El encargado de urbanizar la Villa 31 posee títulos de deuda argentina y bonaerense

A mediados de mayo Revista Qué sacó a la luz que en plena crisis económica y con falta de agua en los barrios populares de la Ciudad, la Secretaría de Integración Urbana porteña, a cargo de Diego Fernández, le extendió el contrato millonario a una empresa amiga del gobierno en dólares para que le brinde un servicio de consultoría sobre la villa 31 por ocho meses.

Apenas transcendió la noticia, Fernández acudió a la Legislatura a dar explicaciones sobre la gestión que lleva la secretaría que depende del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en el barrio Padre Mugica.

Ahora, Tiempo Argentino publicó la única declaración jurada del funcionario del gobierno porteño desde que asumió en el cargo,en diciembre de 2015, donde se puede ver que adquirió una casa en Uruguay por casi 20 millones de pesos, una casa con amarra en el Tigre, un semirremolque, un yate, una moto BMW 1200GS y una camioneta Toyota SW4.

Además, en abril de 2017, Fernández adquirió cuotapartes en el fondo de inversión BlackRock por 1.057.883 pesos, que hoy valen 2.589.262, o sea, un 244% más. También cuenta con títulos de deuda República Argentina 6 y 7, Global Series 8, Provincia de Buenos Aires 7,por un total de 25.332.189 pesos de junio de 2019.

El hombre al que las organizaciones sociales apuntan por la falta de agua que todavía sufren sectores del Barrio Carlos Mugica diversifica sus inversiones también en acciones de empresas como Apple, Mondelez, General Electric, Volkswagen, Petrobrás, Pdvsa, entre otras. Llega en ese rubro a más de 18 millones de pesos a valor de cotización de junio de 2019, siempre según su declaración jurada.

El 11 de abril de 2016, los Panamá Papers hicieron público que Diego Fernández, junto con los entonces ministros de educación de Nación y de Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gabriel Sánchez Zinny, tenía una cuenta offshore de la empresa Formar Foundation en Estados Unidos.

Según el informe de Tiempo Argentino, quienes conocen a Fernández saben que es un sushiman, que es dueño de la cadena Dashi Sushi, pero también fue dueño de Pikkei, un restaurante de comida peruana-japonesa en Montevideo 1061. “No nos sorprendió para nada lo de la Villa 31”, respondió una de sus trabajadoras ante la mención de Diego Fernández.

Una nota de la agencia de noticias Ansol reveló que sus empleados denunciaban que, en febrero de 2019, tras una serie de cambios de nombres y firmas, los abandonó a su suerte sin pagarles indemnización, vacaciones ni los últimos dos sueldos. “Si quieren, tómenlo. Pónganse colchones. Hagan lo que quieran. A mí no me ven más”, les dijo Jorge Marengo, apoderado como gerente de Pikkei bajo todas las firmas. Desde entonces, el restaurante está gestionada por una cooperativa de trabajo.

Desde que Mauricio Macri volvió al Fondo Monetario Internacional en mayo de 2018, las organizaciones sociales señalan que la deuda es con el pueblo. Si no lo había dejado claro la emergencia social de 2016, ni la alimentaria en 2019, la pandemia lo muestra en números diariamente. La enfermedad no es exclusiva de los barrios populares, pero ahí se propagó como en ningún otra zona geográfica.

Del otro lado del Estado, ya no como acreedor sino como funcionario público que debe garantizar condiciones de habitabilidad, Diego Fernández no fue tan efectivo como con sus inversiones. Desde su asunción afirmó que en 2019 la Villa 31 sería Barrio Carlos Gardel y estaría integrada a la Ciudad con todos los servicios funcionando. Falló aún cuando contaba con un presupuesto de $3.519.824.352 en 2018, el 58% del que cuenta el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que se encarga de todas las demás villas.