Revista Qué
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El proyecto de ley propone que la oficina anticorrupción funcione como un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera. Deberá velar por la aplicación de la Ley N° 4895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Además, tendrá entre sus funciones prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Según la iniciativa presentada, el organismo podrá recibir denuncias de particulares, funcionarios y empleados públicos; investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito o irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos; recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación, entre otras cuestiones.
A su vez, se propone que la oficina quede a cargo de un Secretario de Transparencia y Anticorrupción designado por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta de la primera minoría opositora, que ejercerá el cargo por cinco años, con la posibilidad de ser electo por una única vez.
En ese marco, el legislador Santiago Roberto dijo que "la corrupción degrada la credibilidad y es sin dudas una gran generadora de desigualdades. Es un problema estructural y desde el Estado hay que combatirla en todos sus frentes porque afecta y distorsiona transversalmente a la cuestión pública, como también a otras actividades".