Argentina
Sábado, 20 abril 2024
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15 de septiembre de 2020

Santoro pide que se declare la Emergencia Inquilina en la Ciudad

El legislador Leandro Santoro presentó un proyecto para que la ciudad declare la emergencia inquilina y que el gobierno brinde créditos de hasta 60 mil pesos a tasa cero para poder afrontar las deudas provocados por la falta de pago de los alquileres.

Santoro pide que se declare la Emergencia Inquilina en la Ciudad - Revista Que

El legislador peronista Leandro Santoro busca que la Ciudad declare la emergencia inquilina en el contexto que atraviesa el mundo por la pandemia de SARS COVID 19 que ha generado graves crisis económicas y ha otorgado centralidad al rol de los Estados para su contención.

De sancionarse se aplicaría en todas las operaciones de locación de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente, cuya superficie no supere los 100 m2,territorializadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hayan sido originadas las operaciones por contratos gestionados con intermediación o sin ella.

La Autoridad de Aplicación de la ley será el Instituto de Vivienda de la Ciudad o el organismo que en el futuro lo reemplace, el organismo deberá  Implementar un sistema de mediación prejudicial para la resolución del conflicto, en el ámbito de las Sedes Comunales, según el domicilio del inmueble locado.

Además, deberá ofrecer créditos a tasa cero de hasta $60.000 (Pesos sesenta mil) con destino exclusivo de pago de la deuda generada a partir de marzo de 2020 en el contrato de locación de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente; Comunicar masivamente esta Ley y las normas vigentes en el ámbito nacional y local y garantizar el cumplimiento de la presente Ley a partir de su aprobación.

Los gastos que demande la Ley deben ser atendidos con las partidas que al efecto se destine en forma anual al Instituto de la Vivienda o al organismo que en el futuro lo reemplace o sustituya.

En los fundamentos, Santoro señala que "nos encontramos ante una emergencia sanitaria que obliga al gobierno a adoptar medidas y decisiones con el objetivo de velar por la salud pública, pero, también, para paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que afectarán el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, entre otros muchos efectos".

"Esta situación exige extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social. En efecto, el Estado debe hacerse presente para que los y las habitantes de nuestro país puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales, como el derecho a la salud, pero sin descuidar otros, como el derecho a la vivienda".
 

 

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