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15 de mayo de 2015
¿Y las cooperativas?

Negocio privado: 5M de dólares para residuos

Fiel a su estilo de privatización, el Gobierno de Mauricio Macri aprobó una licitación para separación de residuos por una millonaria suma en dólares, y otra en pesos. "Apruébase la licitación públ...

Negocio privado: 5M de dólares para residuos
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Fiel a su estilo de privatización, el Gobierno de Mauricio Macri aprobó una licitación para separación de residuos por una millonaria suma en dólares, y otra en pesos.

"Apruébase la licitación pública, etapa única, N° 1512/SIGA/2014 realizada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Adjudícase la contratación de la ‘provisión, instalación y puesta en marcha, llave en mano, de una línea automática completa para la recepción y preparación de materiales reciclables para su posterior comercialización y mantenimiento”, señala el Boletín Oficial de este viernes.

Las firmas adjudicadas son Ecomac Ambiental S.A.-Coinsa Construcciones S.A. –Unión Transitoria de Empresas UTE, el reglón, por un monto de dólares estadounidenses de USD 5.800.000.

interior

El reglón 2 se lo lleva la misma UTE por $28.500.000, para el “mantenimiento mensual de la línea automática completa para la recepción, separación y preparación de materiales reciclables”.

En noviembre último, el Gobierno porteño lanzó una licitación por casi 70 millones de pesos para la construcción de una nueva planta que se encargará del tratamiento completo de materiales reciclables. Por el acuerdo ofertaron cinco grandes empresas, nacionales y extranjeras, que llevarán a cabo un trabajo similar al que hoy hacen las distintas cooperativas de recicladores urbanos.

De acuerdo a una investigación realizada en el N°7 de QUÉ, varias cooperativas que agrupan a casi 4.500 trabajadores mostraron su preocupación debido a que la misma tarea ya la realizan ellos en menor escala. La diferencia radica en que las organizaciones se encargan también de la logística de recolección diferenciada de los residuos “verdes”.

De todas formas, los cooperativistas aducen que el proyecto ignora la ley 1854 de Basura Cero que marca prioridad a los recuperadores urbanos por sobre las empresas privadas. Es que, a pesar de recibir un subsidio de 2 mil pesos por mes que otorga el Estado, los trabajadores obtienen las ganancias por las ventas del material reciclado.

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