El diputado porteño Fernando Muñoz prepara una denuncia contra el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA) al que acusa de no cumplir con los controles de la ley 2340 que fija ...

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El diputado porteño Fernando Muñoz prepara una denuncia contra el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA) al que acusa de no cumplir con los controles de la ley 2340 que fija un tope para la comisión inmobilaria en los contratos de alquileres y la percepción de un arancel ilegal.

El legislador, que presentará en los próximos días una acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo de la Ciudad, pidió, además, que se declare inconstitucional el cobro de $360 que impone desde junio de 2014 el CUCICBA para tramitar una denuncia contra una inmobiliaria.

Cabe recordar que la ley 2340, sancionada en 2007, establece, en el artículo 57, que las inmobiliarias no pueden cobrar una comisión mayor al 4,15% del valor total del contrato, un monto que no debería superar un mes de alquiler. Además, crea el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) como el organismo encargado de controlar el ejercicio de la profesión.

Sin embargo, el propio organismo evitó responder sobre porqué no controla a las inmobiliarias al respecto, y es más, dirigió su informe fuera de tiempo. “No responde la pregunta central del pedido y se compone de una serie de evasivas y justificaciones que no permiten distinguir los motivos reales por los cuales todos los inquilinos de la ciudad pagan, como mínimo, el doble de la comisión inmobiliaria que establece la Ley”, se quejó Muñoz.

En ese sentido, el diputado ibarrista indicó que en la Ciudad las inmobiliarias operan “con libertad” y denunció la existencia de un “gran mercado negro paralelo”, que viola la normativa vigente. “Cobran como mínimo dos meses de comisión y no entregan recibos, paralelamente, no existe ningún organismo público que se encargue de defender a los inquilinos y de regular el mercado”.

Por otro lado, según pudo saber el representante del Frente Progresista y Popular, el arancel por la denuncia se exige desde junio de 2014

Por otro lado, en relación al cobro tildado de “ilegal”, el organismo descartó que se trata de un “arancel” y consignó que se trata de un monto que se percibe “al sólo efecto de cubrir los gastos del proceso” destacando que dicho monto “se devuelve en caso de ser la denuncia desestimada”.

Muñoz –que pidió la creación de una Defensoría del Inquilinos y la obligación para las inmobiliarias de colocar carteles indicando que no pueden cobrar una comisión mayor a un mes de alquiler– no dejó de apuntarle a Macri. “La ilegalidad tiene al Gobierno de la Ciudad como cómplice y a más de un millón de inquilinos en un estado de absoluta indefensión”, expresó.

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