DEMOLICION DEL BAJOAUTOPISTA
07/08/2020
Vecinos de la villa 31 denuncian: "Seguimos viviendo entre escombros, ratas, inundaciones y dengue"
Hace tiempo que vecinos de la villa 31 denuncian que el gobierno porteño avanza con la demolición del sector bajoautopista. Desde la mesa de urbanización participativa de la villa 31 y 31 vuelven a denunciar "seguimos viviendo entre escombros, ratas, inundaciones, basurales, dengue, y sin servicios básicos en plena pandemia".
Como ha contado Revista Qué en diferentes publicaciones, el gobierno porteño trata de avanzar con la "urbanización" de la villa 31 y para ello intenta desafectar la zona del bajoautopista. Sin embargo no tienen en cuenta la voz de los vecinos que no forman parte del debate como estipula la ley

A principios de julio la legisladora Ofelia Fernández, junto al legislador Santiago Roberto presentaron un recurso de amparo frente a las demoliciones no acordadas y que siguen, a pesar de la cuarentena, en la sector Bajo Autopista del barrio 31 que provocan rajaduras, filtraciones de agua, humedad e inundaciones en las casas de los vecinos.

A fines de julio la justicia porteña tomó cartas sobre el asunto, intervino y frenó la demolición de las casas del sector bajo autopista, además intimó al gobierno a que en un lapso de cinco días, indiquen las parcelas que ocupan las viviendas de las amparistas dentro del mapa geográfico actual del sector "Bajo Autopista" del Barrio 31.


Ahora, desde la mesa de urbanización participativa de la villa 31 y 31 bis vuelven a denunciar que "la Secretaría (de integración social, a cargo de Diego Fernández) avanza en nuestro barrio sin garantizar salud ni seguridad. Pedimos por distintas vías que escuchen la voz de los vecinos, inclusive con un amparo presentado hace mas de un mes. Sin embargo, seguimos viviendo entre escombros, ratas, inundaciones, basurales, dengue, y sin servicios básicos en plena pandemia".

 
La estrategia del servicio de consultoría
En plena crisis económica y con falta de agua en los barrios populares de la Ciudad, Revista Qué sacó a la luz que la Secretaría de Integración Urbana porteña a cargo de Diego Fernández, que depende del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, le extendió el contrato millonario a una empresa amiga del gobierno, en dólares, para que le brinde un servicio de consultoría sobre la villa 31 por ocho meses.

El servicio de consultoría se enmarca en la “Evaluación de Impacto del Programa de Reasentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista”, (según el anexo de la resolución N°47/SECISYU/19) que tuvo un costo inicial de casi un millón y medio de pesos ($1.481.488), sumado a casi dos millones de dólares (USD 1.199.653,03) por el lapso de 12 meses.

Pese al exorbitante monto que el gobierno porteño gastó sólo en el servicio de consultoría, con dinero que le prestó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -que se encarga de financiar el Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana con la Ciudad,  la Secretaría a cargo de Diego Fernández, le renovó el contrato a HYTSA Estudios y Proyectos S.A. por una suma de USD 857.599,90 por ocho meses.

Cabe mencionar que los negocios de HYTSA con el gobierno porteño vienen de larga data y han sumado cifras siderales, durante la gestión de Mauricio Macri, tanto en el gobierno de la Ciudad como en el nacional, mientras que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, continuó el legado de su mentor.

Según pudo averiguar este medio, el directorio de HYTSA, está a cargo de Marcela Inés Pimentel que figura como presidenta de la empresa, mientras que Víctor Javier Cantero como vicepresidente. Un dato de color es que Cantero fue parte de la dirigencia del club Independiente de Avellaneda. Ganó las elecciones a fines de 2011 con la promesa de terminar con los barra bravas, pero la crisis deportiva y económica lo acorralaron y tuvo que renunciar cuando faltaban ocho meses para la finalizar su gestión. En el medio, “el rojo” perdió la categoría por primera vez en su historia.

El encargado de urbanizar la Villa 31 posee títulos de deuda argentina y bonaerense
la única declaración jurada del funcionario del gobierno porteño desde que asumió en el cargo,en diciembre de 2015, donde se puede ver que adquirió una casa en Uruguay por casi 20 millones de pesos, una casa con amarra en el Tigre, un semirremolque, un yate, una moto BMW 1200GS y una camioneta Toyota SW4.

Además, en abril de 2017, Fernández adquirió cuotapartes en el fondo de inversión BlackRock por 1.057.883 pesos, que hoy valen 2.589.262, o sea, un 244% más. También cuenta con títulos de deuda República Argentina 6 y 7, Global Series 8, Provincia de Buenos Aires 7,por un total de 25.332.189 pesos de junio de 2019.

El hombre al que las organizaciones sociales apuntan por la falta de agua que todavía sufren sectores del Barrio Carlos Mugica diversifica sus inversiones también en acciones de empresas como Apple, Mondelez, General Electric, Volkswagen, Petrobrás, Pdvsa, entre otras. Llega en ese rubro a más de 18 millones de pesos a valor de cotización de junio de 2019, siempre según su declaración jurada.

El 11 de abril de 2016, los Panamá Papers hicieron público que Diego Fernández, junto con los entonces ministros de educación de Nación y de Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gabriel Sánchez Zinny, tenía una cuenta offshore de la empresa Formar Foundation en Estados Unidos.

Según el informe de Tiempo Argentino, quienes conocen a Fernández saben que es un sushiman, que es dueño de la cadena Dashi Sushi, pero también fue dueño de Pikkei, un restaurante de comida peruana-japonesa en Montevideo 1061. “No nos sorprendió para nada lo de la Villa 31”, respondió una de sus trabajadoras ante la mención de Diego Fernández.