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Sin Oficina Anticorrupción, el oficialismo creará un Régimen de Integridad Pública en CABA
La iniciativa para crear un Régimen de Integridad Pública en la Ciudad está a un paso de ser ley. El proyecto fue cuestionado por el peronismo que no logró que se incorporen modificaciones radicales como que investigue y prevenga las irregularidades cometidas en la función pública.
En 2018, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, había dado el visto bueno para avanzar en la creación de una Oficina Anticorrupción en la Ciudad, para convertir a la Ciudad en una de las pocas jurisdicciones con ese sistema, sin embargo la idea quedó en la nada.
A la fecha hay presentadas siete iniciativas de diferentes bloques y hasta de legisladores de un mismo espacio vinculadas a la temática. Luego de varios debates de asesores, la propuesta final pasó a ser tratada en una comisión conjunta entre Asuntos Constitucionales, Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y Legislación General y tiene dictamen para ser tratada en el recinto y que se convierta en ley. Sin embargo, el peronismo hizo duras críticas al proyecto y a la actitud del oficialismo por no haber tenido en cuenta sus consideraciones. Cecilia Ferrero (VJ) defendió y explicó su proyecto, que fue tomado como base para introducirle modificaciones y aportes de otros legisladores en la búsqueda de consenso. “La ley de ética pública de 2013 ha quedado corta en relación con los estándares internacionales”, indicó la diputada. “La integridad pública significa un estándar superior a la ética y requiere precisar las responsabilidades institucionales”, afirmó luego.
Se planea crear una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”, se explicó en la reunión.
El objeto de la norma en tratamiento es “trabajar sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia judicial y manteniendo las funciones de los organismos de control ya creados y en funciones.
En ese marco, el legislador Santiago Roberto manifestó que "los diputados del PRO no tomaron ninguna de las propuestas de nuestro bloque para crear una Oficina Anticorrupción que investigue y prevenga las irregularidades cometidas en la función pública. En lugar de eso le dieron dictamen a su proyecto de Régimen de Integridad Pública que no es una oficina independiente del poder de turno ya que la persona a cargo será nombrada por el Jefe de Gobierno".
"Esta iniciativa parlamentaria se centra meramente en el armado de oficinas administrativas, que de hecho ya existen y son autoridad de aplicación de la actual ley de Ética, dejando de lado las facultades investigativas y la posibilidad de querellar. Además, es un retroceso respecto de la Ley vigente que establece que los cargos son por concursos públicos y lo que ahora proponen es que sea designado a dedo por la autoridad que debe ser controlada".
"Estamos perdiendo la posibilidad de tener una Oficina Anticorrupción autónoma y que brinde transparencia para lograr una mejor calidad institucional. Porque la bandera de la lucha contra la corrupción se proclama, pero también se tiene que hacer carne en propuestas concretas", arremetió el legislador peronista.En el mismo sentido, la legisladora María Rosa Muiños remarcó que si bien la discusión se debería dar en los bloques "porque no todos tenemos la misma concepción del ejercicio de la función pública. Que haya 7 expedientes sobre el tema no quiere decir que sean parte de la discusión, porque La discusión por fuera de los bloques no se dio, con la formalidad que requiere con los diputados no se dio. Además, resaltó que la Ciudad piensa nuevas estructuras “cuando esas estructuras ya existen”.
Además, desde el Frente de Todos remarcaron la necesidad de rever el artículo 46 de la iniciativa "porque está redactado de una manera ambigua y no se entiende el objeto del mismo".
En tanto, para la legisladora Natalia Fidel una de las legisladoras que impulsó en 2018 la creación de una Oficina Anticorrupción para la Ciudad, "no se trata de una regresión, sino que es un orgullo trabajar estos 7 dictámenes, porque llegamos a un consenso en una temática de estas características".
Además, agregó que la ley que lleva la firma de Cecilia Ferrero, es un avance en la ley de ética pública. "Desde confianza Pública, creemos que no basta con una ley que declara principios, en la Legislatura de la Ciudad tenemos la ley de acceso a la información pública y generamos la institucionalidad" recordó y agregó que "es un gran avance crear la oficina de integridad y al ser una ley tan grande tiene que dejar algo en el proceso, por eso felicito a todos en esta construcción de consensos", señaló Fidel.
