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30 de noviembre de 2016
traspasos en caba

Una de cal y una de arena

El traspaso del Juego a la órbita porteña quedó resuelto y se firmará en los próximos días, pero la transferencia de la Justicia deberá esperar. Puntos a favor y en contra para Horacio Rodríguez Larre...

Una de cal y una de arena
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El traspaso del Juego a la órbita porteña quedó resuelto y se firmará en los próximos días, pero la transferencia de la Justicia deberá esperar. Puntos a favor y en contra para Horacio Rodríguez Larreta, que tiene como principal lineamiento de su gestión la autonomía de la Ciudad.

El reparto del juego en la ciudad #112

La última semana, para el Jefe de Gobierno, tuvo un resultado dividido en cuanto a sus aspiraciones de lograr mayor autonomía en la Ciudad. Logró que se terminaran de cerrar los detalles por el traspaso del control del Juego, pero recibió un revés importante en lo que respecta a la transferencia de los juzgados vacantes en lo penal, laboral y en consumo.

Con la inminente firma, esta semana, del convenio de traspaso sobre el Juego, Rodríguez Larreta sumó una "importante" victoria en lo que respecta al financiamiento de la Ciudad. Sola-mente en 2017 se prevé recaudar, tal y como están las cosas, y sin considerar los ingresos por el canon que pagan las máquinas tragamonedas, $ 2.000 millones. A esa cifra se llega si se contabiliza lo que se debe del canon, y que se encuentra congelado en una cuenta de Lotería Nacional, que son unos $ 700 millones, sumados a los más de $ 900 millones que proyectan recaudar por el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos. A esto, falta aún añadir los poco más de $ 300 millones en concepto de la moratoria a la que ingresaron las UTE que operan en la Ciudad.

Un dato no menor es que esos $ 700 millones corresponden a una estimación. En Hacienda, consideraron que, de mínima, les correspondería la mitad de los $ 1.400 congelados. Ese dinero no se toca desde diciembre del año pasado, cuando el Gobierno porteño, después del aprieto en el que la metió la vicepresidente Gabriela Michetti, cuando compitió en las internas del PRO, decidió no renovar el convenio con Nación. En ese acuerdo, se estipulaba que el canon que se le cobraba tanto al Casino Flotante como al Hipódromo de Palermo se dividía en mitades iguales. Al caerse dicho convenio, el dinero quedó congelado en una cuenta.

En el nuevo convenio, se estipula una serie de cambios. Uno de ellos es que el Instituto del Juego sería disuelto y, en su lugar, se crearía una Sociedad del Estado en la que, como sucede con Loteria Nacional, el único accionista sería el Mi-nisterio de Hábitat y Desarrollo Humano.

"Hay que darle un empujón fuerte al Instituto, porque no tiene la capacidad, como está hoy en día, para hacerse cargo del control", sostuvo una calificada fuente gubernamental.

El cálculo sobre ingresos aún no está del todo realizado. Es que, justamente, el factor económico es el que generó mayores rispideces, ya que la mitad de los fondos del canon se giraban directamente a las arcas del Ministerio de Desarrollo Social, que debía destinarlos obligatoriamente a financiar programas de Salud y Educacion.

Por esa razón es que, en el Congreso, sospechan que desde el Gobierno Nacional y de la Ciudad optaron por que solamente sea la Legislatura la que tenga que refrendar el convenio. "Eso va a ser así porque el control sobre el Juego está señalado en la Constitución porteña y no así en la ley Cafiero, por lo que solamente se necesita un decreto del Ejecutivo nacional", afirmaron en Uspallata.

El otro punto es el cronograma que se desarrolló en las oficinas de Lotería, donde se estipuló que todo el proceso se divida en tres tercios correspondientes a las 1.200 agencias de juego que operan en la Ciudad, al Casino y al Hipódromo.

Pero la semana le tiró una de cal y una de arena a Rodríguez Larreta. Es que el inicio del traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad recibió una herida que, por ahora, dejó rengo al proyecto.

Todo comenzó el lunes de la semana pasada, cuando la cabeza de la lista Bordó, nómina que se impuso el jueves en las elecciones en la Justicia, María Lilia Díaz Cordero, se reunió en el Senado con el titular del bloque del peronismo, Miguel Ángel Pichetto, y con el presidente de la comisión de Acuerdos, Rodolfo Urtubey. Allí, ambos le ratificaron la intención de que dichos convenios no serían, por lo menos este año, refrendados en la Cámara Alta. Con ese dato fresco, Luis María Cabral habría dialogado con el titular de la cartera nacional.

“No es prioridad nuestra y el Gobierno no cuenta con el tiempo suficiente para negociar dicho traspaso que, como sucedió con la Policía Federal, aumentaría lo que recibe por copartipación la Ciudad”, fue una de las explicaciones que le dieron a Díaz Cordero.

Con ese dato fresco, rápida de reflejos, se comunicó con el juez de Casación, Luis María Cabral, encargado de llevar adelante las negociaciones con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano. El magistrado fue contundente. No sólo le explicó que ya habían recibido la confirmación de que no habría posibilidades de tratar en ninguna de las dos cámaras los cinco convenios sino que, además, si el Gobierno insistía con su propuesta, habría una judicialización del conflicto.

Inmediatamente, se cortó esa llamada. No fue una reunión porque Garavano se encuentra recuperandóse de una operación en el talón de Aquiles de la pierna izquierda, y comenzaron las especulaciones. Para cortar con ellas, el ministro convocó a un cónclave de urgencia 24 horas después.

Los invitados fueron su par porteño, Martín Ocampo, el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Enríquez, el de Nación, Santiago Otamendi, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Enzo Pagani. Allí, se comunicó la noticia. Los funcionarios porteños consideraron que no se puso suficiente sobre la mesa.

La respuesta de Nación, por su parte, fue: “No queremos sumar un conflicto más de aquí hasta fin de año”. La promesa, entonces, es impulsarlo el año que viene.

LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN #112 DE REVISTA QUÉ

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