Revista Qué

18 Mar 2017 | Justicia

Transferencia complicada

Luego de la rúbrica del convenio que plantea el traspaso de una parte de la Justicia nacional a la órbita porteña, la polémica continúa. Sigue la reticencia de trabajadores, magistrados y funcionarios judiciales. Desde el Gobierno y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad fundamentan la medida. Con la firma del convenio, refrendado por […]

Luego de la rúbrica del convenio que plantea el traspaso de una parte de la Justicia nacional a la órbita porteña, la polémica continúa. Sigue la reticencia de trabajadores, magistrados y funcionarios judiciales. Desde el Gobierno y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad fundamentan la medida.
Con la firma del convenio, refrendado por Maurico Macri y Horacio Rodríguez Larreta en enero pasado, que establece el traspaso de una parte de los juzgados nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, incluidos sus presupuestos, persisten las controversias que generó tal medida. Pese a que resta la ratificación de la transferencia por parte de la Legislatura porteña y de ambas cámaras del Congreso nacional, los actores involucrados continúan con sus posturas antagónicas.
Desde un lado, quienes apoyan la medida aseguran que “servirá para darle más seguridad a la gente y, claramente, va de la mano del traspaso que ya se realizó de la Policía”, tal como señaló el jefe de Gobierno porteño. Por otro lado, trabajadores de la Justicia nacional, funcionarios y magistrados plantean que la decisión del traspaso fue inconsulta, que tiene tintes de inconstitucionalidad y que vulnera sus derechos laborales.
Revista Qué dialogó con distintos representantes de las facciones en conflicto, quienes aportaron su visión sobre el estado actual y los pasos venideros del traspaso judicial.
El presidente del Consejo de la Magistratura porteña, Enzo Pagani, se refirió a la labor que desempeña su organismo en estos momentos: “Nosotros estamos trabajando en un doble sentido. Por un lado, preparando toda la infraestructura de la Ciudad, no sólo de espacio físico, de estructura edilicia, sino también de todo lo que tecnológicamente deba requerirse para este traspaso.
Trabajamos junto a nuestros jueces, fiscales, defensores y aseso-res en lo que es la capacitación para los tipos penales que se están transfiriendo. En este convenio, en materia penal, se están transfiriendo casi cuarenta tipos penales que no estaban en la orbita de la Ciudad, sobre los cuales, lógicamente, nuestros jueces tendrán que efectuar algún nivel de adaptación y de perfeccionamiento, como es práctica habitual del Poder Judicial de la Ciudad”.
 Jorge Enríquez, subsecretario de Justicia del Gobierno porteño, declaró que hay mucha desinformación sobre el tema en cuestión: “Los propios involucrados en el traspaso poseen información errónea acerca de los derechos y beneficios que tienen en la Nación y en la Ciudad, y esto provoca que se tenga temor al cambio. Con respecto al tema de la obra social, Enríquez afirmó que “es exactamente la misma que tienen los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial nacional y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
 Sobre la cuestión jubilatoria, Enríquez dijo: “El 82 % móvil lo cobran hoy en la Ciudad de Buenos Aires, es exactamente la misma caja previsional que Nación”. Y en materia salarial, el alto funcionario porteño dijo que “la intangibilidad de remuneraciones está suficientemente garantizada por la Constitución porteña, por la ley Cafiero y por los convenios que se han firmado.
Imagínese que nosotros vamos a tener que aumentarles en algunas categorías a los funcionarios nuestros, y en las categorías inferiores a los funcionarios y empleados del Gobierno nacional, porque algunas están más desfasadas, cobran más en Nación, pero los de menor nivel están cobrando menos que los nuestros”.
Tanto Enríquez como Pagani sostienen que los trabajadores judiciales nacionales con los que charlaron no les han planteado argumentos de resistencia al traspaso a la órbita porteña. El presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad advirtió que “sí hay una postura de resistencia gremial, que es más política”.
De parte de los trabajadores judiciales, Omar Ruiz, miembro nacional de la Comisión Directiva de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), sentenció: “La realidad es que están garantizando la impunidad de los funcionarios de la Ciudad con la transferencia del fuero Penal, porque si bien están diciendo que quieren transferir algunos juzgados donde no hay jueces ahora, la realidad es que sabemos que quieren transferir toda la Justicia ordinaria con todas aquellas dependencias: el fuero Laboral, el Penal ordinario, el Comercial y el Civil”.
Ruiz comentó a Qué la situación que observan en CABA: “Lamentablemente, la Justicia de la Ciudad se maneja de una forma totalmente punteril, prácticamente como una justicia municipal, de menor cuantía”. Además, el representante del gremio, conducido por Julio Piumato, denunció que, por intervención de los distintos espacios políticos, “los cargos son a dedo en la Justicia de la Ciudad. No hay concurso de ingreso”.
Los entrevistados opinaron sobre las sospechas de querer garantizar impunidad en las causas contra funcionarios del gobierno de la Ciudad. Pagani aseguró que “suponer que el hecho de que la Ciudad, a través de sus representantes, como lo establece la ley y la Constitución, pudiera ejercer algún nivel de influencia para presionar o manipular a un juez, implica presuponer una voluntad cuasi-delictiva de parte de algún funcionario publico que pretenda actuar de esa manera”.
Al respecto, Jorge Enríquez fue enfático: “Una falacia total. Que me digan cuántos funcionarios nacionales o de la Ciudad fue-ron condenados por hechos de corrupción. Acá no hay carpetazos ni aprietes. Los jueces, en lo contencioso administrativo, se desempeñaron con absoluta independencia, fallando, muchísimas veces, contra decisiones del Poder Ejecutivo. A mí me pone un poco mal cuando di-cen que queremos garantizar la impunidad, justamente con una de las Justicias más independientes del poder polí-tico como lo es la de la Ciudad”.
Justicia y autonomía porteña
La búsqueda de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no es un tema nuevo. Las últimas transferencias de la Policía, el Juego, el Puerto y, ahora, la Justicia, pusieron de relieve una cuestión sensible para los porteños. Omar Ruiz, de la UEJN, dijo: “La realidad es que, teniendo policía propia, justicia propia y penitenciaria propia, van a querer cambiar la figura de Jefe de Gobierno por Gobernador de la Ciudad autónoma y salir a pedir los fondos de coparticipación federal. A esto no lo dice nadie”.
El subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, afirmó: “La autonomía es un mandato constitucional según el artículo 129 de la CN, la ley Cafiero la castró. No seremos una provincia, pero la CABA es una de las 24 jurisdicciones que integran el país. Somos sujetos de coparticipación.
A los jueces que juzgan los delitos en la Ciudad, ¿quién los elige? Los jueces de to-do el país, ¿y eso parece justo? Me parece que de ninguna manera.
El intento frustrado
El gremialista Omar Ruiz recuerda ya haber vivido esta situación: “No es la primera vez que se intenta transferir la Justicia al ámbito de la Ciudad. Una vez ya la logramos parar, en la década del ´90, cuando Menem quiso transferir a la Justicia al jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa. En vez de mejorar lo que hoy tenemos, quieren hacer una transferencia equivocada”.
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