La Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional denunció en el INADI a la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro por la suspensión de una charla sobre adoctrinamiento en las esculas hace un año atrás.
La "Charla sobre adoctrinamiento en las Escuelas" iba a estar a a cargo de la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, presidida por el abogado José Magioncalda, que negó los 30.000 desparecidos durante la dictadura cívico militar. La invitación fue iniciativa del radical Guillermo Suárez.
Sin embargo, debió ser suspendida luego del repudio por parte de la legisladora de Unidad Ciudadana y nieta recuperada Victoria Montenegro y los legisladores de AyL.

En ese entonces, Montenegro dirigió una carta al vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, en la que sostenía que “el presidente de la Asociación Civil Ciudadanos Libres, José Magioncalda, lleva adelante una campaña que niega la existencia de los 30 mil desaparecidos por la última dictadura cívico militar; recientemente también negó el secuestro y tortura de la docente Corina de Bonis, a quien le escribieron ‘ollas no’ en el cuerpo con un punzón”.
“Resulta inadmisible dar lugar a estos posicionamientos negacionistas en la misma casa legislativa que ha reconocido en innumerables declaraciones la magnitud del terrorismo de Estado y ha valorado la lucha de los organismos de Derechos Humanos”, aseguró la kirchnerista y advque “actividades como estas significan un gran retroceso del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que la sociedad argentina abraza con irrenunciable compromiso”.

Desde Ciudadanos Libres emitieron un comunicado al que accedió Parlamentario en el que explica “jamás se negó existencia de los crímenes de lesa humanidad, aunque sí ha cuestionado el carácter partidario de ciertos organismos de derechos humanos, generando enojo en cierta dirigencia kirchnerista con una solicitud de información pública, dirigida al Estado Nacional, sobre el número de víctimas de delitos de lesa humanidad, que arrojó un resultado sensiblemente inferior al de 30 mil desaparecidos”.
Por su parte, Magioncalda insistió en que “de ninguna manera es negacionista solicitar información sobre la cantidad de víctimas de delitos de lesa humanidad, y apegarse al número oficial” y precisó que “la existencia probada de víctimas implica el reconocimiento de que los delitos de lesa humanidad existieron, y porque en una sociedad democrática y republicana nadie está obligado a creer y propagar un dogma, como es el de los 30 mil desaparecidos”.
“En un principio, consideré que las autoridades de la Legislatura habían suspendido el evento académico programado, en razón de lo intempestivo del accionar gremial y de la violencia que ello podría haber generado”, añadió y precisó que luego le pidió a la Casa que se fijara una nueva fecha “pero recibí respuesta alguna, convalidándose de ese modo la suspensión sine die”.