Carrió amplió la denuncia contra el juez que eximió de ganancias a los bingos de Angelici

Elisa Carrió no se olvidó que los bingos del principal  operador judicial del presidente de la Nación no pagan impuestos a las ganancias, gracias a una medida cautelar que le concedió el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, tras compartir, de manera preliminar, sus objeciones a la ley 27.346, que creó un "impuesto específico sobre la realización de apuestas", y al decreto 179/17 de Macri, que elevó la alícuota del impuesto a las ganancias para el sector del 35 al 41,5 por ciento.

Tal es así que la líder de la Coalición Cívica amplió este miércoles la denuncia contra Enrique Lavié Pico. La diputada afirmó en el escrito que presentó en el Consejo de la Magistratura que Angelici pudo haber realizado un acuerdo en el fuero Contencioso Administrativo para obtener un fallo judicial favorable que le generó beneficios a sus bingos por 14 millones de pesos.

"No puede soslayarse el conocimiento y relación que existiría entre Angelici y uno de los integrantes de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el doctor Sergio Fernández, en razón de la condición de presidente del club Boca Juniors del primero y de vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) del segundo", sostuvo Carió en la presentación según publicó el diario La Nación.

Sergio Fernández, hermano de Javier Fernández, había sido señalado por la aliada del Gobierno como uno de los operadores judiciales en el fuero Contencioso Administrativo. En la denuncia, tildó como "impropias" de un juez las medidas que suspendieron el aumento del impuesto para los bingos.  

Lavié Pico se ha convertido en favorito del Gobierno por el tenor de sus decisiones de los últimos dos años. Cuando recién desembarcaba Mauricio Macri en el poder, entre sus primeras resoluciones suspendió designaciones de fiscales objetadas por la Asociación de Magistrados que había hecho la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

Sin ir más lejos,  días atrás admitió el trámite de una acción “colectiva” iniciada por el ministro Sergio Bergman y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, para neutralizar las acciones colectivas de organizaciones de usuarios y ciudadanos contra los tarifazos. Hasta la inscribió en el registro de acciones colectiva de la Corte, y de su resolución se desprende un posible intento por atraer todos los expedientes que tramitan contra el tarifazo, para evitar que se pronuncien tribunales locales.