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Ciudad con pocas luces
Pese a los incesantes tarifazos en la energía eléctrica, cada vez son más los reclamos de los vecinos de la Ciudad por el pésimo servicio de Edesur y Edenor. Cortes en el suministro, falta de respuestas y aumentos desproporcionados son las principales quejas. ¿Qué pasará con el traspaso a Ciudad?
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Año tras año, con la llegada de los primeros calores, se recrudecen los reclamos por los reiterados cortes de luz en la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos porteños que sintieron el duro impacto de los tarifazos en sus bolsillos siguen manifestando su bronca por el pésimo el servicio de energía eléctrica en CABA.
Distintos organismos públicos y privados reciben a diario múltiples reclamos por la deficiente prestación de las empresas prestatarias Edenor y Edesur. En contacto con Qué, Diego Mielnicki, Director de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, comentó el estado de situación.
El representante del ente que defiende los intereses de los vecinos porteños sostuvo que “se cuentan por miles” los reclamos que les llegan. “El reclamo número uno es por el corte de servicios. Y hoy también tenemos el aumento de tarifas, personas que no pueden pagar, personas que acumulan deudas, o personas que les cortan el servicio por falta de pago” agregó Mielnicki.
El funcionario de la Defensoría advirtió que “ante los reclamos por aumento de tarifas no hay muchas respuestas posibles. Es una decisión del Gobierno nacional y no hay mucho por hacer más allá de los paliativos como planes de pagos, quita de intereses, etcétera”.
Las empresas Edenor y Edesur se reparten la prestación del servicio eléctrico en el distrito capitalino en porcentajes de casi un tercio la primera (31%) y más de dos tercios la segunda (69%). En tanto, en cuanto a reclamos, Edesur acumula más del 90% de los quejas en la Ciudad.
La razón por la cual Edenor recibe menores reclamos en territorio porteño se debe a que, más allá de tener una área de cobertura menor, posee un sistema de gestión y respuesta a reclamos más eficiente que su competidora. Otra de las causas radica en que la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.) opera en la zona norte de la Ciudad donde la infraestructura es mucho más moderna y eficiente.
Si bien desde la Defensoría aún no tienen cuantificado el número preciso de reclamos que reciben, fuentes de esa oficina revelaron que ascienden a “decenas de miles” las quejas que receptan en el organismo. Es más, el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), de carácter nacional, frecuentemente publica resoluciones con las multas que les impone a las mencionadas compañías por constantes deficiencias en el servicio.
“Las empresas plantearon que no podían prestar un buen servicio porque no tenían tarifas. Ahora les dieron las tarifas que querían y más. Tuvieron aumentos que en algunos casos llegan al 2500%, de una magnitud que ni ellas imaginaban y el servicio sigue siendo muy malo” dijo Diego Mielnicki. Y añadió: “El servicio no ha mejorado sensiblemente. Ellas dicen que sí, nosotros decimos, sostenemos y documentamos que no es así”.
Según consignaron a Qué fuentes de la Defensoría, debido a las tarifas subsidiadas, muchas familias porteñas estaban acostumbradas a calefaccionarse con algún tipo de sistema eléctrico como placas, caloventores, u otros artefactos. “Esas familias hoy reciben facturas de 8.000 o 10.000 bimestrales que es un costo extraordinario e imprevisto. Hay personas que pagaban 400 pesos y de golpe le vino 4.000 pesos” confesaron desde el organismo.
“Más allá de las tarifas, el problema es que las prestatarias siguen siendo ineficientes. Hace muchos años que estamos tratando de que las empresas den tiempo de resolución de los casos y todavía no lo conseguimos, o lo conseguimos muy parcialmente” relató Mielnicki sobre la intervención del ente ante las prestatarias.
Otro punto que empieza a desvelar a más de uno está relacionado con la traspaso de los subsidios de los servicios de energía y agua a la competencia de la Ciudad. La Resolución 122 de la Secretaría de Energía de la Nación estableció que, a partir del 1 de enero de 2019, el financiamiento del régimen de Tarifa Social de electricidad pasará a estar a cargo de la ciudad de Buenos Aires.
Fuentes del Gobierno porteño aseguran que son 700 millones de pesos los que deberá poner la administración Larreta para afrontar el costo de los subsidios para las empresas energéticas. Nada comparado con los $ 4.200 millones que deberá costear para financiar el subsidio al transporte público.
