La legisladora del Frente para la Victoria María Rachid presentó un proyecto para emplear a personas en conflicto con la ley penal que haya cumplido total o parcialmente la pena, además, de aquellos q...

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La legisladora del Frente para la Victoria María Rachid presentó un proyecto para emplear a personas en conflicto con la ley penal que haya cumplido total o parcialmente la pena, además, de aquellos que se encuentren procesados, como manera de “garantizar la reinserción laboral”.

Según establece la iniciativa, los organismos públicos deben reservar un cupo mínimo del 3% de los puestos de trabajo existentes, en el que se consideren “las vacantes relativas a la planta permanente, la planta transitoria y otras formas de contratación laboral o locación de servicios”.

Por otro lado, en el ámbito privado, se promueve que las empresas o firmas que contraten a una persona liberada puedan computar “el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las remuneraciones netas que las personas empleadas perciban, como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

La iniciativa está dirigida a las personas condenadas a pena privativa de libertad que hubieran cumplido total o parcialmente su pena, las personas con pena privativa de libertad cuya ejecución se hubiera dejado en suspenso, y las condenadas a pena privativa de libertad que pudieren acceder a salidas transitorias, semilibertad, prisión discontinua, libertad condicional o libertad asistida.

Además, se tienen en cuenta las procesadas con prisión preventiva que hayan sido excarceladas y aleguen sufrir restricciones en el acceso al empleo como producto de su situación judicial; y las procesadas con prisión preventiva incorporadas al régimen de salidas transitorias o semilibertad, que aleguen sufrir restricciones en el acceso al empleo como producto de su situación judicial.

Por otro lado, en el caso de las adjudicaciones y las concesiones de organismos públicos, se prioriza la implementación de un cupo facultativo con tareas que tengan un plazo de ejecución inferior a los seis meses, y un “cupo obligatorio” del mismo porcentaje para contratar la adquisición de bienes, o contratar obras y/o servicios, con plazo de ejecución igual o superior a los seis (6) meses.

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