Busca crear una prestación económica inmediata a víctimas de trata

En el Día Internacional contra la Trata de Personas la defensora adjunta del Pueblo Bárbara Bonelli dio fuertes declaraciones sobre la realidad de un tema del que poco se habla pero que sucede a diario.  “La esclavitud no desapareció, adoptó nuevas formas. En nuestro país, por duro que sea, hay esclavitud y desaparecen personas. Lamentablemente, la trata de personas con objeto de explotación sexual, laboral u otra forma, es una triste realidad” afirmó la defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad, Bárbara Bonelli, con la idea de concientizar acerca de la problemática que acarrea la expansión de este delito en todo el mundo.

La Defensora afirmó que la Trata de personas es uno de los crímenes más aberrantes que atenta contra la dignidad humana y que es el negocio ilegal más rentable a nivel internacional después del narcotráfico.  Además, aseguró que cada año miles de mujeres, hombres y niños caen en las manos de traficantes para ser utilizados con fines de explotación sexual laboral, extracción ilícita de órganos, reducción a la servidumbre, trabajo forzoso, pornografia infantil y toda otra forma de explotación del ser humano.

Bonelli explicó que este flagelo ocurre en todas partes. Ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas y que las redes mafiosas cuentan con un inmenso poder económico y basan su desarrollo, crecimiento y funcionamiento gracias a la ineficacia de algunos organismos estatales, la falta de una legislación adecuada y una “cierta condescendencia cultural hacia este tipo de explotación”.

No obstante, la Defensora sentenció que este flagelo no afecta por igual a todos los géneros y clases sociales y desde que se sancionó la Ley 26.364 en el año 2008 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas) hasta el 31 de agosto del 2019 se rescataron 14.505 víctimas  En el mismo sentido, reveló que durante el año 2018 se rescataron 1531 personas en su mayoría mujeres y que el 56 por ciento fueron niñas, niños y adolescentes.

A su vez, Bonelli admitió que si bien es cierto que la Ley Nacional 26.364 y su modificatoria ley 26.842 prevé una asistencia económica para las personas víctimas de trata  con sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente, la misma no garantiza una asistencia económica inmediata para la víctima que le permita sostenerse de manera autónoma para no volver a ser captada en el círculo de la trata y le dé la posibilidad de cubrir su necesidad inmediata de vivienda, vestimenta, alimentación y salud, todos recursos fundamentales y esenciales que, para una persona recién rescatada o liberada de sus captores, resulta imposible afrontar.