El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió al presidente Alberto Fernández que “vuelva a foja cero” con el acuerdo que derivó en el traspaso de Edesur y Edenor a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Con el esquema regulatorio actual, la última palabra en lo que refiere a la definición de las tarifas de ambas distribuidoras quedaría en manos de la Ciudad de Buenos Aires a través del nuevo ente regulador bipartito. Por eso Kicillof quiere barajar y dar de nuevo.
Se sancionaron tres acuerdos suscriptos en el año 2019: el de transferencia de jurisdicción del 28 de febrero -Anexo I, de implementación de la transferencia del 9 de mayo -Anexo II y de la misma fecha para el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el servicio público que crea el Ente Metropolitano Regulador -Anexo III.
Además, la Ciudad adhirió al régimen de las leyes nacionales 15.336 y 24.065, los decretos 714 y 1.398 del año 1992 emitidos por el PEN, sus normas modificatorias y complementarias. Incluso, se sustituye el artículo 17 del Capítulo II de la Ley N° 5.460 de la Ciudad.
Los acuerdos elevados por ese proyecto dieron cumplimiento a lo acordado en el Consenso Fiscal del 13 de setiembre de 2018, que se aprobó en la Legislatura por Resolución N° 367, con el que se estableció que las empresas eléctricas Distribuidora Norte S.A. -EDENOR- y Distribuidora Sur S.A. -EDESUR- pasaren a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad.
Por otra parte, se propicia sustituir el articulo 17 de la Ley N° 1460, texto consolidado de la Ley N° 617, modificada por Ley N° 5.460 a fin de incorporar entre las competencias del Ministerio de Economia y Finanzas las facultades necesarias para una mejor implementación de la transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica lo que permitirá controlarlo "en el ámbito de su territorio y brindar un mejor servicio a nuestros vecinos" concluye el mensaje del Ejecutivo.
Es decir que, el 28 de febrero, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y Vidal, firmaron un acta para avanzar con la transferencia de Edesur y Edenor a Ciudad y Provincia. El 9 de mayo se firmó el convenio definitivo como parte de un polémico acuerdo que contempló la condonación de deudas a las empresas. A comienzos de julio, la Legislatura porteña aprobó en soledad el traspaso a la Ciudad.
Como parte de ese acuerdo se decidió crear un nuevo Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), organismo bipartito conducido por un directorio de seis miembros, tres puestos por la Ciudad y tres por la Provincia. Además, se estableció que en los primeros tres años la Ciudad designe al presidente, quien cuenta con voto doble en caso de embate. Los directores elegidos por Larreta fueron Héctor Falzone, como presidente, y Carlos Rivas y Fernando Galetto, como vocales.
El esquema deja la definición de la política tarifaria de Edesur y Edenor en manos de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de ello, Kicillof busca que se dé marcha atrás con el acuerdo. “Le hemos pedido al gobierno nacional que retroceda y deje sin efecto este intento de generar un ente al que ya le nombraron un presidente.
El ente metropolitano que debería regular a las empresas, que todavía no está en funciones, que no está conformado, pero que después de las PASO nombró a un presidente. El 70 por ciento de los usuarios son de la provincia de Buenos Aires y el 30 por ciento son de la Ciudad de Buenos Aires, pero el presidente del ente es de la Ciudad de Buenos Aires. Le pido al presidente de la Nación que retrotraiga esta situación, que se vuelva a foja cero”, remarcó el gobernador.
Volver a foja cero significaría que Edesur y Edenor sigan dependiendo del gobierno nacional, pero no será fácil desandar el camino que se recorrió este año porque el traspaso ya se oficializó y fue refrendado por ambas jurisdicciones. Otra alternativa podría ser redefinir las condiciones del convenio con el visto bueno de Larreta para modificar la correlación de fuerza actual y darle más protagonismo a la Provincia. En caso de que no haya acuerdo, una tercera opción podría ser que cada jurisdicción tenga su propio ente regulador.