adhieran deben comprometerse a tener todos los trabajadores registrados y a respetar los requisitos. Por su cumplimiento, se puede recibir un subsidio a microemprendimientos de hasta 5 mil pesos para la compra exclusiva  “de materiales e insumos necesarios”.

Sin embargo, la norma no cumplió el proceso de reglamentación. En medio de polémica, la cuestión saltó ya a la luz en 2013 cuando la mujer de Macri, Juliana Awada, fue denunciada por trata de personas en dos firmas a las que está vinculada. Se trata de la marca Awada de su propiedad, y Cheeki, de su familia, que quedaron en el ojo de la tormenta.

Ambas empresas fueron denunciadas penalmente por la organización social La Alameda por utilizar talleres clandestinos con mano de obra esclava para la confección de sus prendas. “Awada alienta el trabajo esclavo”, afirmó en aquel entonces el diputado Juan Cabandié.

Ante la reciente noticia, el auditor de la Ciudad por el FpV, Eduardo Epszteyn recordó la falta de reglamentación de la norma y además trajo a colación diferentes faltas que existen por parte de la policía de Trabajo del Gobierno de la Ciudad.

“La cantidad de tiempo en la que se notifica la infracción y se efectiviza la multa llega a haber más de 360 días. La mayoría de las multas, más del 80%, no se cobra” afirmó Epszteyn en declaraciones a Radio del Plata al tiempo que aseguró que hay sólo 100 inspectores para toda Ciudad. “Muchos menos de los necesarios”, acotó.

En ese sentido, cabe rescatar el informe 4.11.13 de la Auditoría General de la Ciudad, del que se desprende que de la escasa partida de 750 mil pesos destinada a subsidios y regularización de talleres se usó para la contratación de la consultora UBATEC a la que se encargó asesoramiento en la digitalización de imágenes PDF.

 

Irregularidades

El taller de Flores incendiado, que ya había sido denunciado por la Alameda, puso la lupa en los controles de la Ciudad. ¿Por qué seguía funcionando entonces? “Porque el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, en lugar de proteger a los trabajadores como su función lo indica, protege a los empleadores, y en este caso peor aún porque protegió a un taller clandestino”, dijo a Télam, el inspector Edgardo Castro

Castro sostuvo además que Macchi debería renunciar “porque él recibió la denuncia, y notificó al taller en lugar de ir a clausurarlo”.  En esa línea, recordó además que durante la gestión de Aníbal Ibarra ocurrió un hecho similar, aunque en ese momento el gobierno “denunció al propio director de Trabajo”.

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