PARQUIMETROS
18/02
La obsesión por recaudar
La Justicia frenó la audiencia pública convocada por el Gobierno para aumentar más del 50% el estacionamiento medido en la Ciudad. Pero Larreta se avivó y volvió a convocarla. Además, quiere multiplicar más de 20 veces la cantidad de dispositivos; de concretarse tendría un fuerte impacto en el bolsillo de los porteños.
Pareciera que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y quienes visitan o se ven obligados a pasar por el distrito con el presupuesto más alto a nivel nacional fueran los protagonistas del tema Déjà vu, que compuso Gustavo Cerati en 2009 y señala: “Veo las cosas como son (…) y a cada paso sientes otro déjà vu”. 

Es que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insiste no sólo con inundar la Capital con parquímetros (pasar de 4 mil a 86 mil), sino también en aumentar el precio un 66 por ciento (pasaría a costar 15 a 25 pesos la hora), pese a que una medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo obligó al mandatario a suspender la audiencia pública, que no es vinculante, donde se tratará el voluptuoso incremento.

En los argumentos del recurso de amparo, presentado por las legisladoras de izquierda Myriam Bregman y Alejandrina Barry, que lograron frenar por poco tiempo que se aumentara el valor del parquímetro, había un error en la dirección para registrarse y participar del encuentro. Para Gallardo, ese error fue una “clara transgresión al derecho al acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”, necesaria para poder participar en una audiencia pública. Astutos, desde el Gobierno porteño, a través del Boletín Oficial, volvieron a convocar al encuentro, ya que en la sentencia de Gallardo “no surgen impedimentos para realizar una nueva convocatoria, resulta oportuno convocar a una nueva Audiencia Pública a los fines de efectivizar el tratamiento de la tarifa del Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía pública”. 

Como si fuera poco, Larreta no sólo quiere recaudar con el incremento del servicio, sino que, además, buscará multiplicar más de 20 veces la cantidad de dispositivos en la Ciudad y ubicarlos en 13 de las 15 comunas. Sin ir más lejos, el Presupuesto que el Gobierno destinará para la instalación de las ter-minales digitales es de 611 millones de pesos. 
En ese marco, el bloque Frente de Todos elaboró un proyecto para que no prospere la iniciativa del Gobierno para ampliar la red de parquímetros. También proponen que la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta se haga cargo del servicio de estacionamiento medido y el acarreo. 

La legisladora y vicepresidenta II del Parlamento, María Rosa Muiños, denunció que el Gobierno no cuenta con “justificación técnica para aumentar de 4 mil a 86 mil la cantidad de parquímetros. Además afirmó que “la iniciativa (oficial) contiene muchas inconsistencias, 195 calles presentan cambios abruptos en sus tarifas con dos cuadras de diferencia y el mismo flujo de tránsito, lo que evidencia su espíritu recaudatorio”. En ese sentido fue tajante: “Lo único que está claro es que las playas de acarreo son de la Ciudad; los agentes de tránsito los provee la Ciudad; los sueldos de los empleados, en parte, los paga la Ciu-dad; y las ganancias se las llevan dos empresas que operan con licencias vencidas desde hace casi treinta años”.

Un dato no menor es que desde 2001, las empresas Dakota S.A. y BDR SAICFI (realizan el acarreo desde la intendencia de Carlos Grosso) monopolizaron un negocio millonario pagando un canon irrisorio, de 55.000 pesos mensuales. Las firmas siguen operando gracias a las prórrogas otorgadas por los gobiernos de los últimos 19 años. 

Los vecinos de la Ciudad, también tomaron cartas en el asunto; organizaciones sociales y barriales, como el Movimiento Comunero y de comerciantes, y “Comercios Activos Buenos Aires”, comenzaron a moverse para que los porteños difundan la convocatoria del Gobierno sobre la audiencia pública. En ese sentido, desde el organismo señalan que buscarán que concurran la mayor cantidad de vecinos para “re-chazar el proyecto oficialista que pretende instalar parquímetros digitales en casi todos los barrios de nuestra ciudad”.