A la fecha hay presentadas siete iniciativas de diferentes bloques y hasta de legisladores de un mismo espacio vinculadas a la temática. Luego de varios debates de asesores, la propuesta final pasó a ser tratada en una comisión conjunta entre Asuntos Constitucionales, Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y Legislación General y tiene dictamen para ser tratada en el recinto y que se convierta en ley. Sin embargo, el peronismo hizo duras críticas al proyecto y a la actitud del oficialismo por no haber tenido en cuenta sus consideraciones.
Cecilia Ferrero (VJ) defendió y explicó su proyecto, que fue tomado como base para introducirle modificaciones y aportes de otros legisladores en la búsqueda de consenso. “La ley de ética pública de 2013 ha quedado corta en relación con los estándares internacionales”, indicó la diputada. “La integridad pública significa un estándar superior a la ética y requiere precisar las responsabilidades institucionales”, afirmó luego.
Se planea crear una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”, se explicó en la reunión.
El objeto de la norma en tratamiento es “trabajar sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia judicial y manteniendo las funciones de los organismos de control ya creados y en funciones.
En ese marco, el legislador Santiago Roberto manifestó que "los diputados del PRO no tomaron ninguna de las propuestas de nuestro bloque para crear una Oficina Anticorrupción que investigue y prevenga las irregularidades cometidas en la función pública. En lugar de eso le dieron dictamen a su proyecto de Régimen de Integridad Pública que no es una oficina independiente del poder de turno ya que la persona a cargo será nombrada por el Jefe de Gobierno".
"Esta iniciativa parlamentaria se centra meramente en el armado de oficinas administrativas, que de hecho ya existen y son autoridad de aplicación de la actual ley de Ética, dejando de lado las facultades investigativas y la posibilidad de querellar. Además, es un retroceso respecto de la Ley vigente que establece que los cargos son por concursos públicos y lo que ahora proponen es que sea designado a dedo por la autoridad que debe ser controlada".
"Esta iniciativa parlamentaria se centra meramente en el armado de oficinas administrativas, que de hecho ya existen y son autoridad de aplicación de la actual ley de Ética, dejando de lado las facultades investigativas y la posibilidad de querellar. Además, es un retroceso respecto de la Ley vigente que establece que los cargos son por concursos públicos y lo que ahora proponen es que sea designado a dedo por la autoridad que debe ser controlada".
"Estamos perdiendo la posibilidad de tener una Oficina Anticorrupción autónoma y que brinde transparencia para lograr una mejor calidad institucional. Porque la bandera de la lucha contra la corrupción se proclama, pero también se tiene que hacer carne en propuestas concretas", arremetió el legislador peronista.
En el mismo sentido, la legisladora María Rosa Muiños remarcó que si bien la discusión se debería dar en los bloques "porque no todos tenemos la misma concepción del ejercicio de la función pública. Que haya 7 expedientes sobre el tema no quiere decir que sean parte de la discusión, porque La discusión por fuera de los bloques no se dio, con la formalidad que requiere con los diputados no se dio. Además, resaltó que la Ciudad piensa nuevas estructuras “cuando esas estructuras ya existen”.
Además, desde el Frente de Todos remarcaron la necesidad de rever el artículo 46 de la iniciativa "porque está redactado de una manera ambigua y no se entiende el objeto del mismo".
En tanto, para la legisladora Natalia Fidel una de las legisladoras que impulsó en 2018 la creación de una Oficina Anticorrupción para la Ciudad, "no se trata de una regresión, sino que es un orgullo trabajar estos 7 dictámenes, porque llegamos a un consenso en una temática de estas características".
Además, agregó que la ley que lleva la firma de Cecilia Ferrero, es un avance en la ley de ética pública. "Desde confianza Pública, creemos que no basta con una ley que declara principios, en la Legislatura de la Ciudad tenemos la ley de acceso a la información pública y generamos la institucionalidad" recordó y agregó que "es un gran avance crear la oficina de integridad y al ser una ley tan grande tiene que dejar algo en el proceso, por eso felicito a todos en esta construcción de consensos", señaló Fidel.