En diálogo con Qué, Fernando Barrera, miembro del directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), explicó cuál será el rol de ese organismo de control una vez consumado el traspaso a la órbita porteña. “Entendemos que de pasar las distribuidoras a la CABA, el control también debería pasar a la Ciudad. Por ende, tendría que ser el ente previsto en la Constitución de la Ciudad el que tenga que hacerse cargo del control y seguimiento de las compañías distribuidoras de energía”.
Barrera agregó que “quedarían dentro del ENRE, las funciones de control y seguimiento de las funciones de producción y transporte de energía que sigue siendo una competencia federal”. Desde el ERSP se mostraron abiertos al desafío de controlar a las eléctricas. De hecho, plantearon que con la mudanza al nuevo edificio se avanzó en la modernización del ente y en el mejoramiento tecnológico para la agilización de los trámites en los procesos de denuncia.
Estimulados por la labor que vienen desarrollando, desde el ente de contralor porteño dijeron que “hoy nosotros tenemos un alto nivel de cumplimiento y de respuesta a los reclamos de los usuarios frente a todos los servicios públicos”. Y agregaron que “el traspaso de las distribuidoras del servicio de energía eléctrica nos generaría un impacto muy importante. Hablamos de una gran cantidad de usuarios y de un servicio muy importante”.
La prestación del suministro y la atención del usuario son hoy los reclamos principales. “Otro punto es el inconveniente que tienen los vecinos para que alguna autoridad les dé respuestas en cuanto a la problemática de corte de luz”, aseguraron desde el ente porteño.
El calor ya está aquí y los vecinos intuyen nuevos cortes de luz. Alguien debería tomar nota y saber que la paciencia en algún momento se acaba.
Tratar de asegurar la Tarifa Social
Pablo Sercovich, titular de Argentina en Red, impulsa un proyecto de ley que establece el “Régimen de Tarifa Social para el Servicio Público de Electricidad” en CABA. La iniciativa busca redefinir el marco regulatorio nuevo y los recursos.
El proyecto fue consensuado con organizaciones que van desde empresarios nacionales hasta confederaciones de jubilados, clubes de barrio y bibliotecas populares, entre otras. Buscan garantizar que todos los beneficiarios que estén en condición de percibir la Tarifa Social puedan hacerlo.
“La Tarifa Social aplicada a la electricidad es una herramienta de redistribución que protege a los sectores más vulnerables” sostuvo Pablo Sercovich.
Servicios públicos “esenciales”
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires plantearon que el acceso a fuentes de energía, luz y gas, son condición necesaria para el ejercicio de una cantidad de derechos humanos; hecho que fue reconocido por la Corte Suprema de la Nación.
“El problema es cuando una empresa multinacional, que busca maximizar sus ganancias, lo que hace es brindar un servicio público esencial que hace al ejercicio de un derecho humano” sostuvo el director de Servicios Públicos de la Defensoría, Diego Mielnicki.
No es lo mismo con Iguacel
El Director de Servicios Públicos de la Defensoría, Diego Mielnicki, corroboró las versiones que indicaban cierto malestar en el vínculo con el actual secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, por la falta de respuestas ante las demandas del ente porteño.
“Con (Juan José) Aranguren nosotros nos reunimos muchas veces. Discutimos siempre pero había voluntad política de trabajar todos los puntos planteados por nosotros. Incluso logramos algunos entendimientos mínimos más allá de las visiones diametralmente distintas que teníamos” sostuvo.
Sin embargo, Mielnicki contó que “con los funcionarios de Aranguren realizábamos mesas de trabajo para las tarifas sociales. Todo eso, lamentablemente, con el actual secretario de Energía (Iguacel) no se pudo avanzar en ninguno de los puntos”, dejando en claro las diferencias.
Otra iniciativa para garantizar el servicio
Los diputados Paula Penacca y Carlos Tomada (Unidad Ciudadana) presentaron la semana pasada una iniciativa para garantizar la “tarifa social” de electricidad, gas y transporte público en la Ciudad para distintos sectores.
En el caso de la tarifa de electricidad y de agua, la medida contempla descuentos que oscilarán entre el 30% y el 50%; mientras que en el transporte público se prevé una exención del 55% del valor final del pasaje de subterráneos, trenes y colectivos. Los beneficiarios de la medida serían: jubilados, pensionados, veteranos de la guerra de Malvinas, electrodependientes, discapacitados, residentes en villas, clubes de barrios, cooperativas y centros culturales, entre otros.
La “precarización” del servicio
Desde Argentina en Red alertaron que con la aprobación del Código de Edificación “se prevé duplicar la superficie construida en la Ciudad pero disponiendo de la misma infraestructura precaria de servicios públicos que hay ahora. Por lo tanto, lo que se espera es una mayor precarización del servicio” dijeron.