El Gobierno Nacional ratificó ante la Corte la necesidad de suspender las clases presenciales

Tras casi dos semanas de disputa entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires al respecto de la presencialidad de las clases, los abogados que representan a la Nación presentaron este martes ante la Corte Suprema de Justicia los argumentos que llevaron al presidente Alberto Fernández a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se dispuso la suspensión de la permanencia de las aulas hasta fin de mes. 

La presentación fue realizada a la medianoche, cuando vencía el plazo de 5 días, por miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.

De esta manera, el Gobierno Nacional argumentó que uno de los principales motivos que llevaron a Fernández a tomar esa determinación es que más del 50% de los nuevos casos de coronavirus se encuentran en el AMBA. También se detalló que el ritmo de contagio es superior al que se venía experimentando y mayor al que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico en el país.

Por otra parte, se advirtió que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia primordial el aumento de las cifras de mortalidad. “El Gobierno Federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en la protección de la vida y la salud pública”, sostiene el texto recientemente presentado. 

Asimismo, se niega que el decreto afecte “la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ni que lesione derecho alguno, así como que haya venido a subvertir el orden constitucional” y sostiene que “en forma maliciosa se ha intentado confundir a la población mencionando a las medidas adoptadas como ´la cuarentena eterna´, un término que no refleja la realidad”.

La presentación incluye, además, un informe elaborado por el Ministerio de Salud con los datos epidemiológicos y los indicadores en los cuales se basó el Gobierno Nacional para dictar la medida que cuestionó la administración porteña.