Proponen despenalizar el trabajo sexual callejero en la Ciudad

La legisladora del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto a través del cual busca derogar el artículo 86 del Código Contravencional de la Ciudad que  establece sanciones económicas a “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad”. 

El texto en cuestión fue trabajado con la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar), organismo que difundió un informe que establece que “de 363 trabajadores sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, casi un 80% sufrió detención o demora por las fuerzas de seguridad. En ningún caso hubo una causa judicial posterior y la población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes”. 

Al respecto de la iniciativa, la titular de Ammar, Georgina Orellano, consideró que “lo que hace la policía es violencia institucional y es algo que no queremos nunca más en nuestras vidas ni en la cotidianeidad de quienes ejercemos el trabajo sexual”. 

En tanto Montenegro advirtió que “es necesario seguir despertando esta conciencia en cuanto a lo que significa el Código contra la violación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y estamos dispuestas a dar una fuerte pelea dentro de la Legislatura porteña”. 

El proyecto en cuestión fue presentado durante una conferencia de prensa estuvieron presentes Maru Bielli y Lucía Cámpora, diputadas de la Ciudad por el FdT; Alberto Stella, director de la oficina de Onusida para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; Vanina Escales, coordinadora de la agenda Feminista del CELS y referentes de la Federación Argentina LGBTIQ, entre otras organizaciones.

Es así que Cámpora detalló que “lo que planteamos es la derogación del artículo 86 del Código Contravencional y de la cláusula transitoria concordante que son en definitiva el fundamento que habilita el ejercicio de un poder punitivo que como sabemos es fuertemente selectivo y que se ensaña particularmente con las compañeras”; mientras que Bielli aseguró que “la pandemia ha evidenciado el recrudecimiento de la violencia institucional sobre las compañeras que están ejerciendo el trabajo sexual y estamos completamente en contra de eso”.