LEGISLATURA PORTEñA
16/07
Cómo justificaron el voto negativo legisladores que votaron en contra de la adhesión ILE
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, actualización contenida en la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud nacional”, dice el artículo único de una ley aprobada por los diputados locales.

El tema fue propuesto por la legisladora Patricia Vischi (UCR) para tratar sobre tablas y alterando el orden del día, ambas cosas aprobadas por dos tercios de los legisladores presentes. Tras lo cual se inició un extenso debate con posturas diversas.

Vischi, que preside la comisión legislativa de Salud, argumentó que su proyecto en consideración tenía “apoyo transversal de todas las fuerzas políticas”, dijo tener el “respaldo institucional de mi partido” y que se trata de “una política de Estado para beneficio de la población”.

Sin embargo, no todos los legisladores estuvieron de acuerdo con la iniciativa algunos con angustia, otros con con discursos soberbios hicieron uso de la palabra para manifestar su descontento con la adhesión al protocolo ILE. 

El primero en hablar fue el macrista Guillermo González Heredia que se definió como "el primer orador (de la sesión) del grupo llamado celeste" y señaló que la Ciudad ya tiene su protocolo sancionado en 2012, que se aplica en los efectores de salud que dependen del Gobierno. Cuestionó que se impida a sanatorios privados hacer objeciones de conciencia". 

Además explicó que “lo que estamos por sancionar es la adhesión a un protocolo para el aborto legal de un embarazo, algo que ya está contemplado en el Código Penal y tiene dos causales: la violación y la salud” "¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto?" se preguntó y respondió "Yo creo que no, creo que es un desamparo", sostuvo.
 


 
Claudio Cingolani de la Coalición Cívica e integrante de Vamos Juntos también consideró una error jurídico sancionar una ley para adherir a una resolución ministerial que, entre otros detalles, establece que el protocolo no puede ser judiciable, “atribuyéndose potestades que solo tiene la Corte Suprema de Justicia”.
 



Carolina Estebarena quien manifestó estar nerviosa y triste, consideró que "se le tiene que dar a las mujeres la opción de no abortar y para eso hay que dar educación y contención", y pidió al Estado "considerar esa tarea y no dejarla solo en manos de las ONG".

Además en su cuenta de Twitter agregó que se trata "de una ley extremadamente injusta. Explicando mi voto negativo puse voz a los que no la pudieron traer al debate legislativo, las personas por naces y todos los que defienden las dos vidas".

En el mismo sentido, otra legisladora de Vamos Juntos Paola Michielotto que se identifica con el movimiento autodenominado como "pro vida", también hizo referencia a que esta “no es la medida jurídica adecuada, no podemos perder de vista que las leyes son de manera general y permanente, mientras que los protocolos son netamente operativos; no puede entonces un cuerpo colegiado  ajeno, regular cuestiones de procedimiento”.

“Los protocolos se modifican y está bien que eso ocurra pero ¿Qué ocurrirá con este protocolo cuando eso ocurra? Dejará de tener valides”, indicó y advirtió que “este protocolo es tan amplio que excede la ley general, este protocolo introduce solapadamente el aborto libre en la Ciudad de Buenos Aires”.

 

El legislador de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero, pidió “perdón” a todos los porteños por la sanción de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)  norma incorporada por el sistema de tablas, sin “tratamiento previo con profundidad”, agregó el legislador.

Romero señaló al respecto que “la sociedad y la historia han demostrado las consecuencias de tratar de imponer la ideología única o totalitaria. No se puede tener doble discurso en este sentido: la diversidad se dice y se ejerce”. “Tampoco fue consultada la ciudadanía y pareciera que lo importante es que exista la menor participación posible de los interesados y de quienes piensan diferentes”, acotó.

Por esa y otras razones consideró que la aprobación del proyecto “puede ser legal, pero no es legítima”, y agregó que para colmo “es una asunto de carácter federal que se debatió extensamente en 2018. es nacional, no se explica ni tiene lógica que lo tratemos aquí”.

El diputado porteño sostuvo que el proyecto tiene demasiadas fallas: el protocolo de Ginés González García habilita a abortar hasta la semana 28, es decir casi hasta el sexto mes; no contempla la objeción de conciencia institucional; no se reconocen la responsabilidad y ni la representación de los padres o tutores de las adolescentes; se manipula la información sobre las jóvenes que solicitan la interrupción;  la denominada “canasta de insumos” contiene la entrega de Misoprostol para solucionar el problema retornando a la casa y esperar, mediante hemorragias inducidas el final del procedimiento; la protección de la mujer en una situación crítica queda en manos de Dios.

Por último recordó que la Ciudad “cumple con el Fallo Fal, con el artículo 86 del Código Penal, con todas las normas vigentes; se realizan en la ciudad 8.369 interrupciones por año, es decir una por hora; no hay nadie detenido por hacer un aborto ni procesado por pedirlo. Por estas razones no hacía falta tratar este tema”.

En tanto, la legisladora Marilú González Estevarena señaló: "Sostengo que el protocolo existente atenta contra el derecho constitucional a la objeción de conciencia, vulnera el derecho a la información y por lo tanto la libertad para decidir de las mujeres embarazadas".