El barrio de Caballito, ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, se caracteriza por dos cuestiones: la primera por ser una de las comunas con menos espacio verde por habitante de la Ciudad, y la segunda por la constante lucha de los vecinos contra el gobierno porteño para que no avance sobre los pocos metros verdes que hay en el trazado. Según advirtió Fabiana Martínez, arquitecta y urbanista que asesora a diversas organizaciones vecinales "el Gobierno de la Ciudad está violando el decreto nacional de la nueva fase de aislamiento al permitir la obra". "Las excavaciones y demoliciones en obras privadas no están autorizadas en esta etapa. El primero de julio se cayeron las excepciones y ellos siguen funcionando con la normativa que se dictó antes de la nueva cuarentena", señala Martínez. Uno de los primeros alertas tras las denuncias de los vecinos salió del Consejo Consultivo Comunal de Caballito, que agrupa a diversas organizaciones de ese barrio. Martín Iommi, integrante del Consejo, dijo que el primer día de la nueva fase de confinamiento en el Área Metropolitana ingresaron al predio ubicado sobre Avellaneda al 1314 "unos diez camiones y una grúa", en ese terreno que tiene un largo historial de reclamos de las organizaciones barriales y sociales que buscan que se transforme en una zona verde.
De acuerdo al decreto 576/2020 que dispone la extensión de la prórroga del "Distanciamiento social, preventivo y obligatorio", hasta el 17 de julio inclusive, fechado el 29 de junio, sólo estará habilitado el "Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias". El listado de las actividades y servicios que se declaran esenciales, y las personas afectadas a ellos durante el plazo de vigencia de la medida, no contempla bajo ninguno de los rubros la posibilidad de gestionar el permiso único de circulación para estos trabajos.
No obstante, desde el área de Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Urbano respondieron que está vigente la Decisión Administrativa 763/2020 del 11 de mayo pasado, que amplió y dispuso nuevas excepciones al confinamiento preventivo, entre ellas las del personal dedicado a excavaciones y demoliciones, que autorizó la Jefatura de Gabinete nacional a petición del Gobierno porteño, según consignó Página12. Sin embargo, voceros de la jefatura de Gabinete nacional confirmaron al mismo medio que de acuerdo al último decreto, el personal abocado a demoliciones y excavaciones privadas sólo está autorizado para casos de emergencias y no puede utilizar el transporte público. Solamente el personal afectado a la obra pública es considerado esencial. La denuncia por la ejecución de la obra también vuelve a la dejar a la vista la necesidad del gobierno porteño de avanzar con proyectos inmobiliarios, como sucede con el predio aledaño al club Ferrocarril Oeste, que era el dueño original de una parte de los terrenos que, cuando el club quebró hace 20 años, pasaron a manos del Estado nacional y luego fueron vendidos al grupo IRSA. Venta muy cuestionada porque, según detalló Martínez, vendió el predio sin una ley del Congreso como establece el artículo 75 de la Constitución Nacional. "Fue una estafa", sintetizó la arquitecta, quien además de vecina del barrio desde hace 58 años, asesoró gratuitamente, como especialista a organizaciones como Basta de Demoler, SOS Caballito y al Grupo de Litigio Estratégico, la Onabe (Organismo Nacional de Bienes del Estado, actual Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)). De todas formas, aún no está claro cuáles son los proyectos aprobados para el lote, al día de hoy, la página web del estudio de Dujovne (padre del ex ministro de Economía Nicolás Dujovne)-Hirsch continúa promocionando cuatro desarrollos presentados en 2018 de vivienda multifamiliar, cocheras, locales, galería comercial y cocheras comerciales en lo que ahora serían terrenos linderos: en Avellaneda 1340, 24.200 metros cuadrados de superficie; en Avellaneda 1344/60, 57.200 metros cuadrados; en Avellaneda 1410/1500, 57.000 metros cuadrados y en Avellaneda 1508 y Olegario Andrade, 30.000 metros cuadrados. Para Martínez "por la envergadura de estos proyecto, que impermeabilizan grandes áreas y contemplan apertura de calles, tienen que tener aprobación de la Legislatura, lo que no ocurrió”. La especialista advirtió que “todo esto será un shopping disfrazado. Dentro de los usos que declaran, están haciendo más de 16 mil metros cuadrados de uso comercial, si eso no es un shopping no se qué es". |
