EMERGENCIA ELECTRICA
02/07/2020
Riesgo eléctrico: un cable en cortocircuito generó un principio de incendio en la 21-24
La villa 21-24 que se encuentra en emergencia eléctrica hace más de 8 años sufrió un principio de incendio luego de que un cable en cortocircuito se prendiera fuego. Hay un fallo judicial para que el gobierno porteño actúe en esa zona, pero aún no se ha concretado. Sucedió lo mismo en la villa 20, comuna 8.
Días antes de que se decretara el aislamiento social y preventivo a nivel nacional, la Justicia multó al gobierno porteño por no solucionar el riesgo eléctrico en la villa 21-24 que se encuentra en la zona de Barracas. 

Esta vez, la Garganta Poderosa difundió un video donde se puede ver un principio de incendio provocado por un cortocircuito de cables en ese barrio de emergencia de la Ciudad. Minutos más tarde sucedió lo mismo en la la villa 20, ubicada en la Comuna 8.
 



El fallo judicial que obligaba a Larreta a pagar $10 mil por día si no soluciona el riesgo eléctrico en una villa

La gestión y mantenimiento vecinal de los postes y cableados en la Villa 21-24 se instaló ante la inacción del Gobierno de la Ciudad, en un histórico incumplimiento de su obligación de suministrar un servicio eléctrico estable y seguro.

Tras años de demandas judiciales, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad rechazó los recursos planteados por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y confirmó lo resuelto en su momento por la Cámara de Apelaciones. Así, el GCBA deberá elaborar e implementar el plan integral de prestación y mantenimiento del servicio de energía eléctrica para la Villa 21-24 -el que debe ser cumplido dentro del plazo de 105 días hábiles administrativos-, y de esta forma, hacerse cargo de su responsabilidad en la prestación segura y efectiva de este servicio básico, para así resolver -de una vez y para siempre- el riesgo eléctrico que amenaza a la comunidad que vive en la Villa 21-24.

El caso comenzó el 26 de noviembre de 2010, cuando la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires iniciaron un amparo colectivo pidiendo que el GCBA diera solución al estado de grave riesgo eléctrico existente en la villa (el caso sería impulsado luego también por diversas/os referentes vecinales, así como por la actuación de la Defensa de Primera Instancia, Lorena Lampolio, y el Defensor ante la Cámara de Apelaciones, Fernando Lodeiro).

El juzgado de primera instancia dispuso una medida cautelar que ordenó al GCBA que adoptara de forma inmediata todas las medidas urgentes para eliminar el riesgo eléctrico y diseñara una campaña de información para alertar a los/as vecinos/as sobre los riesgos eléctricos, las precauciones que deberían adoptarse y la forma de reclamar ante emergencias eléctricas.

El 9 de diciembre de 2013, la jueza de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Gobierno de la Ciudad la elaboración de un ‘Proyecto Eléctrico Adecuado’ para solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad en la Villa 21-24 de Barracas. Años después la Cámara de Apelaciones confirmó, en lo sustantivo, la decisión de primera instancia.

En todos los casos, el Gobierno de la Ciudad fue presentando recursos judiciales que le permitieran no realizar las acciones a las que el Poder Judicial lo condenó para garantizar un servicio eléctrico adecuado en la villa.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad rechazó los recursos planteados por el Gobierno y le ordenó brindar el servicio eléctrico adecuado a la Villa 21-24, en Barracas. Se trata de la villa más grande y poblada, con 65 hectáreas y más de 50.000 habitantes.

Los camaristas Carlos Balbín y Fabiana Schafrik, con el voto en disidencia de Mariana Díaz, rechazaron la apelación del jefe de Gobierno, dejando en vigencia el fallo de primera instancia que le da 10 días para presentar un plan o comenzar a pagar 10 mil pesos de multa diarios.

Los camaristas destacaron que  “la situación de riesgo eléctrico hace especialmente relevante el oportuno cumplimiento de la sentencia de fondo”, advirtieron que durante el proceso judicial se presentaron no menos de 27 casos de riesgo eléctrico comprobados, e indicaron que la causa existe desde 2010 por lo que  “ha transcurrido en exceso el plazo razonable para llevar adelante -cuanto menos- los aspectos esenciales que debe contener el proyecto eléctrico”, que además debía ser elaborado según "la Guía de Diseño de Redes Eléctricas de baja tensión para asentamientos poblaciones aprobada por el ENRE, y en base a los informes periciales existentes en la causa judicial". En su momento, el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) hizo un estudio sobre el barrio y llegó a la conclusión de que “existe un alto riesgo eléctrico que pone en peligro la vida y la salud de sus habitantes”. También indicaron que hace al menos tres años que hay una sentencia firme que no está siendo cumplida por Larreta.