El protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo a nivel nacional fue emitido en diciembre pasado por la cartera sanitaria a poco de asumir el ministro Ginés González García, como eje de "una política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva". La normativa nacional está orientada "a garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan", según consta en el texto publicado en diciembre. Dicho protocolo se basa en las causales previstas por el Código Penal de la Nación, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante. La Ciudad de Buenos Aires tiene actualmente un protocolo de aborto no punible, pero no está en vigencia porque diversas organizaciones presentaron un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo. |