Días después de que la Legislatura de la Ciudad ratificara once convenios urbanísticos, el Gobierno porteño oficializó en el Boletín Oficial los mismos, por lo que se habilitó cambios a la normativa actual que rige sobre esos predios para permitir construcciones de mayor altura y, por su parte, el privado entrega una contraprestación monetaria al Estado que será reinvertida en la recuperación del micro y macro centro.
En la mayoría de estos convenios, y a cambio de ampliar la capacidad constructiva de los terrenos, el Gobierno de la Ciudad exige a las empresas que una parte de la parcela permanezca como "suelo absorbente" o, en su defecto, que tenga un "techo verde".
Los once predios contemplados en los convenios en los que se construirán torres están ubicados en Campichuelo 644, San Juan 2502, Amenábar 1501, Díaz Vélez y Virasoro, Lafinur 3126, 11 de Septiembre 1535, Corrientes 3410, Corrientes 5761, Del Libertador 5723, Arcos 3631 y Arcos 1865.
Cuando los mismos fueron debatidos en la Legislatura porteña, el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol (VJ), indicó que "los convenios urbanísticos en cuestión representan seis mil puestos de trabajo, una reactivación del sector de la construcción y la modernización del tejido urbano-económico de la Ciudad" y concluyó aseverando que “las contraprestaciones propuestas tienen como primer y único objetivo mejorar la calidad de vida de todos los porteños que la habitamos, incluso para aquellos que la visitan la Ciudad día a día o que por alguna razón transitan en ella".
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