El gobierno porteño se vio obligado a brindar información sobre las canastas alimentarias escolares que reciben los alumnos de escuelas públicas y sobre el trabajo que llevan a cabo las concesionaria que prestan el servicio de la alimentación, luego del amparo presentado por las legisladoras Myriam Bregman y Alejandrina Barry junto a familias, cooperadoras y docentes, por alimentación saludable y de calidad.
Los datos del ministerio de educación porteño finalmente, llegaron con dos meses de demora y con una multa diaria de $8.000 de por medio. Sin embargo, algunas cifras sobre el servicio de comedores escolares presentadas destaparon una serie de irregularidades sobre el servicio y las concesionarias.
La Justicia porteña obligó al Gobierno que comanda Rodríguez Larreta a informar sobre el costo de las canastas de alimentos, la cantidad de canastas entregadas, cuánto se les pagaba a las concesionarias por el servicio antes y durante el aislamiento, y el monto del presupuesto previsto para el servicio de los comedores y cuánto ha sido ejecutado hasta el momento.
Cuando obtuvieron los dato, legisladores porteños, denunciaron que del presupuesto ejecutado hasta agosto para comedores escolares, de $3.531.129.891 según informó el gobierno porteño, sólo $2.672.125.540 se destinó a canastas alimentarias. Es decir, habría más de 800 millones de pesos ejecutados, cuyo destino se desconoce, según un informe elaborado por la periodista Natalia Molina para Página12.
Detrás del negocio aparecen las 19 empresas de alimentos concesionarias, varias de las cuales fueron aportantes de la campaña de Juntos por el Cambio. Once de ellas, además, recortaron salarios de sus trabajadores en abril y luego pidieron el ATP al Gobierno nacional.
Los legisladores denuncian que las canastas además tienen sobreprecios y no cumplen con la calidad nutricional mínima. Desde el sindicato docente UTE agregaron que tampoco se están entregando la cantidad de canastas que declaran desde Ciudad. Desde el Gobierno de la Ciudad niegan sobreprecios y desvíos, y argumentan que las diferencias se deben a variaciones de costos y "actualización del pago a las concesionarias".
El Ministerio de Educación informó que en la décima entrega llevada a cabo en la semana del 4 al 7 de agosto, se entregaron 133.557 canastas de almuerzo, 78.001 canastas de refrigerios y 222.687 canastas de desayuno. El precio de cada canasta que se le abona a las concesionarias es, respectivamente, de $1.400, $529 y $175, por lo que solo en esta décima entrega el Gobierno porteño abonó en total por el servicio $267.212.554, distribuidos entre 19 concesionarias, según un informe elaborado por Melisa Molina para Página12. Si se consideran las 10 entregas realizadas a esa fecha, el Gobierno porteño habría destinado $2.672.125.540 al servicio de comedores escolares. Una cifra millonaria que no se condice con la pésima calidad de la comida entregada. Pero el Gobierno reconoce también que los comedores escolares (que poseen una partida presupuestaria propia) tienen un presupuesto asignado para el año 2020 de $5.031.358.533, del cual a agosto se habría ejecutado $3.531.129.891. De esta forma, el Gobierno ejecutó $3.531.129.891 de presupuesto de comedores escolares, pero destinó a las canastas alimentarias solo $2.672.125.540. Una diferencia de $859.004.351.
Un dato no menor, es que las canastas que entrega el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no cumplen con los requisitos nutricionales. “Luego de la respuesta que el Gobierno realizó casi tres meses después de recibir el amparo, nos enteramos que pagaban 1400 pesos por cada bolsón quincenal", señaló el legislador porteño y recordó que fue al supermercado de cercanía a su casa y por los mismos alimentos que trae el bolsón –incluso algunos de primeras marcas que claramente esos bolsones no tienen– pagó 653 pesos. Es decir, menos de la mitad. "De ese modo podemos saber que hay un 115 por ciento de sobreprecio”, explicó Roberto.
Sobre las empresas concesionarias, hay mucha tela para cortar por las irregularidades que se denuncian, incluso en tiempos donde no había pandemia. Esta vez, sucede que once de las firmas pidieron el ATP al gobierno Nacional para pagar salarios, aún cuando el 35 por ciento del porcentaje que reciben de la Ciudad de Buenos Aires es para ello. Y además aplicaron suspensiones y descuentos salariales en abril.
Hay un detalle de las concesionarias que es previo a la pandemia es que al menos cuatro de las 19 concesionarias fueron aportantes a la campaña de Cambiemos en 2015: Friends Food S.A., de Raúl Forastiero, que aportó entonces 14 mil dólares; Teylem, que forma parte del Grupo L al igual que Bagalá y está presidida por Víctor Luis Lusardi; Siderum, dirigida por Fabián Rodríguez y Arkino, presidida por Manuel Martin. Todas estas, a excepción de Siderum, pidieron el ATP. Las otras empresas que pidieron el ATP son Caterind SA, cuyo presidente es Oscar José Baldi; Dassault S.A., presidida por Carlos Alberto Denarie e Hispan S.A., por Guillermo Alejandro Quiroga. Díaz Vélez SRL, cuyo gerente es Leonardo Ramón Pérez; Enrique Tavolaro SRL, cuyos gerentes son Jorge Enrique y Andrea Tavolaro; Servir'c SA, cuya presidenta es Liliana Delia La Grotta; Treggio SRL, gerenciada por Walter y Vanesa Edith Ferrarotti; Bagala S.A de Víctor José Bautista Lusardi y Servicios integrales de Alimentacion SA, cuyo presidente es Miguel Lombraña.
Gracias a una investigación realizada por el medio Cohete a La Luna, se conoció que estas concesionarias obtienen ganancias millonarias mientras registran importantes deudas con el Banco Ciudad. Se trata de deudas que no son exigidas por el banco oficial de la Ciudad y que no son un límite para que el Gobierno porteño siga pagando mes a mes sumas millonarias a las concesionarias. Dentro de las principales deudoras del Banco Ciudad se encuentran al menos 10 de las 11 concesionarias beneficiadas con el “pago doble”: Alfredo Grasso (deuda de $17.000), Arkino S.A. (deuda de $22.261.000), Bagala S.A. (deuda de $16.381.000), Caterind S.A. (deuda de $14.964.000), Dassault S.A. E Hispan S.A. (deuda de $9.323.000), Diaz Velez S.R.L. (deuda de $69.000), Enrique Tavolaro S.R.L. (deuda de $4.342.000), Friends Food S.A. (deuda de $33.570.000), Servicios Integrales de Alimentación S.A. (deuda $60.025.000) y Servir´C S.A. (deuda de $3.181.000). Aportes de campaña La investigación de El Cohete a la Luna recuerda otro dato que se suma a las irregularidades sobre el servicio de comedores: los aportes de las concesionarias a la campaña electoral de Cambiemos. Les periodistas se refieren a una publicación de Andrés Lerner para el diario Tiempo Argentino, que remite a su vez una investigación de Alejandro Rebossio para el portal Chequeado. Ambos periodistas demostraron que dentro de los aportantes a la campaña de Cambiemos en 2015 figuraban Friends Food S.A., Arkino S.A. y Grupo L, grupo empresario que maneja a Bagala. Otra llamativo aportante de Cambiemos fue la “Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores”, que nuclea a varias de las concesionarias. Dentro de la Comisión Directiva de esta flamante Cámara empresarial aparecen, una vez más, varias de las “concesionarias del curro”: Enrique Tavolaro, Servicios Integrales de Alimentación S.A; Friends Food SA y Arkino S.A. |
