Como contó Revista Qué, el gobierno porteño sesionó sin la participación de los vecinos temas referidos a la urbanización del barrio, como el tipo de escrituras, la formalización de servicios públicos y la operatoria de canje voluntario de sus viviendas. “Están jugando con el tema de la pandemia para que los vecinos no puedan participar de las reuniones; las discuten y aprueban ellos solos”, denuncian desde la Mesa de Urbanización Participativa Villa 31 -31 Bis que reclaman su participación que debería estar garantizada por ley. Los vecinos proponen que se lleve a cabo una especie de Audiencia pública con sistema similar al que se lleva a cabo en la Legislatura porteña, que habilitó las audiencias online. "Como alternativa se puede aplicar el mismo protocolo que en las audiencias públicas de la legislatura. Las mismas se hacen vía zoom (internet)". En ese marco le recordaron al gobierno porteño la falta de conectividad en el barrio. "Para ello primero la Secretaría debe garantizar acceso gratuito a internet para todos los sectores de barrio. "Así todos los/as vecinos/as que se quieran conectar el día de la sesión, pueden hacerlo desde sus casas". Es que por ley todos los vecinos tienen la posibilidad de participar de las reuniones del Consejo de Gestión, pero “ahora no se dan las condiciones para cumplir ese requisito”, explica con criterio Silvana Olivera, vecina del barrio y miembro de la Mesa de Urbanización, según consignó TA. “Usan la pandemia para aprobar artículos que no pueden tener cabida en una escritura de vivienda social. Estas escrituras son una trampa, por ejemplo es la única escritura de todas las villas de la ciudad que le permite al gobierno vender las deudas hipotecarias a privados, así se lavan las manos y dejan librado el camino a los desalojos”. Si bien las escrituras son para las viviendas nuevas, son el modelo que quedará para el total del macizo del barrio, explica la referente barrial. “Hoy vamos a denunciar públicamente que quieren avanzar a espaldas de los vecinos. Pero no sólo es esto –señala Olivera– sino que también buscan aprobar la formalización de servicios básicos, es decir, la regularización dominial”. Las viviendas nuevas a las que se pretende que se muden los vecinos, no tienen gas natural, todo funciona –o debería funcionar– a electricidad. Este reclamo de los vecinos no fue escuchado hasta el momento y los enfrentará a pagar facturas mucho más elevadas. El tendido eléctrico, sin embargo, no está terminado cuentan desde el propio barrio y no es adecuado para abastecer de electricidad a todas las viviendas. La operatoria de canje voluntario, que les da a elegir a los vecinos que viven bajo la autopista a trasladarse a las nuevas construcciones, es otro de los puntos que debe tratarse, pero la ley de 2018 no está reglamentada. La estrategia del servicio de consultoría Pese al exorbitante monto que el gobierno porteño gastó sólo en el servicio de consultoría, con dinero que le prestó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -que se encarga de financiar el Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana con la Ciudad, la Secretaría a cargo de Diego Fernández, le renovó el contrato a HYTSA Estudios y Proyectos S.A. por una suma de USD 857.599,90 por ocho meses. Además, en abril de 2017, Fernández adquirió cuotapartes en el fondo de inversión BlackRock por 1.057.883 pesos, que hoy valen 2.589.262, o sea, un 244% más. También cuenta con títulos de deuda República Argentina 6 y 7, Global Series 8, Provincia de Buenos Aires 7,por un total de 25.332.189 pesos de junio de 2019. El hombre al que las organizaciones sociales apuntan por la falta de agua que todavía sufren sectores del Barrio Carlos Mugica diversifica sus inversiones también en acciones de empresas como Apple, Mondelez, General Electric, Volkswagen, Petrobrás, Pdvsa, entre otras. Llega en ese rubro a más de 18 millones de pesos a valor de cotización de junio de 2019, siempre según su declaración jurada. El 11 de abril de 2016, los Panamá Papers hicieron público que Diego Fernández, junto con los entonces ministros de educación de Nación y de Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gabriel Sánchez Zinny, tenía una cuenta offshore de la empresa Formar Foundation en Estados Unidos. |