Las audiencias: un trámite burocrático
Un dato a tener en cuenta por los porteños es que las audiencias públicas son un trámite burocrático, ya que no son vinculantes. Una vez que se lleve a cabo el encuentro con los vecinos, el Ejecutivo porteño tendrá vía libre para aplicar el aumento del 66% en el precio de la hora de los parquímetros. De esta manera pasará de 15 a 25 pesos.

Hecha la ley, hecha la trampa
Uno de los temas más escabrosos para el Gobierno de la Ciudad es poder explicar por qué tanto STO (Dakota S.A.) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I.) -las empresas que operan las grúas en CABA- siguen prestando el servicio. Es que el contrato de concesión del acarreo de autos y el estacionamiento medido se encuentra vencido hace casi veinte años, desde 2001. Según la ley N° 4.888, la Ciudad debía prestar el servicio desde fines de 2014. Sin embargo, el la administración porteña no cumplió el compromiso y, mediante la ley N° 5.728, otorgó nuevas prórrogas a las dos empresas encargadas de la explotación.

“Errores groseros”
Myriam Bregman y Alejandrina Barry denunciaron que “en el apuro por implementar una medida recaudatoria del Estado contra los vecinos que tienen auto y ante el déficit de estacionamiento público, el Gobierno de Larreta comete errores groseros, demostrando una vez más que lo único que les interesa es el afán de lucro recaudatorio”.     

Cámpora, en busca de una solución
La legisladora porteña Lucía Cámpora  presentó un proyecto que acompañaron todos los legisladores del FdT, para que el Gobierno dé marcha atrás con la ley que busca extender el estacionamiento medido. En ese marco expresó que “si bien la medida tiene como objetivo desalentar el uso del auto, la misma no va acompañada por un fortalecimiento del transporte público”. Además, “el GCBA está en condiciones de hacerse cargo de brindar, por sí mismo, el servicio de acarreo, ya que la concesión de las empresas que lo administran está vencida”.

Marziotta se metió en la polémica
La diputada nacional Gisela Marziotta, quien acompañó en la fórmula de la Ciudad a Matías Lammnes, también se metió en la polémica por el estacionamiento medido. En ese sentido se reunió con vecinos del barrio porteño Villa Luro, quienes manifestaron su preocupación por el avance de la medida. En tanto, Marziotta denunció la privatización del espacio público porteño que implica el plan de extensión que Larreta busca desparramar por la Ciudad. “El estacionamiento medido en los barrios, donde el beneficio es poder dejar el auto en la puerta de tu casa, tiene una lógica recaudatoria y privatizadora del espacio público por parte del Gobierno porteño”, señaló la legisladora nacional del Frente de Todos.

Ley de Comunas, vulnerada
Los comuneros de la 12, Pablo Ortiz Maldonado y Karina Murua, emitieron un comunicado para expresar su rechazo al incremento del estacionamiento medido: “Nos oponemos al aumento de la tarifa que Horacio Rodríguez Larreta quiere llevar a cabo. Esta decisión avasalla las competencias de las Comunas, que son las que deben tener injerencia en este tipo de medidas que afectan a los barrios, según lo establece la Ley 1.777 de Comunas”.

Un error clave
Un error sobre la dirección para llevar a cabo la audiencia pública fue el motivo que frenó 
el aumento exagerado del estacionamiento medido que el Gobierno quiere implementar en CABA.

“Un gran negocio estacionado”
En su publicación #184, Revista Qué elaboró un informe sobre la situación del estacionamiento medido y acarreo, al que denominó “Un gran negocio estacionado”. En ese entonces, la idea de Rodríguez Larreta, que iba por su primera gestión al frente de la Ciudad, era que el nuevo sistema de estacionamiento ordenado y acarreo funcionara en el segundo semestre de 2018. Sin embargo, un amparo judicial presentado por Gustavo Desplats, vecino de Caballito, alegando el carácter inconstitucional de la norma votada por la Legislatura, frenó los planes de jefe de Gobierno. Además evidenció una sórdida trama que ocultaba un suculento negocio para privados; situación similar a la actual, que podría perjudicar a la economía de los vecinos porteños. “Desde el primer momento vimos que la norma no había sido aprobada con los requisitos establecidos en la Constitución “, dijo en ese momento Desplats a Qué.