El proyecto de ley propone que la oficina anticorrupción funcione como un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera. Deberá velar por la aplicación de la Ley N° 4895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Además, tendrá entre sus funciones prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Según la iniciativa presentada, el organismo podrá recibir denuncias de particulares, funcionarios y empleados públicos; investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito o irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos; recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación, entre otras cuestiones. A su vez, se propone que la oficina quede a cargo de un Secretario de Transparencia y Anticorrupción designado por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta de la primera minoría opositora, que ejercerá el cargo por cinco años, con la posibilidad de ser electo por una única vez. |