03/12/2020
Con fuertes críticas opositoras, se aprobó la ley para la Economía Social y Popular
La Legislatura porteña sancionó con 56 votos afirmativos y 3 abstenciones, el proyecto del Gobierno porteño para la Promoción y Fortalecimiento de la Economía Popular y Social.

La ley para la Promoción y Fortalecimiento de la Economía Popular, aproada en general por 56 legisladores porteños establece la creación de la categoría de Unidad Productiva de la Economía Social y Popular y la creación de un Registro Único para estas unidades -más allá del RIUPP, que es el registro de proveedores estatales en la ciudad-. que posibilitará a sus i

nscriptos participar de los procesos de compras públicas del Estado a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial.

Además, podrán acceder a financiamiento mediante un programa que será lanzado a través del Banco Ciudad, el cual otorga líneas de crédito que les permitirá aumentar su capacidad productiva. Y se creará un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas de la Economía Social y Popular de acceder a nuevas formas de financiamiento.

La iniciativa también plantea beneficios impositivos para facilitar la formalización laboral, generando un marco gradual y sustentable. Se propone una exención de ingresos brutos por un plazo de hasta 3 años.

La legisladora Lucía Romano, celebró el debate de un “proyecto de gran trascendencia, que representa un cambio de paradigma en las políticas públicas”. Además dijo que “el Estado reconoce a las unidades de la economía popular y social como actores fundamentales para el desarrollo económico de nuestra población, y por eso decide otorgar nuevas herramientas para su fomento y fortalecimiento”, y continuó “el concepto de “Valor Social”, por su parte, viene a señalar que es primordial establecer nuevos criterios de preferencia con perspectiva de género, diversidad, discapacidad y sustentabilidad, facilitando el acceso de las unidades de la economía popular y social al mercado formal mediante el apoyo estatal”.

Romano señaló que “invertir en actores mediante el fomento de sus unidades productivas, permitiéndoles recibir del estado presente el reconocimiento y apoyo a sus proyectos, es una apuesta a sus capacidades, a su desarrollo, al incremento de sus ingresos mensuales mediante las actividades que estos han elegido para desarrollarse. Es una oportunidad para su fortalecimiento técnico y profesional, la posibilidad de poder llegar a nuevos clientes, incorporar nuevos hombres y mujeres a sus unidades productivas o prestación de servicios”.

Si bien, desde el Frente el Todos acompañaron la iniciativa, realizaron fuertes críticas al proyecto por no incorporar modificaciones que para el bloque eran fundamentales. 

En ese marco, el legislador Santiago Roberto remarcó que si bien celebran la sanción de la ley por ser un reclamo hacia el gobierno de la Ciudad, incluso antes de la pandemia, para que tome medidas concretas para ayudar a los sectores de la economía popular que fueron muy golpeados por la pandemia. También consideró que "hay algunos aspectos de la ley que hay que mejorar como incorporar en el Comité Ejecutivo a integrantes de empresas recuperadas, cooperativas, federaciones y confederaciones de la economía social y popular".

"Esta ley es un avance importante para la economía social y popular que desde hace años viene sosteniendo a muchísimas familias que han hecho una elección por lo colectivo y por los principios solidarios y por eso es necesario y urgente que el Estado genere políticas públicas activas hacia el sector y que se los vea como un sector productivo que puede aportar mucho a la economía de la ciudad”.