Obra pública: los legisladores debaten una ley para crear un sistema anticorrupción

El debate se dio en el marco de una reunión de asesores de los diputados de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Presupuesto, en el salón Presidente Alfonsín.

 

Allí, el asesor del diputado del bloque Vamos Juntos Hernán Reyes, autor de la iniciativa, explicó que la norma apunta a “crear un sistema de contrataciones de vanguardia, en el cual haya transparencia y proximidad con la ciudadanía”.

 

Entre las regulaciones contempladas en el expediente en cuestión, sobresale la obligatoriedad a que todas las contrataciones de obra pública se realicen mediante un portal electrónico de modo que todos los contratos se realicen “de cara y abiertamente a la sociedad”.

 

“La ejecución de la obra pública va a estar visible a los ciudadanos”, detallaron desde el despacho de Reyes.

 

Por otra parte, será también obligatorio para las empresas contratistas acreditar que en los casos en que el Estado otorgue un anticipo financiero para la obra, esos fondos estén destinados a los trabajos acordados por contrato y no sean girados a cualquier otro emprendimiento de la compañía.

 

A su vez, se incorpora las concesiones de la obra pública, que deberán ser bajo la modalidad de licitación pública, y tendrán que contar con la autorización de la Legislatura local cuando el tiempo de ejecución supere los cinco años.

 

Y se exigirá a las empresas contratistas la desvinculación de personas en los casos en que se descubran que hayan estado involucradas en hechos de corrupción; no obstante agrega que “en caso de recaer condena en la causa penal, no existirá posibilidad de continuar con el contrato bajo ninguna excepción”.

 

“Se considera obra pública a todas las construcciones, trabajos, instalaciones y obras en general que ejecute la Ciudad por administración o por medio de contratos con personas o entidades privadas o públicas, con recursos propios o provenientes de aportes nacionales”, precisa el proyecto debatido.

 

Y agrega que la normativa deberá aplicarse en todo el sector público, más precisamente, en la administración central, los organismos descentralizados, las entidades autárquicas y las Comunas; así como en los Poderes Legislativo y Judicial y en las empresas y sociedades del Estado, anónimas con participación estatal mayoritaria y de economía mixta.